La guerra mediática de Sánchez

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Mariano Alonso

La fallida televisión de Prisa y el canal en YouTube de Ferraz forman parte de una estrategia de futuro

La presión que está ejerciendo el Ejecutivo sobre Vivendi no es un hecho aislado ni un capricho del líder socialista. Forma parte de una estrategia premeditada para utilizar a Prisa y Telefónica como los arietes del Gobierno en la batalla por el relato que se está librando en los medios de comunicación. En unos momentos de tremenda polarización en la opinión pública y de enfrentamiento frontal entre el PSOE y el PP, Sánchez cree que sólo podrá dar réplica a sus adversarios políticos desde una posición de fuerza en la prensa y la televisión.

La pregunta de Feijóo en el Congreso hacía referencia a la entrevista, celebrada el pasado 12 de febrero en París, entre el consejero delegado de Vivendi y Óscar López, ministro de Transformación Digital, acompañado por Marc Murtra, presidente de Telefónica. Según el semanario 'Le Point', López le pidió a Vivendi que vendiera su 11% de participación en Prisa a socios afines al Gobierno. El ministro corroboró la reunión, pero negó que se hubiera tratado del asunto.

Vivendi es propiedad de la familia Bolloré, cuyo patriarca es amigo de Nicolas Sarkozy y simpatizante de Eric Zemmour. Vincent Bolloré ya quiso aumentar su participación hasta el 30% en Prisa, pero Sánchez lo vetó. Ahora le presiona para que venda y lograr una mayoría que expulse a Oughourlian del grupo Prisa, en el que Amber Capital, su fondo de inversión, posee el 29% de las acciones.

Bolloré no simpatiza con Sánchez, pero tiene poderosos motivos para vender. El primero es que Havas, propiedad del magnate francés, tiene un contrato de publicidad de 80 millones de euros con Telefónica, ahora controlada por el Gobierno. El segundo es que los negocios de Vivendi en España podrían prosperar si cede al requerimiento de Sánchez.

Nada de estos movimientos resultaría comprensible si no fuera por el deterioro de la relación de Oughourlian con el Gobierno, que durante años ha sido una luna de miel. A lo largo de los últimos meses, el inversor se ha sentido ninguneado por Sánchez, con el que ha chocado a propósito del nuevo canal de televisión en abierto que La Moncloa quiere impulsar.

José Miguel Contreras, un experiodista cercano a Zapatero y ahora hombre de confianza de Sánchez, abogó en el seno de Prisa por poner en marcha ese nuevo canal, que supondría una inversión cuantificada en un mínimo de 150 millones de euros. Oughourlian se negó en redondo y se sintió traicionado por Contreras, que ya ha dejado el grupo Prisa, al igual que Carlos Núñez, su consejero delegado, destituido de forma fulminante. El empresario de origen armenio y nacionalidad francesa considera que el proyecto carece de lógica económica, a lo que se suma que Prisa tiene una deuda de 750 millones de euros, heredada de Sogecable.

La pugna entre Oughourlian y el Gobierno está por decidir. Ambos bandos buscan aliados para forjar una mayoría de control. Aunque Vivendi puede decantar el fiel de la balanza, el millonario mexicano Carlos Slim también posee un 7% de las acciones. Sus intereses empresariales en España podrían inclinarse hacia Sánchez, que ya cuenta con el respaldo de un grupo de accionistas, ente los que figuran Global Alconaba, Adolfo Utor, Diego Prieto, Roberto Alcántara y la familia Polanco. El Banco Santander, hasta hoy neutral, mantiene un 4%. En torno a un 30% del capital, está en sintonía con los planes de La Moncloa.

Sánchez cuenta con un poderoso aliado en esta batalla: Telefónica. La SEPI estatal se ha hecho en los últimos meses con el 10% del capital del antiguo monopolio, privatizado por José María Aznar, lo que ha supuesto un desembolso de 2.400 millones de euros. Lo primero que hizo el Gobierno fue colocar a Marc Murtra, vinculado al socialismo catalán, al frente de Telefónica.

Sánchez no se ha molestado en cuidar las formas. Por el contrario, dejó claro que Murtra, expresidente de Indra, era su hombre para gestionar Telefónica. El relevo se produjo horas después de que Álvarez-Pallete fuera llamado por Manuel de la Rocha, jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, que le citó en su despacho para comunicarle su destitución. Quedaba despejada la duda de quién manda en la compañía.

Una de las primeras decisiones de Murtra ha sido colocar a Javier de Paz, consejero de Telefónica y amigo y excolaborador de Zapatero, al frente de Movistar Plus. Un movimiento inequívoco que evidencia que el Gobierno quiere controlar la plataforma de pago y, muy probablemente, utilizarla en sus futuros planes. Telefónica, un gigante que factura 40.000 millones de euros, sí tiene los recursos para invertir en una televisión en abierto.

No es la primera vez que un Gobierno impulsa una estrategia para crear un grupo mediático afín a sus intereses. Aznar lo intentó tras su llegada al poder. El 23 de diciembre de 1996, Jesús Polanco, Antonio Asensio y la TV3 catalana firmaron el llamado 'Pacto de Nochebuena', por el que acordaban explotar los derechos televisivos del fútbol en una plataforma de pago. El pacto fue interpretado por Aznar como una declaración de guerra de Polanco y del PSOE, que apoyaba la televisión del dueño de Prisa.

Cuatro años antes, Asensio, el dueño de Zeta, se había hecho con el control de Antena 3 TV con el apoyo financiero de Mario Conde. Aznar creía que Polanco y Asensio se habían aliado para desestabilizar a su Gobierno, lo que le llevó a contrarrestar esa alianza mediante un brazo armado con ingentes recursos: Telefónica. A comienzos de 1997, el Ejecutivo conservaba un importante participación y Aznar había colocado a su amigo Juan Villalonga en la presidencia.

