El fiscal general niega por segunda vez al Senado un informe sobre la amnistía

Según señalaron fuentes de la Fiscalía General, García Ortiz ha respondido al nuevo requerimiento que el pasado 27 de marzo le hizo el presidente del Senado. Y lo ha hecho en los mismos términos que con la solicitud inicial: el artículo 14 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal solo prevé la intervención del Consejo Fiscal para informar proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público. No está legalmente prevista, por el contrario, su labor informante o consultiva en proposiciones de ley en tramitación ante el Parlamento, por lo que no es posible atender a su solicitud.

En su primera respuesta, el fiscal general ya dijo que un informe sobre la proposición de ley de amnistía emitido por el fiscal general, quien ostenta la representación del Ministerio Fiscal en todo el territorio español, y que «elaboraría con el auxilio de sus órganos estatuariamente previstos, supondría alterar el normal funcionamiento de nuestra institución, invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía española en su toma de decisiones, pues, de entrar la norma en vigor, los y las fiscales objetiva y territorialmente competentes deberán posicionarse procesalmente en relación con su ámbito objetivo de aplicación y respecto de cualquier cuestión prejudicial o cuestión de inconstitucionalidad que pueda plantearse».

La reacción del fiscal general ya generó un profundo malestar en el seno del Consejo Fiscal, donde seis de sus vocales le instaron a tramitar este informe. En un escrito dirigido al propio García Ortiz, los fiscales le recordaban que la petición recibida desde el Senado va dirigida al Consejo Fiscal, y no a su persona, en tanto que el artículo 10 del Estatuto que regula a la carrera se refiere al Ministerio Fiscal en su conjunto cuando consigna el principio de colaboración entre los órganos constitucionales.

«A su vez - ello se corresponde con las funciones propias del Consejo Fiscal, que desbordaron su originaria conceptuación como órgano de asistencia y asesoramiento del Fiscal General del Estado tras las reformas estatutarias de 2003 y 2007, incorporadas precisamente con el propósito de fortalecer su papel y la representatividad de la Carrera Fiscal», señalaron.