García Ortiz entregó otro móvil y no el de las posibles filtraciones

La Guardia Civil no encontró nada en esos terminales, algo que el Ministerio Público justificó en que un procedimiento interno de seguridad y protección de datos obligaba a borrar mensajes de forma periódica. Ahora se sabe que el móvil que entregó a la UCO no era el mismo dispositivo desde el que se habría producido, en su caso, la filtración.

A preguntas de este periódico sobre el cambio de terminal y la versión del borrado que inicialmente se dio desde la Fiscalía, este viernes fuentes del órgano aseguraron que «no hay nada que comentar» y que «haciendo públicos datos personales del FGE se pone en riesgo su seguridad».

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El oficio de la UCO responde a la petición que le formuló el pasado 23 de diciembre el juez, cuando solicitó a esta unidad que le facilitara los números de teléfono e IMSI/IMEI asociados de las tarjetas que fueron requisadas durante el registro del pasado 30 de octubre. Hurtado trataba de averiguar precisamente si los teléfonos intervenidos fueron los utilizados por el fiscal general la noche del 13 al 14 de marzo, cuando solo una hora después de que García Ortiz lo tuviera en su poder, se produjo la filtración del correo reservado de Alberto González Amador.

En el oficio, la UCO informa al instructor de que ha identificado dos números de teléfono asociados a las tarjetas objeto de esta diligencia: una línea operada por Movistar de la que es titular García Ortiz -este número es en el que se recibieron los mensajes procedentes de la otra imputada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid Pilar Rodríguez- y otra línea operada por Vodafone a nombre de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda.

El término IMSI es la Identidad Internacional de Abonado Móvil (International Mobile Subscriber Identity en inglés), un número único de 15 dígitos que figura en la tarjeta SIM y sirve para identificar a un abonado de telefonía móvil. «El inicio de actividad de los IMSIs aparejados a estos IMEIs (el identificador de cada terminal telefónico) es de fecha 23.10.2024, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día respecto a las tarjetas precitadas», concluye la Guardia Civil.

Expertos en Derecho y Telecomunicaciones consultados por ABC explican que las conversaciones de whatsapp relativas a los días de la filtración estarían grabadas en el anterior terminal del fiscal general y no en la tarjeta que habitualmente se pasa de un teléfono a otro para conservar el número. Una vez que uno comienza la actividad en el nuevo móvil es cuando al bajarse la aplicación de mensajería tiene opción de importar o no conversaciones anteriores. «Si no lo hace se empieza de cero» y no se conserva nada del teléfono anterior, añaden. Esas fuentes creen, no obstante, que esto no es incompatible con que realmente se empleen protocolos de borrado en el seno del órgano, algo que, por otra parte, es fácil de demostrar porque se haría en virtud de una periodicidad y pautas concretas que no sólo afectarían a García Ortiz, sino a todos los miembros de la institución.

Sin conocer aún el cambio de terminal, las acusaciones personadas en la causa ya habían calificado de «gravísimo» el supuesto borrado de mensajes al que aludió la Fiscalía en un primer momento por cuanto se trataba de un «indicio incriminatorio más». Animaban a la UCO a seguir profundizando en este aspecto, entre otras cuestiones porque del análisis del móvil de Pilar Rodríguez sí se desprende ese «papel preminente» de García Ortiz en el episodio de la filtración. Así lo reflejaba el intercambio de mensajes de ambos la noche del 13 de marzo y el interés del fiscal general en conseguir los correos de la defensa de Alberto González Amador (el novio de Ayuso) y del fiscal del caso, Julián Salto.

Ese mismo 23 de diciembre la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) había pedido al magistrado Ángel Hurtado una batería de diligencias relacionadas con los dispositivos requisados. Una de ellas era precisamente averiguar si García Ortiz «ha cambiado de terminal desde el 13 de marzo a nuestros días y los IMEI afectados». Alertaba la APIF de que la UCO pudo peritar un teléfono que no fuera el usado por el investigado los días 13 y 14 de marzo, como así ha sido.

En la misma línea, el letrado de González Amador (acusación particular en el caso) pidió al juez que requiriera a la UCO para que reclamara al departamento de informática de la Fiscalía General del Estado información sobre el número de veces que el fiscal general ha cambiado de dispositivo móvil con indicación de los datos de referencia de cada terminal (IMEI y modelo), que le obligara a entregar a los agentes los dispositivos móviles que dejó de utilizar desde el pasado 7 de marzo y que informara sobre si esos dispositivos han sido formateados y en caso afirmativo, quién se encargó de hacerlo.