Los otros casos Canet: goteo de sentencias en los próximos meses

En paralelo, hay otros seis pleitos que están pendientes de que el Tribunal Supremo resuelva, ya que en estos casos la Generalitat sí decidido recurrir después de que el TSJC, además de obligar a dar más castellano según la demanda de cada familia, obligó a rectificar el 'proyecto lingüístico' de los centros aludidos, al considerar que existía una discriminación flagrante de esta última lengua. De hecho, y pese a la encendida retórica de la Generalitat y los partidos independentistas respecto a la defensa de la inmersión, el Gobierno catalán solo recurre cuando los tribunales impugnan el proyecto lingüístico del centro, no en cambio cuando se atiende la demanda particular de los padres, como ha sido el caso de la familia de Canet de Mar. En este caso, como en el resto, la responsabilidad de aplicar las sentencias recae en los directores de cada centro, y así lo reconoce el Govern, que como ayer hizo el consejero de Educación acudiendo a Canet, se limita de alguna forma a hacer un acompañamiento a los equipos directivos. Todo lo demás, retórica.

De hecho, la judicialización de la educación que se denuncia desde el Govern es la última carta que pueden jugar los padres ante la negativa, o el silencio administrativo, de los centros educativos primero y luego de la Consejería de Educación ante sus demandas.

Aunque no existe un cómputo preciso, se calcula que superan las ochenta las sentencias que en los últimos años han dado amparo a familias que reclamaban más castellano para sus hijos, según los cálculos de entidades defensoras del bilingüismo como la Asamblea por unaEscuela Bilingüe (AEB)o Impulso Ciudadano. La vía judicial es pues aquí el último recurso. El camino está abierto, y de hecho en las próximas semanas se presentarán entre cuatro y cinco nuevas demandas en la misma dirección.

La situación, sin embargo, podría cambiar de manera radical en adelante tras el histórico fallo del Tribunal Supremo del pasado 23 de noviembre, que desestimó el recurso de la Generalitat a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impuso en 2020 un mínimo de 25% de clases en castellano en todos los centros de la comunidad. Ahí radica la principal diferencia con respecto al goteo de casos de familias particulares como el de Canet y otros. Por primera vez, la Justicia impugnaba el modelo lingüístico aplicado al conjunto del sistema –tanto escuela pública como concertada–, tumbando de facto el tótem de la inmersión.

En la práctica, el catalán seguirá siendo la lengua de uso principal en la escuela, si bien el 25% de castellano mínimo implicará que, además de la asignatura de Lengua Castellana, al menos otra asignatura troncal también se imparta en español.