ERC y Bildu amenazan los planes del Gobierno en las últimas leyes clave

Las dos leyes, fundamentales para el Ejecutivo y sus habituales aliados parlamentarios, tienen algo más en común. Tras meses e incluso años varadas en el Congreso, en las últimas semanas se está produciendo un deshielo que invita a la esperanza de los socios de coalición. No obstante, ERC y EH Bildu hacen saltar las alarmas. Una tónica habitual en toda negociación, donde los independentistas parten desde posiciones muy duras para intentar arrastrar al Gobierno, en minoría, hacia sus postulados.

Fuentes de los dos partidos independentistas consultadas por este diario advierten que continúan alejados de un respaldo tanto a la ley de vivienda, que emana directamente del Ejecutivo, como a la de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'ley mordaza' e impulsada por los nacionalistas del PNV. ERC y Bildu avalaron los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2023, que entraron en vigor el 1 de enero, pero ahora quieren ver atendidas sus demandas en dos materias sensibles.

Noticia Relacionada

Los históricos del PSOE y el mensaje siciliano

Juan Fernández-Miranda

La reciente expulsión de Leguina del Partido Socialista es el recado que Sánchez ha querido enviar a todos los socialistas con autoridad con el fin de evitar que discrepen y desmovilicen al votante de centro-izquierda

El aviso de los separatistas choca con el optimismo que se traslada en los últimos días tanto desde el PSOE como desde Unidas Podemos con respecto a la ley de vivienda. Esta norma fue la que permitió desatascar, en octubre del 2021, las negociaciones entre los socios de gobierno para la aprobación de los PGE del 2022. El Consejo de Ministros dio luz verde a la Ley por el Derecho a la Vivienda el 1 de febrero del año pasado, pero, a pesar de desembarcar en el Congreso al día siguiente con la solicitud de tramitarse de urgencia, desde entonces no ha habido avances. Hasta ahora.

El Gobierno ha solicitado la habilitación del mes de enero para convocar por fin la ponencia para empezar a debatir las enmiendas parciales registradas a la ley. Ahora, es la Comisión de Transportes del Congreso la que debe fijar la fecha, tras meses con la norma en un cajón. Fuentes del Ejecutivo, del PSOE y de Unidas Podemos coinciden en señalar «avances» que les permiten abrir ya la discusión de la norma al resto de partidos, pero evitan por ahora ofrecer más detalles.

Desde Unidas Podemos, eso sí, matizan que aún faltan por acordarse «algunas cuestiones» relativas al control del precio de los alquileres y las obligaciones para los denominados grandes tenedores de vivienda, que han sido desde el principio sus principales diferencias con los socialistas. En los últimos días, aparte de las conversaciones entre los dos ministerios proponentes del proyecto de ley, se han acelerado los contactos entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu, según fuentes del espacio confederal.

«Por ahora no es aprobable por nuestra parte», zanjan sin embargo fuentes consultadas de ERC, en un jarro de agua fría a las aspiraciones del Gobierno, que aún deberá negociar sus apoyos. Desde Bildu se unen a las amenazas de sus aliados republicanos y recuerdan que sin los dieciocho votos que suman ambas formaciones, el Ejecutivo no podrá aprobar su última reforma estrella pendiente.

«Prohibir los desahucios sin alternativa habitacional y la regulación de precios, que son peticiones claves para nosotros, siguen en el aire», denuncian desde la formación 'abertzale'. El pasado 2 de enero, la ministra de Transportes, la socialista Raquel Sánchez, explicó que la ley fija un sistema para compaginar la regulación de los alquileres en las llamadas zonas tensionadas —aquellas donde se disparan los precios, como las grandes ciudades— con incentivos fiscales a pequeños propietarios que bajen el valor de sus pisos.

