El Congreso se mudará al Senado en enero para los plenos extraordinarios

¿El motivo? Que el hemiciclo del Congreso estará de obras para adecuar los escaños de sus señorías y dotarlos de tabletas electrónicas que faciliten su trabajo. Así las cosas, en enero pueden vivirse sesiones decisivas, como el debate de totalidad de la ley de amnistía o la discusión del techo de gasto para los presupuestos generales del Estado del año 2024, pero con una pintoresca imagen: los diputados ocupando los asientos que normalmente utilizan los senadores, en la madrileña calle de Bailén.

Anécdota aparte, la decisión de la mayoría de la Mesa responde a los intereses del Gobierno para que se puedan debatir asuntos como el debate de totalidad de la amnistía —si es que algún grupo registra enmienda a la totalidad—, el techo de gasto o reales decretos leyes que apruebe el Ejecutivo durante el mes de enero. Los grupos parlamentarios podrán registrar enmiendas a la totalidad entre el 23 de diciembre y el 3 de enero, pero estas solo podrán ser de texto alternativo y no de devolución, al ser una proposición de ley ya tomada en consideración por el Pleno.

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Aunque no se ha fijado aún ningún pleno específico, fuentes parlamentarias, como ya publicó ABC, barajan el día 9 de enero para celebrar una sesión donde tenga lugar tanto el debate de totalidad de la amnistía como el del techo de gasto. El primero es un trámite en el que los opositores a la ley tratarán, previsiblemente sin éxito, de desmantelarla, mientras el segundo establece el punto de partida de las cuentas estatales.

La Mesa del Congreso, además, ha decidido que una vez la ley de amnistía supere el escollo de la totalidad será enviada a la Comisión de Justicia, donde ya se debatirán las enmiendas parciales registradas por los grupos, si es que finalmente se decantan por ello. Es posible que los partidos de la oposición también las formulen para tratar de desdibujar la norma, pero aquí lo importante es si el PSOE, promotor de la ley, y sus socios independentistas catalanes, ERC y Junts, llegan a algún tipo de acuerdo para modificar la redacción actual y limar algún aspecto concreto, con la intención de superar los posibles obstáculos ante el Tribunal Constitucional y ante Europa.

Se da la circunstancia de que los letrados del Congreso, en 2021, aconsejaron la inadmisión a trámite de la ley de amnistía que entonces registraron ERC, Junts, PDeCAT y la CUP por considerar que entraba «en contradicción palmaria» con la Constitución. Este año, días antes de que la Mesa calificase la norma del PSOE, se nombró a Fernando Galindo, procedente del Gobierno, nuevo letrado mayor de la Cámara Baja. Esta vez, los servicios jurídicos sí avalaron el texto de los socialistas, aunque ahora deberá ser revisado por los letrados de la Comisión de Justicia.

Galindo apartó recientemente al letrado Manuel Fernández-Fontecha, como ha venido informando este periódico, de la Comisión Constitucional, después de que este se mostrase crítico con la ley de amnistía. Sin embargo, la norma finalmente se discutirá en la Comisión de Justicia, adscrita al ministerio encabezado por Félix Bolaños, convertido en el principal defensor de la medida de gracia que, hasta antes de las elecciones generales, el Gobierno veía «claramente inconstitucional».