Dos activistas de Tsunami tenían antecedentes por terrorismo

Uno de esos activistas, de hecho, había sido detenido años atrás en una operación precisamente del Instituto Armado contra el comando Barcelona de ETA, del que se presumía era colaborador. No consta que aquello acabase en condena y la huella digital de esta persona le sitúa como minero de profesión y en la órbita de la CUP. El otro, por su parte, contaba con dos reseñas por pertenencia a banda armada, terrorismo de extrema izquierda en su caso, como integrante del Partido Comunista Internacional, datadas de 1978 y 1989. Fue de suplente en una lista local también de la CUP en las elecciones de 2017.

Son dos de los 196 activistas que fueron reseñados en aquel corte de carreteras que se prolongó entre los días 11 y 12 de noviembre de 2019, provocó la movilización de cerca de un millar de personas y dejó daños por más de medio millón de euros por los que nadie, de momento, ha respondido. Un juez de Figueras asumió la investigación por un delito de desórdenes públicos y llegó a imputar a todos cuantos había identificado la Guardia Civil y aunque hace unos meses dio carpetazo al asunto, su investigación está incorporada a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra Tsunami, que lo es por terrorismo.

De hecho, para el juez Manuel García Castellón, aquellas acciones en la frontera con Francia «supusieron un atentado nuevamente contra la libertad deambulatoria de los usuarios de la vía, y los cientos de personas que quedaron inmovilizados por la acción». «Este colapso del tráfico supuso, además de una evidente alteración de la paz pública, un peligro contra la seguridad vial, que pudiera haber afectado gravemente a la integridad física de las personas (…) con la clara intencionalidad de afectar a las importaciones y exportaciones, y, por consiguiente, la economía del Estado».

El sumario revela que los dos con reseñas por terrorismo a sus espaldas no eran los únicos con antecedentes en la concentración: eran más de una docena quienes tenían en su historial uno o varios registros, en su mayoría por atentados contra la autoridad. Consta también un expolicía que fue condenado por cohecho y un individuo que huyó de un control de alcoholemia, pero lo que más abundaba era gente sin histórico policial. Constan concejales de la CUP de diversos municipios de Gerona, hijas que conducían los coches de sus padres y padres que llevaban desde sacos de dormir hasta el infernillo. El plan era pertrecharse allí sine die, de hecho se llegaron a instalar 30 tiendas de campaña sobre el asfalto y más de 80 vehículos tuvieron que ser retirados por la grúa: los conductores los dejaron allí, cortando la vía, y se marcharon.

Fue Tsunami Democràtic a través de una aplicación y sus cuentas en redes sociales la que llamó a concentrarse en el kilómetro 00 de la AP-7 aquel 11 de noviembre. Se trata de la carretera que discurre entre Alicante y el punto fronterizo con Francia de La Junquera. La excusa, protestar contra la condena del Tribunal Supremo a los líderes del 'procés'. La estrategia, bloquear la comunicación por tierra de España con el resto de Europa para llamar allí la atención sobre sus pretensiones. El método: aislar la Península con un cierre total. La convocatoria, «precipitada», que dirían los Mossos en sus informes, se lanzó aquel mismo día. La primera comunicación que recibió el cuerpo policial sobre incidentes en la zona fronteriza llegó con una llamada a las nueve menos cuarto de aquella mañana alertando de que un grupo de manifestantes pretendía cortar la calzada en ambos sentidos. Un cuarto de hora después los agentes ya estaban allí. Notificaban que estaban levantando un escenario mientras otros manifestantes colocaban barricadas «acumulando diversos elementos fijos, utilizando tanques de seguridad metálicos propiedad de la autopista, troncos de árboles, y los bloques de hormigón de unas obras próximas».

El atestado narra cómo a lo largo de las horas siguientes la iniciativa cobró dimensión, incluso trasladaron al lugar letrinas portátiles. Algunas de aquellas personas «iban encapuchadas» y si bien no hubo enfrentamiento directo con los efectivos policiales, sí «altercados» con los transportistas que se eternizaban esperando. A las dos de la tarde la Guardia Civil calculaba que había ya 500 personas allí, y a eso de las seis, Lluis Llac daría un concierto. Fue a las cinco de la mañana del día siguiente cuando comenzó el desalojo entre fuerzas policiales francesas, Mossos y agentes del Instituto Armado. Se contaban en ese momento 1.200 asistentes. Para la hora de comer, estaba la zona despejada y 196 personas, identificadas por desórdenes.

Mientras los agentes se movían, los manifestantes se avisaban. La investigación sobre Tsunami ha evidenciado que la plataforma era utilizada también para ir alertando del avance de los «puercos», como despectivamente se referían a los agentes, y «pocilgas», sus vehículos. De hecho, aún es posible encontrar alguno de esos avisos en la red, porque pese a los esfuerzos de la Audiencia Nacional por tumbar los dominios de Tsunami y su aplicación, sigue descargable.

Detrás de la app está un individuo al que no se ha logrado identificar, con el nick «s3rrallonga» y el alias Joana Sala i Ferrer, es decir, que se hacía llamar como el mitificado bandolero catalán Joan Sala i Ferrer, al que apodaron Serrallonga y que falleció en 1634.

Pero la 'mano' que mecía lo técnico no era la única. «Detrás del desarrollo y publicación de la aplicación, así como de cada una de las acciones de protesta callejera, subyace una estructura organizada con la capacidad logística, operacional y estratégica», concluyó hace sólo unos meses la Guardia Civil.

Por encima de esta gestión técnica, la organización material. Ahí la investigación sitúa al empresario Josep Capmajó y a la responsable de movimientos sociales en ERC Marta Molina, que se hacía llamar Mandela. Tanto los días previos a la acción como sobre la marcha, intercambian información acerca del número de efectivos policiales desplegados y su posición. De ambos, los autos subrayan que sus mensajes revelan que conocían la estrategia con anterioridad, que participaban en la organización de las protestas y contribuían a ellas según iba surgiendo.

Y, en «el vértice» de todo esto que el juez califica como desórdenes públicos de índole terrorista y cuyo destino está ahora en manos del Tribunal Supremo, un nombre, el de Carles Puigdemont, con el que Capmajó mantenía relación fluida y directa.