Familiares de muertos en los dos bandos piden la exhumación inmediata

El desenterramiento del fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, esta semana, casi cuatro años después del traslado de los restos de Francisco Franco al cementerio de Mingorrubio (Madrid), se ha recibido por quienes llevan años esperando poder dar una sepultura digna a sus padres o abuelos como un agravio comparativo. Instan al Gobierno a que no dilate más tiempo la decisión y autorice el comienzo de los trabajos de extracción siguiendo los criterios de Patrimonio Nacional.

Mercedes Abril es de las pocas descendientes directas de fallecidos en la guerra que todavía alberga esperanzas de enterrar a su padre junto a su madre, Eusebia, quien falleció a los 101 años haciéndole prometer que seguiría luchando por conseguirlo.

Cerca de los 89, no pierde la esperanza aunque cada vez está más desilusionada. Contesta el teléfono desde su casa de Valladolid, donde se emociona recordando que con tres años dio el último abrazo a su padre, Rafael Abril Avo, ferroviario, que en septiembre de 1936 envió una carta a su mujer, entonces embarazada, desde el centro de detención de Calatayud (Zaragoza). Allí dejó las últimas palabras para la familia. Su posible fallecimiento en la ciudad aragonesa es una pista clave para intentar que se proceda a la exhumación.

En 1959, restos de fosas y enterramientos de toda España, tanto de fallecidos en el bando republicano como en el bando nacional, fueron trasladados hasta el Valle de los Caídos. Se calcula que en ese momento llegaron a Cuelgamuros cajas fúnebres con restos de más de 11.000 personas.

Patrimonio Nacional tiene documentado el lugar exacto de las capillas de la Basílica donde se depositaron por las inscripciones que se recogían en éstas. En la capilla del Santísimo, la del bando nacional, existen restos registrados correspondientes a 10.545 personas y en la del Santo Sepulcro, la del bando republicano, el registro arroja la cifra de material óseo de otras 18.301.

Un auto judicial de 2016 reconoció el derecho de los descendientes de dos asesinados también en Calatayud, los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, a extraer unos osarios de la capilla del Santo Sepulcro de la Basílica (donde se depositaron los restos de distintas fosas de republicanos) porque está documentado que hasta allí se trasladaron cuerpos de asesinados en Aragón.

Mercedes Abril visitó en 2019 Cuelgamuros y, a través de un ventanuco, divisó las cajas con inscripciones donde podrían estar los restos de su padre: «Sentí que estaba allí», relata a este diario. Mantiene la esperanza de que el Gobierno acuerde ya la extracción de las cajas del columbario, situado en el nivel tercero de la capilla, justo detrás del órgano eclesial, para comprobar si efectivamente son los de su padre y trasladarlos al cementerio del Carmen de la capital castellanoleonesa donde descansan los de su madre.

Seis años después de la citada sentencia con la que se hizo ilusiones, se muestra cansada: «¿Cómo es posible que después de ochenta y tantos años no haya humanidad de devolvernos lo que es nuestro?».

A Rosa Gil, la búsqueda de las pruebas de la historia de su abuelo, el agricultor soriano Pedro Gil Calonge, que fue llamado a las filas del bando nacional para cavar trincheras –fue zapador–, le unió más aún a su padre, Silvino Jiménez. Falleció hace tres meses pidiéndole que siguiera luchando por poder recuperar los restos del abuelo.

Caído en el frente en Tardienta (Huesca), también dejó a una mujer embarazada y un hijo de un año huérfano. Los restos del agricultor de Omeñaca (Soria) fueron traslados al Valle de los Caídos en 1961 sin permiso de sus familiares.

Ella, profesora de instituto que ahora reside en el barrio de Gràcia de Barcelona, tiene la suerte de contar con soporte documental de casi toda la vida de su abuelo. Sabe que una bala perdida le alcanzó cuando se retiró a almorzar. Así figura al menos en el acta de defunción del Hospital Militar de Zaragoza. Lo trasladaron allí desde Huesca y media hora después de que los sanitarios le vieran, falleció. Fue trasladado al cementerio de Torrero de la capital aragonesa.

