Marchena deja la Presidencia de la Sala Segunda del Supremo tras diez años de máxima tensión política

La búsqueda constante de esa unanimidad es sólo una muestra del esfuerzo y el talante que han marcado cada una de las decisiones que ha tomado Marchena ya desde que aterrizó en la Sala Penal en 2007 como un magistrado más. Cinco años después sería elegido presidente de esta Sala Segunda por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con once votos a favor frente a los siete logrados por Cándido Conde-Pumpido. En su segundo mandato, en octubre de 2019, no encontró rival: fue apoyado por 19 vocales del Consejo una vez concluido el juicio del 'procés', donde su dirección, capacidad de diálogo y moderación resultaron fundamentales para llevar a buen puerto una vista de estas características.

En una de las épocas más convulsas y de mayor inestabilidad política que ha habido en España en democracia, el Tribunal Supremo se ha convertido en baluarte de los principios y valores democráticos que inspiraron la Constitución, en buena medida gracias al trabajo de una Sala Segunda que ha sabido mantenerse en pie pese a los ataques recibidos en el marco de una campaña de acoso nunca vista. Estos son algunos de los hitos que han marcado la presidencia de Marchena, que seguirá en la Sala, ahora como un magistrado más.

De su dignidad e integridad da fe su renuncia a la Presidencia del propio Tribunal Supremo en noviembre de 2018, cuando en pleno acuerdo de renovación de CGPJ entre Gobierno y PP, un 'whatsapp' del entonces senador Ignacio Cosidó a su grupo parlamentario desactivó el nombramiento. A través de una carta que fue muy valorada por las asociaciones judiciales, Marchena señalaba que jamás ha concebido el ejercicio de la función jurisdiccional «como un instrumento al servicio de una u otra opción política» y que su trayectoria ha estado marcada siempre por la independencia como «presupuesto de legitimidad de sus decisiones jurisdiccionales». Anticipaba públicamente su «decidida voluntad» de no ser incluido entre los candidatos para ese puesto.

Nunca ha querido Marchena que se le identifique con una opción política por mucho que se empeñen desde algunos sectores en vincularle con el Partido Popular, al que, por cierto, nunca ha dado un trato privilegiado a lo largo de estos años. Confirmó las penas en Gürtel, obligando al partido a pagar 245.000 euros como partícipe a título lucrativo; en el caso ERE, condenó a Iñaki Urdangarín en Nóos, y archivó una denuncia contra el expresidente del PP Pablo Casado con los mismos parámetros con los que hizo lo propio contra ministros socialistas o contra el entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Sólo en seis años (de 2014 a 2021) la Sala Segunda rechazó 29 querellas contra dirigentes de la formación morada por delitos como blanqueo de capitales, malversación, injurias y falsedad. Sus promotores, desde Manos Limpias hasta Vox, pasando por asociaciones y colectivos variopintos e incluso por personajes como el polémico Emilio Rodríguez Menéndez o el comisario Villarejo.

Especialmente sonado fue el choque con el Congreso con motivo de la condena al diputado de Podemos Alberto Rodríguez por desobediencia a la autoridad, juicio que el propio Marchena presidió y tras el que el diputado canario fue condenado al pago de una multa e inhabilitación. La pérdida del escaño generó una situación de tensión después de que la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se resistiese a cumplir la sentencia en sus propios términos y pidiera a la Sala Segunda una aclaración. El tribunal le respondió entonces que entre las funciones del Supremo «no está la de asesorar a otros órganos constitucionales sobre los términos de ejecución de una sentencia ya firme».