Telefónica hizo dos movimientos estratégicos para frenar la alianza entre los editores. El primero fue comprar la participación de Asensio en Antena 3. El segundo fue crear Vía Digital para competir con Sogecable, que tenía la explotación de los derechos del fútbol.

Para debilitar a sus adversarios, el Gobierno aprobó la ley de Retransmisiones Deportivas, que impedía que un grupo monopolizara los derechos del fútbol.

Telefónica llegó a crear un holding de medios de comunicación que integraba también a Onda Cero. Pero la llegada de César Alierta a la compañía supuso un giro en esa estrategia con la venta de su paquete en Antena 3 y la salida del negocio. Aznar había ganado las elecciones del 2000 por mayoría absoluta y Prisa había dejado de ser una amenaza.

No ha faltado estos días la comparación entre lo que hizo Aznar hace 28 años y lo que está haciendo Sánchez. Existen similitudes, pero la gran diferencia es que el líder del PP utilizó a Telefónica para defenderse de la ofensiva mediática de Polanco y del PSOE y ahora Sánchez ha tomado la iniciativa para fortalecer su posición de cara a las futuras elecciones.

El presidente del Gobierno ha acuñado el término «fachosfera» en el que mete al PP, a Vox y a la prensa. No pierde la ocasión de acusar a la oposición de recurrir a bulos y mentiras para desacreditarle. Este es el sustento ideológico sobre el que justifica su abierta intromisión en los medios de comunicación. Sánchez está convencido de que su futuro político y su imagen están ligados a esa batalla del relato que libra con cientos de asesores a su servicio en La Moncloa.

La obsesión por el papel de los medios le ha llevado a Sánchez a impulsar dos medidas legislativas con un importante calado. La primera fue el decreto ley, aprobado en octubre de 2024, para modificar las mayorías en el Consejo de Administración de RTVE.

Con el apoyo de Sumar y sus socios nacionalistas, el Gobierno se aseguró la designación de 11 de los 15 consejeros del ente. El decreto que impulsó el Gobierno de Sánchez es un paso atrás en la pluralidad y la neutralidad de la institución porque acabó con el sistema de concurso de méritos que ya había quedado tocado de muerte cuando se ignoraron las calificaciones del comité profesional evaluador hace cuatro años. Los partidos, incluyendo el PP, prefirieron colocar a los suyos en el Consejo en lugar de a los más cualificados.

Todos los intentos de reformar el sistema desde la etapa de Adolfo Suárez han sido baldíos. El Gobierno de Zapatero hizo un amago al encargar un informe a expertos, que no sirvió para nada. Ningún partido ha mostrado jamás ni el más mínimo interés en despolitizar RTVE, al igual que las cadenas autonómicas.

La segunda de las iniciativas de Sánchez es la reciente aprobación del proyecto de ley de Gobernanza Democrática de Servicios Digitales, en el que, con el pretexto de trasponer dos directivas europeas, se abre la puerta al control de los contenidos informativos por parte del Gobierno.

La principal objeción, y no menor, que plantea es que otorga la potestad de vigilar los contenidos de las plataformas digitales a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Lo que equivale al control ideológico los medios de comunicación, incluyendo las ediciones electrónicas de la prensa de papel. Esto es una arbitrariedad y una medida dudosamente constitucional porque un órgano administrativo, cuyos rectores son designados por el Ejecutivo, excede de sus funciones al asumir la prerrogativa de examinar los contenidos y multar a quienes no se ajusten a las pautas que esta entidad determine.

Dicho con otras palabras, los únicos que pueden dilucidar si un medio incurre en bulos, calumnias o injurias son los tribunales. Y para esto existen el Código Penal, que castiga delitos, y el Código Civil, que sanciona vulneraciones del honor. La Administración ni puede ni debe asumir jamás este papel. Es algo básico en cualquier democracia parlamentaria.

El proyecto en tramitación habla de competencias de la CNMC en materia de «control, supervisión, inspección y sanción» sobre las plataformas digitales. Y para que no haya ninguna duda, establece multas para «los contenidos ilícitos» que van desde 30.000 euros al 6 por ciento del volumen de facturación. Esto recuerda mucho a la ley Fraga, aprobada en 1966, que suponía la abolición de la censura previa, pero concedía a la autoridad gubernativa la prerrogativa de secuestrar una publicación.

Los cambios para controlar el Consejo de RTVE y el proyecto en el que el Ejecutivo se arroga la potestad de vigilar los contenidos son parte de esta estrategia que pasa por utilizar a Telefónica y a Prisa para el combate político que resta hasta el final de la legislatura.

Sánchez ha perdido la mayoría en el Congreso, tiene problemas con Sumar, ha desistido de sacar adelante los Presupuestos de 2025 y está sometido al chantaje de sus socios independentistas. Su margen de maniobra en el terreno político está muy mermado, pero tiene las bazas para ganar la batalla en el terreno de la comunicación. Lo va a intentar. Ya tiene en sus manos Telefónica y ahora ha puesto su mira en Prisa.

Oughourlian le ha desafiado. Ha decidido resistir y busca apoyos, pero su posición es débil. Compró las acciones de Prisa a un tercio de su valor actual, por lo que su salida comportaría importantes pérdidas. Él mismo ha valorado en 300 millones el precio de su participación, una suma que nadie está dispuesto a pagar. La incógnita es saber si podrá mantener el control de un grupo cuya elevada deuda tiene que ser refinanciada y cuyos accionistas están divididos. Para Sánchez, el asunto se ha convertido en un pulso de poder que tiene que ganar. dos. Todo está en el aire.