El fiscal del Supremo cambia de criterio y se opone a investigar a Puigdemont por terrorismo en Tsunami

Desde Fiscalía General del Estado han negado este lunes que Álvaro García Ortiz haya ejercido cualquier influencia o presión sobre Redondo y aseguran que el fiscal general respeta "absolutamente la libertad de criterio" de este fiscal y "la de todos los fiscales en cualquier otra".

"El fiscal general rechaza asimismo con total rotundidad cualquier insinuación que cuestione la profesionalidad y honorabilidad de los dos fiscales que, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, han informado sobre esta causa", señala el comunicado.

El informe de Redondo que verá este martes la junta de fiscales de lo penal responde a la exposición razonada que envió al TS el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para que imputara al expresidente catalán, pues al ser eurodiputado y tener la condición de aforado, es al Supremo al que corresponde investigarle. El borrador de Redondo tendrá que ser visado por esta junta de fiscales de lo penal, que conforman una quincena miembros del Ministerio Público entre los que se encuentran los fiscales del 'procés' Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Fidel Cadena. El criterio que se defenderá ante la Sala Segunda será el que decida la mayoría.

Pese a ese primer borrador que decía lo contrario, Redondo sigue ahora la tesis del fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, que recurrió el paso dado por el juez instructor al considerar que no existían indicios suficientes para proceder contra Puigdemont y que los hechos no eran constitutivos de terrorismo. Precisamente hace unos días Carballo arremetió contra la decisión de García Castellón de remitir el caso al Supremo sin haber realizado ninguna diligencia relativa a los aforados (además de Puigdemont también lo es el diputado del Parlament Rubén Wagensberg).

En su exposición razonada, del pasado noviembre, García Castellón argumentó que existen «indicios» de la participación de Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas en la comisión de hechos «susceptibles de integrar un delito de terrorismo«.

El magistrado situó a Puigdemont en el «vértice más alto de la organización» de Tsunami Democràtic, indicando que su posición como expresident y «líder desde Bruselas del independentismo le atribuye una posición de autoridad incuestionable».

Se basó para ello en los mensajes a través del móvil entre su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay, y el empresario Jesús Rodríguez, las anotaciones de la agenda del primero o el impulso de Puigdemont a través de la red social X del lanzamiento de la plataforma de Tsunami Democràtic.

García Castellón explicó que para «el esclarecimiento de los hechos» era necesaria la práctica de diligencias de investigación que no podía llevar a cabo dada la condición de aforado tanto de Puigdemont como del diputado del Parlament de Cataluña Rubén Wagensberg, contra el que también dirigió la causa.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió esa primera decisión de dirigir las pesquisas contra Puigdemont al entender, por un lado, que no hay indicios «suficientes» contra él y, por otro, que la AN «no es competente» para investigar el caso porque los hechos no serían terrorismo sino desórdenes públicos agravados.

Este enero, el instructor rechazó el recurso de reforma presentado por la Fiscalía contra la petición al TS, alegando que las últimas diligencias practicadas hasta la fecha habían permitido «consolidar la hipótesis inicial».

La Fiscalía General del Estado, en ejercicio del derecho de rectificación recogido en la L.O. 2/1984 con relación al artículo anterior, se ha dirigido a este medio solicitando que se publique que Excmo. Sr. D. Álvaro García Ortiz nunca impartió orden o instrucción alguna al fiscal del Tribunal Supremo encargado del asunto ni tuvo constancia de la eventual existencia de un borrador de informe previo en el que se sostuviera distinto criterio al que fue trasladado al Fiscal General del Estado."