Esta segunda es una opción predilecta para el PSOE, pero Podemos insiste, como dijo el jueves en RNE su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, en que la regulación del mercado de los alquileres debe ser «eficaz» para que el texto de la ley no quede en «papel mojado». En ese equilibrio entre el intervencionismo que denuncia la oposición y las «grietas jurídicas» que quiere pulir la rama socialista del Ejecutivo, con la presión de los socios siempre presente, se mueven ahora las negociaciones parlamentarias.

La ministra de Derechos Sociales, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, culminó el 2022 previniendo de que, para el electorado de izquierdas, no sería «razonable» terminar la legislatura sin haber derogado los aspectos a su entender más lesivos de la 'ley mordaza' y sin haber aprobado la ley de vivienda. Y este es un diagnóstico que comparten no solo PSOE, ERC y Bildu, sino PNV, Más País y Compromís. También el PDECat en el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana.

«Tres años y pico después de la investidura no entendemos por qué estas dos leyes aún no se han aprobado», sentencia contundente el diputado de Compromís, Joan Baldoví, en declaraciones a ABC. Desde el PSOE recogen el guante y fuentes del grupo parlamentario zanjan que, «seguro», ambas normas serán una realidad.

La reforma de la 'ley mordaza', aprobada en 2015 bajo mayoría absoluta del PP, fue ya registrada por el PNV en 2017, pero el adelanto electoral frustró los avances hechos. En la legislatura corta, entre las dos elecciones generales celebradas en 2019, los nacionalistas vascos volvieron a promoverla y en la presente la llevaron a la Cámara Baja en diciembre de aquel año. La iniciativa fue calificada en enero del 2020 y ya este último diciembre, casi tres años después, se convocó por fin la ponencia para empezar el debate de las enmiendas parciales.

La toma en consideración de la ley se aprobó con un amplio respaldo, con los votos de Ciudadanos incluidos y solo PP y Vox posicionándose en contra, pero después fue imposible avanzar por discrepancias importantes entre el PSOE y sus socios en el alcance de la reforma. Ya prácticamente nadie habla de una derogación completa de la ley —la oposición la llevó al Tribunal Constitucional cuando fue aprobada por entender que limitaba el derecho de manifestación—, pero los socialistas están solos, entre los partidos que abogan por modificar la norma, en la defensa del uso de las pelotas de goma como material antidisturbios.

Desde el PNV, el pasado diciembre, su diputado Mikel Legarda aseveró que existían «avances suficientes» en las conversaciones entre los grupos como para reactivar la ley y convocar la ponencia para su debate parlamentario. Desde la formación nacionalista y desde Unidas Podemos manifiestan que se habilitará el mes de enero para una segunda reunión que permita seguir negociando. El mayor obstáculo, como en vivienda, pasa por atraer a ERC y Bildu a posturas menos maximalistas.

Las fuentes de ERC consultadas avisan que la norma debe cumplir «los estándares que hay en Cataluña». Mientras en Bildu marcan posiciones y se distancian del entusiasmo mostrado en diciembre por el PNV: «Para nosotros no es aceptable una nueva ley que no prohíba el uso de las pelotas de goma y no aborde las faltas de respeto y las devoluciones en caliente. Tras más de 35 reuniones en diez meses se ha avanzado en algunos aspectos, pero los artículos más lesivos y más represivos de la 'ley mordaza' siguen intactos».

Bildu exige que se cambien los artículos 37.4 de la ley (sobre la falta de respeto a la autoridad), el 36.6 (la desobediencia a los agentes), el 23 (relativo al uso de pelotas de goma por antidisturbios) y la disposición adicional sobre las devoluciones en caliente en las fronteras. Los independentistas, de hecho, retan al Gobierno: «Nos negamos a apoyar cualquier reforma sin que se aborden los elementos más lesivos de la 'ley mordaza'».

El PDECat y Compromís, además, coinciden en la reivindicación de un viejo compromiso de sucesivos gobiernos que sigue sin materializarse: un nuevo sistema de financiación autonómica.