Los españoles miran a la UE ante la creciente desconfianza en las instituciones

Según datos de los eurobarómetros realizados este año, el 73% de los españoles desconfía del Gobierno de España y el 90% lo hace de los partidos políticos, una cifra superior en comparación con la media europea, donde un 63% y un 75% de los ciudadanos no se fían de sus gobiernos y sus partidos políticos, respectivamente. La situación política en una España polarizada como no se había conocido en ninguna época de este periodo constitucional, no parece ser ajena a esta percepción.

España está igualmente por encima de la media europea en cuanto a la falta de confianza con los políticos a la hora de decidir no ir a votar pero también son más los españoles que optaron por ir a votar el junio pasado porque creen que la Unión Europea en general y la Eurocámara en particular juegan un papel esencial en el mantenimiento de la democracia nacional.

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La mala opinión de la política ha sido la razón para abstenerse en las elecciones europeas para el 21% de los ciudadanos comunitarios, algo que asciende al 25% si se les pregunta a los españoles. Pero llama la atención que el mantenimiento de la democracia aparezca como una preocupación en un miembro relevante de un club en el que precisamente solo pueden entrar democracias.

Tal vez por ello, la Comisión Europea ha decidido elaborar cada año un informe específico de cada país en el que analiza el respeto al Estado de derecho en cada uno de ellos. Y tampoco es casualidad que España siempre haya recibido en estos años tirones de orejas -amables pero claros- por ciertos comportamientos del Gobierno que deberían ser corregidos porque representan pasos en la dirección contraria a la que se espera.

Las cifras de las encuestas varían, pero muestran una diferencia constante respecto al grado de confianza que los españoles tienen hacia sus instituciones propias y la que les suscitan sus equivalentes comunitarios. Más de la mitad, un 51 por ciento, no cree que la Justicia esté funcionando bien en España, mientras que las instituciones europeas son apoyadas por una mayoría clara.

Con todo, durante la última legislatura ha habido episodios como las sucesivas negativas a obedecer las órdenes de detención por parte del fugado independentista Carles Puigdemont que probablemente habrían cambiado esa benevolente visión hacia el entramado institucional de la Unión Europea, como también es posible que las opiniones no fueran iguales para los agricultores directamente afectados por la aplicación de la Política Agrícola Común en plenas turbulencias de los mercados mundiales.