El 'pacto' entre el Gobierno y la familia de Primo de Rivera que ha hecho posible su rápida exhumación

Tal y como estaba previsto, José Antonio Primo de Rivera fue exhumado este lunes del Valle de Cuelgamuros, en una jornada que pretendía ser íntima y discreta y que, con todo, tuvo algunos momentos de tensión entre falangistas y miembros de la Policía. El que fue fundador de la Falange había pasado allí 64 años.

Tras su salida de Cuelgamuros, que coincidió con el mismo día en que se cumplían 120 años de su nacimiento, los restos de Primo de Rivera fueron enterrados de nuevo en el cementerio de San Isidro de Madrid, donde se dieron los incidentes puntuales cuando algunos concentrados intentaron romper el cordón policial de seguridad.

Antes de él fueron exhumados de allí los restos mortales de Francisco Franco, que fue reubicado en octubre de 2019 al cementerio de Mingorrubio, en El Prado (Madrid). En ese caso, la familia había solicitado la catedral de La Almudena como destino final pero el Gobierno rechazó su petición. Pero, ¿por qué ahora se procedido a la exhumación de Primo de Rivera antes de que se haga lo mismo con otras tantas víctimas que permanecen en el Valle?

La familia del fundador de Falange solicitó su salida en octubre, días antes de que entrase en vigor la Ley de Memoria Democrática. Lo hizo entonces para adelantarse a la nueva legislación, que fija, en su artículo 54, que ningún resto mortal puede estar en «un lugar preeminente» del histórico Valle de los Caídos (que a finales de 2021 cambió de nombre por el de Cuelgamuros tras un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos), y poder pedir ya el traslado de sus restos al mismo emplazamiento en que descansan otros de sus familiares.

La petición de la familia vino, en parte, para cumplir con los últimos deseos del propio Primo de Rivera. «Deseo ser enterrado conforme al rito de la religión Católica, Apostólica, Romana, que profeso, en tierra bendita y bajo el amparo de la Santa Cruz», señala una de las cláusulas de su testamento, tal y como explicó la familia en un comunicado. Frente a eso, la nueva Ley de Memoria Demócratica establece que el Valle pasa a ser un «cementerio civil».

Y la semana pasada, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, confirmó que el traslado de los restos se iba a celebrar el 24 de abril. «Es un paso más en la resignificación del Valle», destacó el ministro cuando anunció la fecha.

La petición de la familia, en efecto, hizo que el caso se resolviera antes que el de otras tantas víctimas de la Guerra Civil, algunas sin identificar, que están enterradas en el Valle.