Inmersión, la palabra maldita del PSC

Sin remontarse muy atrás, a finales de 2019, en diciembre, el XIV Congreso Nacional del PSC apostó por flexibilizar un sistema que consiste en que los niños catalanohablantes estudian en su lengua materna, mientras que los niños castellanohablantes lo hacen en catalán. Es decir, se inmersiona, obligatoriamente, a diferencia del modelo canadiense –que es voluntario–, solo a los niños que usan en casa el español. Sin embargo, solo unas semanas antes de aquella cita histórica del PSC –por primera vez, los socialistas aceptaban un modelo bilingüe en las escuelas–, estos se alinearon con Junts per Catalunya y ERC en el Parlamento catalán para evitar la aprobación de dos proposiciones de ley, de Cs y el PP, a favor del bilingüismo y en contra de la inmersión.

El problema del PSC es la palabra inmersión. Los socialistas son los padres del modelo. Sus defensores. Es su obra. Los que convencieron a la derecha nacionalista encarnada en Jordi Pujol de evitar la doble línea educativa, como en el País Vasco y en la Comunidad Valenciana, que era la opción más aplaudida por los nacionalistas. Marta Mata, socialista, fue la guía (inicios de los años ochenta). Y el espejo, el Quebec (Canadá).

Pero el reflejo se rompió pronto cuando Pujol, con la complicidad activa e infinita (hasta hoy) del PSC, decidió que la inmersión era una herramienta para 'descastellanizar' Cataluña o 'catalanizarla'. La voluntariedad de los padres canadienses de lengua inglesa, para que sus hijos aprendieran francés, tras aprender a leer y escribir en inglés, primero, se transformó en obligatoriedad en Cataluña: todos los niños se les obligaría a aprender a leer y escribir en catalán, aunque su lengua materna fuera el español.

Así, las reticencias actuales del PSC a retocar el modelo de inmersión escolar son más terminológicas que prácticas. Por el qué dirán los nacionalistas, por no votar con Vox, Cs y el PP, más que por una convicción –salvo un pequeño reducto de cuadros medios que apuestan por el nacionalismo más que por el socialismo– o una defensa pedagógica de un sistema que, por lo menos, desde 1994 se aplica de manera irregular, según apuntó el Tribunal Constitucional aquel año (sentencia 337) y recordó en 2010 en la sentencia que ajusta a la ley el Estatuto de 2006.

No es un tema fácil para el PSC. Casi una semana han tardado en defender al niño y la familia acosados de Canet de Mar (Barcelona) por solicitar a los tribunales que se aplique el bilingüismo en su escuela, tras recibir la negativa de la dirección y la Generalitat. Solicitud que, en medidas cautelares, se ha aceptado parcialmente: de momento, un 25 por ciento de asignaturas, además de la lingüística, en español. Es decir, una asignatura.

Illa condenó este jueves «de forma clara y sin matices» las amenazas que lleva recibiendo el niño y la familia de Canet. Defendió el cumplimiento y la aplicación de la sentencia y se mostró partidario de flexibilizar la inmersión para mantener «un solo sistema educativo». Vuelta a los orígenes. Sobre todo, ante las voces, tímidas y minoritarias, de un sector nacionalista alrededor de Junts que empieza a poner sobre la mesa la necesidad de pensar si, ante el fin de la inmersión, es decir, ante el fin del cien por cien de las clases solo en catalán, es hora de recuperar la doble línea. El líder del PSC insiste: «Una asignatura en español no es ir contra el catalán, es cumplir las resoluciones y (este modelo) sigue garantizando que el catalán es el centro de gravedad educativo en Cataluña».

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) puso punto y final al sistema de inmersión obligatoria solo en catalán en diciembre de 2020. El mes pasado el Tribunal Supremo ratificó la decisión del TSJC. Todas las aulas de Cataluña deben aplicar, al menos, el 25 por ciento de las clases en español. Y en catalán, pues el TSJC blinda el 25 por ciento para ambas lenguas. La adecuación del sistema es inmediata y ni la 'ley Celaá', ni la ley educativa catalana, pueden oponerse al derecho constitucional de una escuela bilingüe o de conjunción lingüística, tal y como han apuntado desde el Constitucional al TSJC pasando por el Supremo.

A partir de aquí, la estrategia del PSC –que sufre con los asuntos lingüísticos por su indefinición y que fue uno de los motivos principales del trasvase de votos a Cs– pasa por defender su posición a través de mociones en los ayuntamientos –en los que los grupos locales lo quieran– y en el Parlamento catalán. La moción, consultada por ABC, tiene el sello de la dirección de los socialistas catalanes y ni en su larga exposición de motivos ni en su parte dispositiva aparece la palabra inmersión.

La propuesta se limita a instar al Govern para que cumpla las resoluciones judiciales y no base su política en desobediencias, ni traslade la presión a las direcciones de los centros educativos. Además, defiende el fomento y el impulso de la lengua catalana e insiste en que esta debe ser vehicular en las escuelas «sin excluir el castellano».

Igualmente, el PSC apuesta por preservar el criterio pedagógico y la autonomía de cada colegio e instituto para que estos elaboren sus proyectos lingüísticos, que deben adaptarse «a la realidad sociolingüística del alumnado y su entorno» con el fin de que los niños sean bilingües al final de su etapa escolar y el sistema mejore de cara al «contexto plurilingüe».