«El mensaje que reciben del Gobierno las familias es que del Valle de los Caídos sólo se exhuma a políticos»

El beneplácito no era necesario, puesto que al superar el tercer y cuarto grado de parentesco, Patrimonio Nacional era el titular de la decisión y podría haber actuado igualmente. Pero colaboraron con el Gobierno para facilitar la operación y cerrar la fecha, al contrario que los nietos de Francisco Franco. Ellos agotaron todos los recursos legales para impedir su exhumación.

«Una de las principales diferencias con el caso del dictador, -recuerda el abogado Eduardo Ranz, representante de los descendientes de muertos que piden identificar ya sus restos para enterrarles junto a sus familias- , es que Primo de Rivera fue víctima de la Guerra Civil mientras que Franco falleció de muerte natural en un hospital. No fue depuesto, detenido ni juzgado».

Con la misma condición de víctimas que Primo de Rivera, la decisión de las familias que reclaman la exhumación de sus padres, abuelos o tíos abuelos no parece ser suficiente para que el Ministerio de Presidencia, con Félix Bolaños al frente, permita su exhumación a pesar de tener una autorización judicial.

«Hay una diferencia importante de tratamiento. Las víctimas tienen una sentencia que autoriza u ordena exhumar desde 2016. A José Antonio se le ha desenterrado en seis meses. Las víctimas tienen una sentencia desde hace seis años que todavía no se ha cumplido. Desde luego que si por ellas fuera esta exhumación ya se habría producido, pero es el Gobierno el único que lo puede llevar a cabo. El mensaje certero que reciben de éste es que del Valle solamente se exhuma a políticos y no a quienes buscan recuperar su lugar legítimo en este mundo», lamenta el letrado Ranz, experto en Memoria Histórica que en 2019 asesoró a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para la exhumación de Franco.

El juez José Manuel Delgado de San Lorenzo de El Escorial dictó una resolución -ya firme al no ser recurrida- que reconoció «el derecho a la digna sepultura» de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás ante la «alta probabilidad» de que sus restos se encontraran en la Cripta del Sepulcro de Cuelgamuros.

El fundador de la CNT de Calatayud (Zaragoza) fue fusilado en agosto de 1936 en la ciudad aragonesa por las fuerzas franquistas y su hermano tres meses después en el mismo sitio. Sus cuerpos se trasladaron en 1959 al Valle de los Caídos. Un escrito de Patrimonio Nacional expone que los restos de una fosa de Calatayud con una numeración concreta se llevaron a la Cripta y se sitúan en el nivel tercero de los osarios.

Quienes, como los parientes de los hermanos Lapeña, encontraron soporte documental del traslado no consentido de los restos de sus familiares desde fosas de toda España -también de las del bando nacional- hasta el Valle de los Caídos en 1959 o en años posteriores se aferran a ese auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de San Lorenzo de El Escorial para pedir la exhumación y realizar las comprobaciones de ADN que confirmen la consanguineidad. Pero aún están esperando.

«Hemos podido ir con las víctimas a la cripta y a día de hoy, no hay ni un solo informe de carácter científico que determine que esta exhumación es inviable o imposible. De haber existido, ningún abogado habría iniciado ese procedimiento», concluye Ranz.