La Guardia Civil vincula la financiación de Tsunami Democràtic con Waterloo

Según los informes policiales de la causa a la que ha tenido acceso ABC, constan transferencias desde Waterloo por valor de 28.000 euros al principal investigado por la financiación de Tsunami Democràtic, quien, a su vez, habría asumido «gastos» de Puigdemont como los «honorarios de los despachos de abogados con los que trabaja».

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Se trata de Jaume Cabaní, un catalán de 48 años e ingeniero de profesión que llegó a ejercer la función de director financiero del Consell de la República, la organización privada presidida por Puigdemont para promover el secesionismo. La Guardia Civil le considera pieza fundamental en lo relativo a la financiación de la estrategia global secesionista, con papel destacado en Tsunami.

Cabaní es titular de al menos dos cuentas bancarias radicadas en Alemania y Bélgica y tiene dos sociedades, una con sede en Tallín (Estonia), bajo sospecha en otro juzgado de desviar fondos públicos a la infantería del 'procés'. Su alias en Wire, el sistema de mensajería encriptado que utilizaban –de acuerdo a las pesquisas–, era 'Kanabo' y su nombre figura entre los imputados de la causa sobre Tsunami que sigue por terrorismo el juez Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional. «Nos remitimos íntegramente a los informes de la Guardia Civil en que se detalla su actividad», dijo el magistrado al imputarle el pasado mes de noviembre.

Y esos informes remontan la presunta participación de Cabaní a la operación Voloh que instruye el juez de Barcelona Joaquín Aguirre. Allí, la Guardia Civil centró sus pesquisas en el examen de sus cuentas bancarias con el fin de esclarecer si la estancia del 'expresident' de la Generalitat en Bruselas, a donde huyó para no ser enjuiciado por el 'procés', se financiaba con dinero público. Las pesquisas revelaron que Cabaní «a través de sus productos bancarios, estaría por un lado recibiendo dinero público a través de entidades intermedias que tienen adjudicación de subvenciones y por otro estaría soportando gastos relacionados con Puigdemont».

Hasta que los investigadores hallaron «evidencias» de su «notoria participación e incluso responsabilidad en la financiación de Tsunami Democràtic». Parte de la causa viajó a los juzgados centrales de la Audiencia Nacional y con ella sus informes. Se le sitúa en la obtención de fondos para la plataforma que impulsó las protestas desde una asociación catalanista, Associació Units per al Foment de la Cohesió i la Catalanitat (Aufcc), cuyos caudales manejaba Miquel Esquirol, un hombre de 89 años que fue uno de los fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya y al que los investigadores descartan viajando al extranjero con ese perfil. De ahí que Cabaní esté también bajo sospecha de blanqueo de capitales, por la extracción de fondos de esa entidad.

Además, el análisis de las cuentas bancarias reveló que Cabaní «percibió un total de 28.000 euros a lo largo de 2019 provenientes de la Avenue de l'Avocat 34, 1410 Waterloo», la dirección de Puigdemont, «sede del Consell de la República». Y no es el único hecho que, según la Guardia Civil, «acredita la relación económica entre ambos». «Cabaní recibe y emite numerosas transferencias en divisas, entre ellas, las destinadas a pagar los honorarios de los despachos de abogados con los que trabaja Carles Puigdemont», concluyen.

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Fue el teléfono móvil del asesor del 'expresident' de la Generalitat, el historiador Josep Lluís Alay, el que reveló que Cabaní podría ser el titular de la cuenta utilizada para «sufragar los gastos derivados de las acciones ejecutadas por Tsunami Democràtic». Así consta en un mensaje que envió a Nicola Folgia, un financiero residente en Suiza, que quería sufragar las protestas.

La forma en la que Tsunami Democràtic recauda donativos para sus acciones, a través de Stripe, también llama la atención de la Guardia Civil, «siendo esta misma plataforma la empleada para gestionar las donaciones que se realizan en la página web www.defensaexili.org en cuyo aviso legal indica que el responsable de la misma es el Consell de la República».

Con estos indicios apuntalan la participación de Cabaní. «En términos de financiación de la estrategia global secesionista, queda acreditada la relación directa del reseñado en la financiación de Tsunami, e incluso acreditada la relación de entidades como el Consell de la República y ha sido un potencial perceptor de dinero público desviado y no se puede descartar que este capital haya podido revertir en la financiación irregular de organizaciones como las reseñadas», señalan.

No es la única conexión con Waterloo que han encontrado, porque para la Guardia Civil, Cabaní «se encuentra al servicio de Puigdemont». En el plano tecnológico se han advertido «ciertas analogías entre las aplicaciones de Tsunami y del Consell de la República que darían peso a la hipótesis de la existencia de un equipo de informáticos que ofrecen sus servicios dentro de una estrategia global secesionista», apuntaba el juez García Castellón.

El nombre de Cabaní no es nuevo en este sentido: ya está reseñado en la causa que se abrió sobre el denominado «CNI catalán» que investigaba a los artífices de un plan para crear una «república digital» y constituir su propia moneda. Sería en bitcoin y ahí, como reflejaban conversaciones entre cercanos al 'expresident' –los empresarios Víctor Tarradellas y David Madí– él era la referencia porque así, decían, lo había pautado el propio Puigdemont.

El juez se fijó además en otro detalle. Un tuit del 14 de enero de 2020 sobre Tsunami donde se hacía balance de lo que denominaron «primera fase» al tiempo que avanzaban el inicio de una «segunda oleada» de acciones. «Resulta significativo que este resurgir mediático de Tsunami Democràtic, se hiciera público solo un día después de que Puigdemont y el exconsejero Antoni Comín, ambos prófugos (...) tomaran posesión de sus escaños en la Eurocámara». Para el juez, Puigdemont se situaría en el «vértice más alto de la organización de Tsunami Democràtic» y así lo reflejó en la exposición razonada que elevó al Tribunal Supremo para que se haga cargo de la causa. Entiende que su posición como expresidente y líder desde Bruselas del independentismo le confiere «una posición de autoridad incuestionable».

Entre las acciones atribuidas a Tsunami en respuesta a la condena del Supremo a los líderes del 'procés', calificadas como terrorismo, consta el bloqueo de «infraestructuras críticas del Estado» como el asedio de El Prat.