Jueces y fiscales españoles piden ayuda en Bruselas ante la ofensiva del Gobierno contra el Poder Judicial

Del Barco ha denunciado los «cada vez más graves y peligrosos ataques» al Poder Judicial con la «finalidad de negar la legitimidad de nuestra función y deslegitimar el cumplimiento de las sentencias». Lo peor, ha dicho, es que esas declaraciones proceden de políticos que tienen representación en el Gobierno«. La juez, decana de los juzgados de Madrid, ha relatado cómo a partir de noviembre la situación se ha agravado y cómo los jueces han tenido que salir a hablar pese a no estar acostumbrados a una exposición pública.

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Nati Villanueva

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Así, Del Barco ha señalado como punto de inflexión el 9 de noviembre, fecha en la que se firmó el acuerdo PSOE-Junts que propició la investidura de Pedro Sánchez. «Los jueces no tendríamos nada que decir sobre ese acuerdo si no fuera porque vulnera claramente los principios del artículo 2 del Tratado de la Unión y porque se habla de comisiones de investigaciones para revisar nuestras decisiones«, lo que rompe el principio de separación de poderes »para dar lugar a responsabilidades o cambios legales oportunos«.

Recordó la juez que cuando se conoció ese acuerdo hubo una reacción inmediata de «todas las asociaciones de jueces y fiscales diciendo que no podemos asumir que un pacto diga que los jueces de mi país prevaricamos«. Añadió Del Barco que aunque el PSOE negó que esas comisiones no se iban a crear la realidad ha sido otra porque de la manos de PNV y Junts se han registrado y aceptado en el Congreso. A ello se suma que en distintas declaraciones el presidente del Gobierno »ha revestido de normalidad esas comisiones« admitiendo que la Fiscalía podía »tener en cuenta« las conclusiones de esas comisiones. «Ustedes saben que en España el fiscal está nombrado por el Gobierno», algo que año a año afean los informes europeos sobre el Estado de derecho. Esto supone, añadió, situar a los jueces que enjuiciaron el 'proces' bajo la lupa del legislativo.

Del Barco ha sostenido que en España ya ha habido una «absoluta colonización del legislativo por parte del Ejecutivo». «Los únicos que estábamos a salvo éramos los jueces», ha dicho. «Y si no se garantiza nuestra independencia nosotros no podremos garantizar los derechos y libertades de los más débiles».

En paralelo a esto, la ley de amnistía, que, como ha recordado la juez, «nuestro ordenamiento constitucional no reconoce». «En esta proposición de ley se dice abiertamente que la configuración de nuestro texto constitucional se queda pequeño y que como las leyes tienen que estar al servicio de los ciudadanos hay que cambiar esas leyes«. Sin embargo, ha recordado, si el poder legislativo quiere introducirlo tiene que hacerlo con reforma de la Constitución» porque si no sería hacerlo «por la puerta de atrás». Del Barco se ha referido también a la «trampa» que supone tramitar esta ley como proposición de ley para eludir los informes preceptivos de Consejo de Estado, Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial.

La ley, ha dicho, rezuma lawfare desde el preámbulo hasta el final. «Se deja caer que los jueces no han actuado rectamente, nos convierte en prevaricadores, en delincuentes. No podemos permitir en un Estado democrático la más mínima duda sobre los jueces (...) Esta ley supone suspender al poder judicial en nuestro país. La ley crea una clase política de ciudadanos para los que se borra del delito; el Estado se sitúa en penitente, es el que pide perdón; se hace borrón y cuenta nueva, y además sin arrepentimiento».

«Entendemos que esto es un ataque frontal al Poder Judicial, supone suprimir sus funciones, y por eso estamos aquí: para trasladarles nuestra preocupación porque permanecer en la UE exige el respeto a los valores fundamentales de la Unión».

Por su parte, desde la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus se ha remontado a la elección de Dolores Delgado para denunciar el incumplimiento de los estándares de calidad del Estado de derecho y ha recordado como recientemente el Supremo anuló el ascenso de la ministra por parte de su sucesor en el cargo, el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz.

Dexeus ha denunciado «el retroceso en la democracia» que suponen todos los avatares relatados por Del Barco. La fiscal ha defendido la legalidad y legitimidad de la sentencia del 'procés' y cómo desde entonces el Gobierno ha intentado contentar a sus socios con los indultos, la reforma del Código Penal y ahora la ley de amnistía, con la que «unos políticos deciden perdonar a otros a cambio de un precio», ha dicho. «No solo no está amparada en la Constitución sino que responde a un fin que no es el de facilitar la convivencia, sino que es a cambio del Gobierno».

Dexeus ha criticado que el pacto PSOE-Junts «asuma el relato independentista tergiversando la historia» . Y se ha referido también a las comisiones de investigación «que permiten llamar a fiscales y a jueces que persiguieron el 'procés'». « Se favorece la persecución política al Poder Judicial», ha dicho.

«La existencia de lawfare es inaceptable, jueces y fiscales tenemos un compromiso con la ley y la CE. En España de un tiempo a esta parte se ataca al Poder Judicial por sistema (...) intentando generar desconfianza en la opinión pública. Se está señalando a jueces y fiscales con nombres y apellidos«, ha alertado Dexeus. A su juicio »España incumplira el derecho de la Unión si la ley de amnistía se aplica« y en este sentido ha hecho un llamamiento para que Consejo de Europa y Comisión Europea »intervengan como se ha hecho en otros países«.

También en representación de los jueces ha intervenido Javier Martínez Marfil, de la APM, quien ha sostenido que el silencio en este caso «nos convertiría en cómplices de la deslegitimación del sistema». «Hay motivos para expresar nuestra honda preocupación», ha dicho.

El juez ha coincidido con sus colegas en que esta amnistía es inconstitucional porque no hay motivo legítimo que la justifique y además vulnera el principio de igualdad. «Les rogamos que acojan y hagan suyas nuestras preocupaciones para ayudarnos y mantener los estandares de la Union Europea».