Moncloa se encomienda a Pumpido y reta al PP a que lleve ya la amnistía al Constitucional

La noticia inundaba las alertas informativas a última hora de la mañana, justo cuando el Partido Popular (PP) presentaba en un acto su EBAU común y la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña se disponía a ofrecer su rueda de prensa de todos los lunes en la sede de los socialistas. Nada salió de su boca pese a la insistencia de los informadores. «Acabo de conocer la noticia sobre la marcha, me disculparéis que no os pueda hacer una valoración al respecto», afirmó Peña, quien añadió que «no voy a opinar sobre algo que no conozco en profundidad». Todo lo contrario que en el PP, cuyos barones presentes en Salamanca recibieron la noticia en mitad de los discursos y no dudaban en señalar la decisión del Supremo como «una piedra más en la mochila de un Gobierno muy débil». Hasta Alberto Núñez Feijóo se atrevió a señalar que el Ejecutivo«solo ha tenido mayoría para aprobar una ley, que, por lo que se ve, ni siquiera saben hacerla».

En ese momento, en la sala de máquinas del PSOE se preparaba ya una respuesta de calado, que poco después el departamento de prensa de la dirección socialista hacía llegar a los medios. Una respuesta que fuentes socialistas amplían señalando con tono retador al Partido Popular: «Hasta ahora no se ha presentado ningún recurso de inconstitucionalidad. Si Feijóo [Alberto Núñez] cree que lo es [inconstitucional la Amnistía], está tardando». Moncloa se encomienda así al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde Pumpido, antiguo Fiscal General del Estado con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en la confianza que siempre han mostrado de que la Amnistía pasará el filtro del intérprete de la Carta Magna, aun después de las sucesivas enmiendas introducidas a la norma por los grupos independentistas.

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En el PP reina la tranquilidad en este sentido. La dirección nacional recibió ayer con satisfacción el fallo del Supremo, que no acelera los recursos de inconstitucionalidad que ya preparan en la sede de la calle Génova y en las comunidades autonómas en las que gobierna. Al contrario. «Nos viene muy bien. Por cosas como esta es por lo que estamos dilatando la presentación del recurso, no porque no lo vayamos a presentar. Esto refuerza nuestra idea de que era mejor esperar y dar tiempo al tiempo. Este fallo y lo que ocurra con las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) harán más sólidos nuestros recursos», explicaba ayer uno de los barones con peso dentro del partido.

De hecho, según ha podido saber ABC, la idea de las comunidades y del propio partido es presentar estos recursos tras las vacaciones de verano y la «sensación es cada vez más positiva» al respecto.

Entre los barones populares reinaba ayer la satisfacción y no solo por la cuestión de los recursos, sino por el impacto que este fallo del Supremo pueda tener en Cataluña. «Teníamos claro que era inaplicable», decía ayer sobre la ley de Amnistía una fuente cercana a la dirección del partido, que dejaba entrever cierta dificultad también para que Salvador Illa termine siendo presidente de la Generalitat. «No sé si habrá repetición electoral, pero le afecta», explicaba esta misma fuente.

Otro de los barones se mostraba expectante por la forma en la que la decisión del Supremo afectará a los socios separatistas de Pedro Sánchez, ya que algunos de sus líderes, como Oriol Junqueras (ERC), podrían no ser amnistiados y mantendrían su inhabilitación. «A ver qué dicen», señalaba con cierta curiosidad y también algo de satisfacción en el rostro. La misma que se veía en los de sus compañeros.

Ferraz, por lo demás, impugna el criterio del TS, ya que a su juicio el artículo 1.4 de la norma para el olvido legal de los delitos relacionados con el 'procès' es claro al respecto, y establece que el desvío de fondos públicos en el que incurrieron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de encausados o condenados por el mismo TS en el año 2019 no conllevó enriquecimiento o, en los términos de la propia ley, «el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial». Los socialistas, que en todo momento se cuidan de manifestar su «respeto» por las decisiones judiciales, califican en su comunicado de «sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tiene encomendada» las «consideraciones políticas» en las que a su juicio incurre la resolución de la Sala Segunda del TS.

Los socialistas, en cambio, ven en lo dictaminado por los magistrados de la Sala Segunda del Supremo algún refrendo a sus posiciones, sobre todo en la pretendida constitucionalidad de la norma, que defienden a machamartillo pese a las muchas opiniones en contra, entre ellas las del primer presidente socialista de la democracia, Felipe González, quien en la entrevista publicada este domingo en ABC insistió en que a su juicio la ley está fuera de los términos de la Carta Magna.

Para Ferraz, es una «buena noticia que no se cuestione ni la constitucionalidad general de la amnistía ni su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea». Todo ello porque, concluye el PSOE, el Supremo «no pone en duda la capacidad de las Cortes Generales de aprobar amnistías, únicamente pregunta a las partes si procede presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia; además, el Tribunal Supremo renuncia expresamente a presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».