Todas las incógnitas que planean sobre la actuación del fiscal general
La Fiscalía admitió el borrado de mensajes pero la UCO concluye que hubo un cambiazo
García Ortiz entregó otro móvil y no el de las posibles filtraciones
García Ortiz cambió de teléfono una semana después de que el Supremo empezara a investigarle
El rastro de las actuaciones del fiscal general del Estado en el móvil que entregó a la Guardia Civil empieza a arrojar evidencias que le ponen en una situación cada vez más comprometida.
Antes incluso de que Álvaro García Ortiz haya declarado como investigado ... por supuesta revelación de secretos en el Tribunal Supremo, la Unidad Central Operativa ha concluido en dos informes sucesivos que el terminal que entregó a los investigadores contenía «cero mensajes» y que, una vez supo que el Tribunal Supremo le había abierto una causa, se hizo con un aparato distinto al que utilizó para mensajearse con la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, sobre la investigación de Hacienda abierta a Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
¿Hubo borrado o no?
El modo en que el Ministerio Público, todavía con Álvaro García Ortiz a la cabeza, está informando sobre los movimientos del fiscal general en los hechos investigados daña la credibilidad de la institución. Después del primer informe de la Guardia Civil, la Fiscalía reconoció el borrado de mensajes de su móvil y afirmó que se hizo siguiendo una supuesta instrucción interna de protección de datos de 2019 que distintos fiscales consultados negaron conocer. Ahora que se sabe que no había mensajes porque el móvil no era el mismo que el utilizado en marzo, surgen las cuestiones: ¿se borraron los mensajes o no? Y, si no hubo borrado, ¿por qué lo reconoció el Ministerio Público? Este viernes, el equipo de Comunicación designado por García Ortiz no quiso dar explicaciones al respecto.
¿Por qué lo cambió?
El 26 de diciembre Ángel Hurtado, el magistrado del Tribunal Supremo que investiga a García Ortiz, avanzó al citar como testigos en la causa a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y al fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, que pronto tomará declaración al propio fiscal general. Algunas de las preguntas inevitables serán si fue decisión suya cambiar de terminal y por qué lo hizo, más aún, cuando ya sabía que la investigación ya estaba en marcha siendo consciente, por su condición de fiscal, que las pruebas del supuesto delito de revelación de secretos por el que se le investiga estaban en el terminal.
¿Dónde está el anterior?
Y, puesto que los agentes han concluido que el móvil entregado y analizado no fue el utilizado entre el 8 y el 14 de marzo, cuando tuvieron lugar las conversaciones de las que sí quedó rastro en el móvil de Pilar Rodríguez, el fiscal general tendrá que explicar dónde está el anterior, el que sí utilizó en las fechas investigadas. En caso de tenerlo, debería entregarlo al Supremo.
Independientemente de la existencia de dicho móvil y del uso que le diera, el fiscal general también tendrá que justificar el borrado cíclico de mensajes en sus terminales al que miembros de la Fiscalía aludieron para explicar que el dispositivo que entregó a los investigadores tuviera «cero mensajes». Si efectivamente se trata de una instrucción interna que atiende, los dos terminales deberían tener borrados cíclicos de mensajes en distintas fechas.
¿Existió reseteo de tarjeta?
Una vez se conoció el resultado del primer informe de la Guardia Civil sobre el móvil del fiscal general -el que concluyó que no había ni un sólo mensaje en éste- las acusaciones populares solicitaron al juez que acordara distintas diligencias, entre ellas que comprobara si hubo un cambio de dispositivo y el analizado no fue el utilizado en aquellas fechas, como ocurrió, según la Guardia Civil.
La acusación particular, ejercida por el propio González Amador, solicitó una batería de diligencias adicionales que también deberían despejar nuevas dudas técnicas. Pidió que se obligue al fiscal general a entregar todos los dispositivos que haya utilizado García Ortiz desde el 7 de marzo. También que informe sobre si esos dispositivos fueron formateados y, en caso afirmativo, quién se encargó de hacerlo, así como la fecha en la que se hizo y el software utilizado.
El abogado del novio de Ayuso también pidió requerir a Meta, empresa propietaria de WhatsApp, una explicación sobre si ha habido borrado de conversaciones y archivos del móvil de García Ortiz y su recuperación.
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