El Gobierno invoca al Constitucional para resistirse a más cesiones y el independentismo entra en campaña

Fue Bolaños, tras ese aparte con el presidente, el encargado de trasladar dos mensajes claros en una declaración ante los medios. El primero, invocando al Tribunal Constitucional (TC), que «la ley de amnistía entró impecable y constitucional en esta cámara y así saldrá». Traducido, y tal y como confirman fuentes del Gobierno, que no se piensa ceder un ápice más a las pretensión de Junts, tras haber incluido la semana pasada las enmiendas que ampliaban a todos los delitos de terrorismo relacionados con el 'procés' la materia amnistiable. Y que no se piensa hacer porque eso, afirman las mismas fuentes sin aclarar si ha habido contactos con el TC, no pasaría el filtro de este órgano.

Y la segunda carga de profundidad del ministro, además de defender a los jueces de los embates recibidos en la tribuna por parte de sus socios, fue un ataque directo y rotundo a los de Puigdemont. «Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado y que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado 'no' de la mano del PP y Vox».

La estrategia de Sánchez de tratar de solventar en los dos primeros meses de la legislatura el espinoso trámite de la amnistía se ha revelado un fracaso. Y ahora condiciona la negociación de los presupuestos en ciernes. En Moncloa tienen un problema, que ya nadie negaba ayer.

Todo lo que suceda en el Congreso durante los próximos doce meses tendrá que analizarse bajo el prisma de las elecciones de febrero de 2025 en Cataluña. ERC y Junts se juegan, con el permiso del PSC, la Generalitat. Y son imprescindibles para aprobar cualquier ley orgánica que el PSOE no pacte con el PP en la Cámara Baja. Ayer, los partidos secesionistas escenificaron sus diferencias de cara a la galería, que todavía aboga por culminar el resultado del referéndum del 1-O de 2017, aunque por vías distintas. ERC, con el poder autonómico, por la vía del pacto; Junts prefiere la confrontación sin renunciar a la unilateralidad.

Así se entiende mejor que los de Oriol Junqueras, presidente de ERC y presente ayer en la tribuna de invitados del Congreso, votaran 'sí' a la aprobación de la ley para que iniciara su trámite en el Senado y los de Carles Puigdemont, que sigue teledirigiendo Junts desde Bélgica, optaran por el 'no' a una norma que no hace muchas semanas consideraban prácticamente de su puño y letra. El objetivo es mostrar la utilidad al movimiento secesionista controlando la actividad del Gobierno. El antecedente: los primeros decretos leyes del Ejecutivo. Poco después de la votación, Puigdemont afirmó en redes que «de contar con nuestro voto favorable habría invalidado el compromiso con una amnistía integral, completa, sin exclusiones. Un compromiso que acordamos para la investidura del presidente Pedro Sánchez».

«¿Cuál es la solución que hace más fácil volver a la lucha?», preguntó la diputada de ERC Pilar Vallugera a la bancada de Junts, tras conocer que los de Puigdemont no cederían si el PSOE no incluía sus enmiendas. Puigdemont no está dispuesto a que se amnistíe a todo el que cometió delitos por el 'procés' y él se quede fuera -debido a las vías abiertas por la Justicia en la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona- y olvidado socialmente una vez se apruebe la norma.

Con la congelación del trámite de la amnistía en el Congreso, Junts gana un mes. El foco seguirá en sus siete votos y no en los otros tantos de ERC -igual de imprescindibles-, que se dan por seguros. El único poder institucional que tiene Junts es el de decidir lo que se aprueba o no en la Cámara Baja y los ritmos en los que se hace. La amnistía, también.