El juez amplía Tsunami e investiga si un mosso les chivó información para boicotear una visita del Rey

Estos hechos fueron aflorados por la Guardia Civil durante la investigación, tal y como reveló ABC, pero hasta ahora, no formaban parte del elenco que se imputa a los promotores de Tsunami Democràtic, incluido el expresidente catalán Carles Puigdemont, como delitos de terrorismo.

En concreto, la Guardia Civil encontró una conversación de mensajería de uno de los presuntos cabecillas de Tsunami Democràtic, Josep Campmajó con un individuo agendado como «Xuxu Rondinaire» en la que este le proporciona una «exposición detallada del despliegue de seguridad estándar realizado en los desplazamientos del Monarca».

El juez resume que esos detalles abarcan «desde el uso de vías rápidas desde el aeropuerto hasta el recinto donde se celebra el acto, incluyendo la composición de la comitiva móvil con la disposición de los vehículos de Casa Real, Mossos, ambulancias etc, pasando por los reconocimientos realizados de forma permanente sobre el recorrido y la disposición de fuerza policial en cruces, puentes, intersecciones etc.».

Ese hilo de conversación se ubica entre los días 13 y 13 de julio de 2020, y para García-Castellón, «permite deducir, no solo que Tsunami mantenía su intención de actuar en el mes de julio de 2020, sino algo todavía más grave, que entre sus objetivos podría estar actuar al paso de la comitiva del Rey».

«La lectura de las actuaciones permite inferir que se hace referencia a la visita que el Rey Felipe VI realiza anualmente a la ciudad de Barcelona con motivo de la entrega de los premios 'Princesa de Girona'», concreta la resolución, que infiere de la conversación que «Tsunami podría tener en mente realizar alguna actuación en relación con la visita».

Destaca en este sentido uno de los pasajes de esa charla en la que Xuxu da cuenta de que «desde unas horas antes la Guardia R da pasadas adelante y atrás por todo el recorrido y va informando de novedades». «Explícame que queréis hacer y os diré si vale la pena o es perder el tiempo, como en el Camp Nou. Un par de horas antes, dos veces hacen el recorrido con toda la comitiva (sin la personalidad) Y la comitiva es larga», añade.

La referencia al Camp Nou parece una alusión a la acción fallida de Tsunami en diciembre de 2019 para boicotear con drones un encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona, que se quedó en un despliegue de pancartas e importantes disturbios en los alrededores.

El instructor, ante el hecho de que el individuo explica «pormenorizadamente, diferentes aspectos relativos a los preparativos de seguridad de una comitiva que, por las referencias expresas, se entiende que pudiera tratarse de una comitiva real», sospecha, como en su día la Guardia Civil, que pudiera tratarse de un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad y en concreto, de un mosso. De ahí que el auto oficie al Instituto Armado para que «investiguen sobre estas conversaciones, identifiquen a la persona de Xuxu Rodondaire e informen sobre visitas planeadas por el Monarca en estas fechas».

No es la única diligencia que acuerda el instructor, que sigue pidiendo informes y documentación para acotar hechos como la protesta en jornada de reflexión, o el corte de la AP-7 en la frontera con Francia, que también organizó Tsunami Democràtic como protesta por la condena a los líderes del procés en el Tribunal Supremo. Requiere a los Mossos para que aporten «cuanta documentación dispongan sobre lo acontecido» en la Junquera.

En cuanto a la movilización en jornada de reflexión, el juez había pedido a la Guardia Urbana de Barcelona toda la documentación que tuvieran sobre aquella protesta, pero el cuerpo policial respondió que nada había: ni actas, ni atestados ni fotos, nada más allá de unos recortes de prensa indicando que fueron cerca de 7.000 los asistentes y se organizó un concierto sobre un escenario. La Fiscalía lo justificaba entendiendo que si nada había es porque no se percibió delito alguno. Sí confirmaron que la concentración no había sido comunicada

Para García Castellón, «una de las formas más palmarias de desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas del Estado», que es lo que recoge el tipo penal del delito de terrorismo, «consiste en tratar de interferir en el proceso electoral, especialmente en los casos de Elecciones Generales, convocadas para la elección de las cámaras en las que reside la Soberanía del pueblo español, las Cortes Generales».

Y aquí, aprecia que «existen indicios que permiten inferir que hubo una intención manifiesta de afectar a un proceso tan transversal para el funcionamiento del Estado de Derecho, como son las elecciones». Aquella protesta consistió, afirma, «en algo más que una concentración» y cuestiona que la Guardia Urbana no recoja «información alguna sobre este extremo».

«Resulta sorprendente, pues, si es esta la regla general en Barcelona, es de imaginar que cualquiera puede levantar un escenario en una de las vías más importantes del núcleo urbano, con la indiferencia de aquel cuerpo policial. Pero si para este caso en concreto se hizo una excepción, todavía resulta más preocupante, pues no se ha explicado qué razón justifica en este caso concreto, que no se documente absolutamente nada sobre este hecho«, señala. Requiere a los Mossos y la Guardia Civil más información.

En paralelo, reclama al Servicio de Emergencias Médicas el informe que ya les pidió hace dos meses y que aún no han presentado detallando «todas las incidencias médicas contabilizadas en el aeropuerto de El Prat», donde, además del hecho en sí de bloquear una infraestructura crítica del Estado, el juez investiga si tuvo relación con ese asedio el 14 de octubre de 2019 la muerte por infarto de un turista francés después de caminar cuatro kilómetros para poder llegar a la terminal de la que salía su vuelo.

«Transcurridos cerca de dos meses, aun no se ha recibido respuesta de este servicio, y ello a pesar de la rapidez con que este organismo vino a informar a diversos medios de comunicación sobre extremos relativos a esta investigación justo al día siguiente de dictarse el auto«, dice en referencia al de imputaciones que señalaba delitos de terrorismo e incluía referencia al turista fallecido. El SEM dijo a la prensa que se desvinculaba de aquel suceso pero el instructor apunta que lo cierto es que sí debe aclarar »qué sucedió respecto a la asistencia« a esa persona.

Y lo hace, porque AENA acaba de informar al juzgado de que los manifestantes de El Prat rompieron el vallado en la zona de acceso de vehículos al área de movimiento denominada PR3 y «el cierre impidió el acceso de suministros, de vehículos de emergencia en caso de activarse el Plan de Emergencia y de empleados y tripulaciones», razón por la que se habilitó otro punto «para acceso controlado de vehículos que dieran servicio al aeropuerto».

También ha explicado que fue el SEM quien contactó con el Centro de coordinación de operaciones del Aeropuerto solicitando ayuda para trasladar un equipo que llegaba en un helicóptero medicalizado, y fue quien guió a la ambulancia hasta el estacionamiento donde se encontraba el helicóptero para que trasladaran al turista fuera de las instalaciones.

Además de requerir ese informe al SEM, pide más información a la propia AENA y al Centro de Coordinación de Operaciones del Aeropuerto de Barcelona para que informen de cuanto sucedió aquel día en relación con la asistencia médica de aquella persona.