Vox cree que el Estado no podría defenderse de un asalto como el de Brasil tras el fin de la sedición

El vicepresidente de Vox Jorge Buxadé ha condenado este lunes el asalto de partidarios del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro a las sedes de los tres poderes del Estado sudamericano. En la primera rueda de prensa del año, el eurodiputado derechista ha criticado «toda la violencia ejercida contra las instituciones democráticas», pero ha aprovechado la ocasión para cuestionar al Gobierno de Pedro Sánchez. En caso de suceder lo mismo en España, Buxadé se ha preguntado con qué mecanismo se defendería la legalidad ahora que se ha suprimido el delito de sedición del Código Penal.

«Si eso se produce en España en diciembre del 2023, cuando el PSOE y sus socios de la conspiración pierdan las elecciones, ¿qué mecanismo tiene el Estado para defenderse?», ha lanzado al aire Buxadé, en su valoración sobre los hechos acontecidos este domingo en Brasil, en una réplica de la irrupción de trumpistas en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021.

Buxadé ha comparado la actitud de Vox, la condena de «toda violencia», con la de la izquierda europea y española, que según él callan cuando suceden episodios de «violencia» en países como Chile y Colombia, pero promovidos, ha subrayado, por dirigentes izquierdistas como Gabriel Boric y Gustavo Petro. «Denunciamos la doble moral», ha sentenciado el eurodiputado, quien ha remarcado que el propio Bolsonaro se ha desmarcado de los actos de sus seguidores.

Antes, en su exposición inicial, Buxadé ha desvelado el frente judicial que prepara Vox en las próximas semanas, con la reforma del Código Penal en el punto de mira. El vicepresidente de la formación de Santiago Abascal ha lamentado que, ahora que se ha renovado el Tribunal Constitucional, parezca haberse «normalizado» la situación en España, pese a las graves acusaciones vertidas desde el Gobierno y la oposición en la penúltima semana de diciembre.

Vox presentará en las próximas fechas un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que ha aprobado la derogación de la sedición y ha «abaratado» la malversación, reduciendo las penas previstas en los casos sin lucro personal. Las dos modificaciones legales eran exigencia de ERC, socio de legislatura del Gobierno de coalición. Los líderes del 'procés' ahora indultados fueron condenados por el Tribunal Supremo por esos dos tipos.

Además, Vox también presentará este mes de enero un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Memoria Democrática y uno de amparo en nombre de sus trece diputados autonómicos en el Parlamento catalán. Este último, por el sistemático rechazo de la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament a la tramitación de cuantas iniciativas plantea el grupo liderado por Ignacio Garriga.