El Govern usa el conflicto de Canet para inflamar el secesionismo

El consejero acudió con su coche oficial y con parte de sus asesores al epicentro del conflicto en plena jornada escolar para escenificar, según dijo, su «apoyo» a la dirección de la escuela, sobre la que apunta la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y ampararle en la aplicación de la medida. Su mera presencia allí, acompañado de la alcaldesa de la localidad, Blanca Arbell Brugarola (ERC), posicionándose a favor de proteger la inmersión y el derecho del resto de familias a escolarizar a sus hijos exclusivamente en catalán, tenía una clara lectura política.

Desde que a finales de la pasada semana saltó la polémica por la inminente aplicación de la orden judicial, la Generalitat no ha desaprovechado ni un momento para dejar claro que en esta partida juega en el bando contrario al de la familia demandante, que en estos últimos días, según ha denunciado a través de la entidad que la representa –la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) –, no ha dejado de recibir presiones y amenazas en las redes sociales, razón por la cual ha pedido amparo al TSJC. Canet se ha convertido en punta de lanza de la estrategia del Govern para rearmar a las fuerzas indepentistas, disgregadas y huérfanas de un elemento aglutinador desde la excarcelación de los presos del 1-O.

Primero fue la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, la que defendió a los padres que se oponen a acatar la resolución judicial, y ayer, el consejero del ramo tomó el testigo y ofreció abrigo institucional , tanto a los díscolos con la medida como a la dirección.

La inmersión lingüística se ha convertido en un elemento aglutinador de emergencia para las desgastadas fuerzas del ‘procés’ y la polémica en la escuela de Canet le ha servido munición para su nuevo cometido. ¿Por qué se ha encendido la polémica en este centro cuando ya hay varias escuelas que aplican sin problemas ni ruido mediático el 25 por ciento de castellano? Los defensores del bilingüismo lo tienen claro: «A la Generalitat le interesa que se altere la ‘pax social’ para sacarle rédito político». La actitud del Govern no hace más que confirmar las sospechas de los detractores de la inmersión.

La Consejería de Educación no incita en este caso al desacato para, según reconoce, «proteger a la dirección del centro», pero sí alienta el conflicto al avivar la polémica con declaraciones y reuniones institucionales que abordan la cuestión con argumentos políticos alejados del interés pedagógico. Tampoco censura las protestas en el recinto educativo ni las declaraciones de algunos padres en contra de que se aplique la resolución.

«Nosotros somos los de la democracia y, por tanto, que cada uno se exprese y manifieste en la línea que considere oportuna siempre que sea con serenidad y sin violencia. Respetamos cualquier manifestación, como siempre hemos hecho», dijo ayer González-Cambray al ser preguntado sobre la manifestación que el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes ha convocado para hoy frente a las puertas de la escuela. «Que cada uno se manfieste en la línea que considere oportuna», precisó el consejero.

González-Cambray mostró su enfado por lo que considera «un ataque intolerable» al modelo de escuela catalán. Otro de los argumentos que arguye el Govern para justificar su alegato de defensa de la lengua es la intromisión de los tribunales en el terreno educativo. «Los tribunales no pueden dictar medidas pedagógicas porque desconocen la realidad lingüística», dijo el consejero y aseguró que al acabar la etapa de escolarización obligatoria los alumnos dominan las dos lenguas. Sin embargo, él se negó a utilizar la oficial del Estado para responder a las preguntas de los periodistas. « Hoy no contestaré en castellano . Podéis utilizar la traducción. Hoy no es día de responder en castellano», dijo en tono de castigo a los medios que le reclamaron las declaraciones en español.

Los padres de la escuela se muestran divididos con respecto al conflicto. Muchos censuran que se señale a una familia simplemente por exigir un derecho constitucional . Otros, defienden con firmeza el modelo de inmersión catalán y consideran que las amenazas a los padres son «un juego de tipo retórico» y que «la familia está monopolizada por algún partido político».

La Generalitat se limita a observar como prende la llama que amenaza con dinamitar la ‘pax social’ en el centro pero lejos de interceder prefiere seguir defendiendo su nueva bandera de la lengua, última tabla de flotación que le queda para recuperar la iniciativa.

Minutos después de hacer su ‘ bolo’ en la escuela , el titular de Educación de Cataluña se reunía con varios de sus antecesores en el cargo para hacer frente común en defensa del modelo catalán. En un encuentro con otros exconsejeros, entre ellos, Josep Bargalló (ERC), Irene Rigau (CiU), Ernest Maragall (PSC, ahora en ERC), Joan Manuel del Pozo (PSC), Marta Cid (ERC) y Joan Guitart (CiU), recordó el deber del departamento de estar al lado del profesorado «en el ejercicio de su tarea docente y el desarrollo de los proyectos educativos y la normativa de organización y funcionamiento de cada centro, proyectos lingüísticos incluidos».

En el bando constitucionalista, PP, Ciudadanos y Vox salieron ayer en defensa de la familia acosada por conseguir, vía tribunales, que se impartan un 25% de clases en Canet. Además, anunciaron que trasladarán este asunto al Congreso de los Diputados y al Defensor del Pueblo, el recientemente elegido Ángel Gabilondo.

Desde hace ya semanas, tanto el Govern catalán como los partidos y las entidades secesionistas han emprendido una cruzada que busca generar un sentimiento de alerta por una supuesta «emergencia lingüística» que las propias estadísticas de la Generalitat no avalan. La decisión del Tribunal Supremo que hace firme la sentencia del TSJC de extender la aplicación del 25 por ciento de castellano a todo el sistema educativo, fue el detonante de una campaña orquestada desde la Generalitat desde hace meses. el objetivo, según los defensores del bilingüismo, «preparar el terreno ante el varapalo judicial» y volver a alinear a las fuerzas separatistas en un mismo frente y un objetivo común: defender la lengua y, de paso, el sentimiento de identidad nacional.