En torno a este caso también hubo un choque de trenes con el Tribunal Constitucional, aunque no el único desde la llegada de Cándido Conde-Pumpido a la Presidencia del órgano de garantías, cuya mayoría progresista está entrando en el terreno jurisdiccional y revisando sentencias del Alto Tribunal escudándose en la vulneración de derechos. En enero de este año el TC consideró desproporcionada la pena impuesta a Alberto Rodríguez y sólo un día después volvía a desautorizar al Supremo al conceder el amparo al dirigente de Bildu Arnaldo Otegi librándole de someterse a un nuevo juicio por el caso Bateragune después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenara a España porque en la primera vista había participado una magistrada cuya apariencia de imparcialidad había quedado cuestionada en un procedimiento anterior. Más recientemente vendrían los amparos del caso ERE, cuyas condenas habían sido ratificadas por la Sala Segunda al respaldar la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla y, por tanto, la instrucción de la juez Mercedes Alaya. En este caso en el Supremo no ocultan su incredulidad por que el TC haya concedido legitimidad a ayudas que fueron tramitadas sin informes económicos o a pagos por transferencias de financiación sobre los que no había control alguno, algo de lo que se hicieron eco en su momento varios votos particulares.

Como presidente de la Sala Penal Marchena ha convocado plenos muy importantes con el fin de unificar criterios, desde la penalización del 'stealthing' (quitarse el preservativo durante una relación sexual sin consentimiento de la otra persona) como agresión sexual a la polémica ley del 'sólo sí es sí', donde al analizar el caso Arandina puso en evidencia la técnica legislativa del Gobierno y consideró obligatoria la revisión de las penas en los supuestos de delitos sexuales tras la entrada en vigor de la ley por ser más beneficiosa para el reo. Las consecuencias de esta ley son conocidas por todos: la salida a la calle de cientos de agresores sexuales que vieron reducidas sus condenas. Marchena, además, ha sido ponente de resoluciones como la que avaló la lista Falciani (2017) como prueba válida para fundar una condena por delito fiscal en España o la consolidación de la jurisprudencia de la Sala sobre la responsabilidad de las personas jurídicas.

Después de cuatro meses de juicio y el paso de medio centenar de testigos por el salón de plenos del Supremo, el 14 de octubre de 2019 llegaba la histórica sentencia del 'procés', en la que el tribunal condenaba a los líderes independentistas por sedición, y no por rebelión –como pedían la Fiscalía y la acusación popular–, malversación y desobediencia. Una vez más la unanimidad fue clave para una sentencia de la que el presidente del tribunal fue, además, ponente. Marchena consensuó cada palabra de la resolución con sus seis compañeros: hasta el término «ensoñación» con el que describió el intento fracasado de declarar la independencia de Cataluña. La sentencia no contentó a determinados sectores políticos y mediáticos: a unos, porque esperaban una condena por rebelión, y a otros, porque consideraban excesivas las penas, de entre 9 y 13 años de cárcel.

Por tierra, mar y aire ha intentado el Ejecutivo de Pedro Sánchez contentar al independentismo a cambio de mantenerse en el poder. Primero se indultó a los condenados, que pudieron salir de la cárcel, y un año después, en diciembre de 2022, se reformó el Código Penal eliminando la sedición y creando un tipo de malversación atenuada con la intención de favorecer a a los cuatro dirigentes secesionistas, entre ellos Junqueras, condenados por este delito, por el que continúan inhabilitados. En la revisión de las penas motivada por esta reforma Marchena se mostró tajante en un auto muy duro en el que se negaba a aplicarles ese tipo de malversación y advertía al Gobierno de las consecuencias que implicaba para el Estado la supresión de la sedición: procesos secesionistas como el que tuvo lugar en Cataluña en el otoño de 2017 quedarán ahora impunes, dijo. Tras la negativa del Alto Tribunal a aplicar esa malversación «a la carta», el Ejecutivo dio un salto cualitativo con una amnistía que directamente ha dividido a la sociedad y que atenta entre otros principios, recuerda la Sala, contra la separación de poderes, esencia del Estado de derecho. «La norma cuestionada repugna al derecho constitucional y a la igualdad ante la ley. El sistema constitucional se sustituye por lo que gráficamente se ha denominado como una suerte de amnistía permanente revisable (...). No estamos aquí ante un debate político de mayor o menor calado: son los principios constitucionales y el sistema democrático mismo los que están aquí en cuestión», ha advertido Marchena.