Junto a su padre, también visitó con trabajadores de Patrimonio Nacional las criptas del Valle de los Caídos. Los restos de su abuelo deberían estar en la Capilla del Santísimo, donde se encuentran las de los caídos en las filas franquistas.

El traslado de miles de cadáveres del bando nacional durante el franquismo a la Basílica donde también estuvo enterrado Francisco Franco se relaciona con un «gesto» de la dictadura hacia el Vaticano, según el abogado Eduardo Ranz, que representa a ocho familias que quieren dar una sepultura «digna» a sus antepasados. Seis de fallecidos en el bando republicano y dos, como la de Rosa Gil, en el bando nacional.

La profesora catalana sólo guarda, además de la documentación histórica y alguna foto, un recuerdo de su abuelo al que tiene especial cariño: un azucarero que fue el único regalo de bodas que recibieron Silvino y su esposa. «Respeto totalmente la decisión de la familia de Primo de Rivera para exhumarle y no tengo nada que decir al respecto, pero mi abuelo entró al Valle con nombre y apellidos, figura en el registro. No entiendo por qué se ha alargado tanto su desenterramiento y el de otros restos que están documentados. La voluntad política ha ido lenta. Al margen del edificio, queremos rendir homenaje o tener con nosotros a nuestros familiares de la forma que decidamos. Es algo sagrado y universal».

Quienes reclaman la salida de los restos documentados piden también que los huesos que ahora se acumulan en distintos puntos de las capillas de la Basílica, junto con cajas de madera deshechas por las humedades, sean colocados en un lugar «digno» fuera del Valle de los Caídos.

«Si has leído 'La Ilíada', lo que estamos pidiendo es lo mismo que el rey Príamo a Aquiles cuando le reclama el cuerpo de Héctor. Mi padre era el Rey Príamo. Quería los restos de su padre para honrarle como lo deseaba», añade Rosa Gil.

Silvia Navarro, sobrina nieta de José Antonio Marco, del bando republicano y asesinado en la tapia del cementerio de Calatayud, igual que los hermanos Lapeña, considera que la exhumación de todos los restos que continúan en Cuelgamuros debería ser «política de Estado».

La también presidenta de la Asociación de los Familiares de Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos repara en el «efectismo» de la exhumación de Primo de Rivera y Francisco Franco en detrimento de los desenterramientos que considera supondrían una reparación democrática y un descanso para las familias.

Igual que el resto de familiares de víctimas consultadas, respeta la decisión de los descendientes de Primo de Rivera para sacarle del Valle de los Caídos y no entra a valorarlo. Sin embargo, recuerda que el auto judicial firme del caso Lapeña les respalda.

«El resto de familias no pudimos continuar por la misma vía porque se derogaron los preceptos a los que se había acogido la familia Lapeña para lograr este auto, pero Patrimonio Nacional nos ha venido reconociendo desde 2021 el derecho a exhumar a 120 familias más. Entendemos que todo ha ido muy lento, que esto ha sido una España de dos velocidades y a nosotros desgraciadamente nos ha tocado experimentar la vía lenta. Desde que se dijo que se iba a exhumar al dictador Franco y se hizo, pasó un año y medio y la de Primo de Rivera se ha llevado a cabo en un tiempo récord de seis meses. Parece que se hacen las cosas siempre en torno a una serie de acontecimientos, véase elecciones, que no podemos entender. Durante muchos años nuestro tema sólo se tocaba los 20 de noviembre, cuando nuestras familias lo han sufrido todos los días de su vida, sobre todo los más mayores», afirma Navarro en alusión a la fecha del aniversario del fallecimiento de Franco.

«Nadie ha sabido asumir esta cuestión con un mínimo de reparación para que estas personas mueran con los deberes cumplidos y los capítulos vitales acabados. Para quienes ya estamos en la tercera generación, también nos ayuda a procesar muchos asuntos familiares», reflexiona.