El catálogo de recursos estratégicos frente a crisis, una idea de Rajoy y tarea pendiente desde hace una década

Ese texto mandataba ya entonces al Gobierno a emprender la tarea estableciendo que «procederá a aprobar un catálogo de recursos humanos y de medios materiales de los sectores estratégicos de la Nación que puedan ser puestos a disposición de las autoridades competentes en la situación de interés para la Seguridad Nacional».

Además, esta ley recoge el papel que deben jugar las autonomías al señalar que «elaborarán los correspondientes catálogos de recursos en base a sus propias competencias y a la información facilitada por el Gobierno, los cuales se integrarán» en el catálogo general.

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José Luis Fernández

Desde el año 2015 se han sucedido numerosas situaciones en España que han puesto de manifiesto la necesidad de contar con ese listado estratégico. La iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez de crear un catálogo de los recursos críticos que tiene el Estado como primer paso antes de valorar pedir a las comunidades que integren los suyos se enmarca, por tanto, en el marco que dejaron hecho los populares.

No obstante, el Ejecutivo socialista intentó, sin éxito, modificar la redacción de la ley vigente en la legislatura pasada en lo que fue una oportunidad perdida para mejorarla, ya que la pandemia de coronavirus puso de manifiesto muchas deficiencias que tiene el actual sistema en cuanto a carencias de información. Los socialistas buscaron una reforma que dotara de mayores competencias al sistema de Seguridad Nacional en caso de crisis y, por tanto, más poderes al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, como su máximo responsable. Y la presentaron en un contexto de elevada crítica política por los excesos cometidos por el Ejecutivo durante la pandemia en cuanto al recorte de libertades.

En esa desconfianza, la reforma chocó con todo el arco parlamentario aunque por diversos motivos. Con el PP porque la iniciativa pretendía permitir que el Gobierno movilizara a ciudadanos para hacer trabajos en caso de emergencia nacional y sin prever un sistema de contraprestación; algo que el expresidente popular Pablo Casado denominó la «mili civil obligatoria» advirtiendo que llevaría el texto al Tribunal Constitucional y cegando toda posibilidad de acuerdo.

La reforma también encontró el rechazo, en este caso previsible, de los propios socios del Gobierno ya que la Seguridad Nacional tiene entre sus objetivos garantizar la defensa de España, sus principios y valores constitucionales, lo que va en contra de las pretensiones de ERC, EH Bildu o el PNV.

Así, la reforma de la Ley de Seguridad Nacional embarrancó por pretender ir demasiado lejos en un contexto de elevada polarización política, y se convirtió en una oportunidad perdida para, entre otras cosas, haber impulsado el catálogo de recursos, que tan necesario fue en la reciente dana.

Esta reforma también abordaba el catálogo de recursos, dándole una definición. En concreto, como «el conjunto de los recursos humanos, medios materiales, instalaciones y cualesquiera otros activos, bienes o derechos pertenecientes a las entidades integradas en el sector público, a las empresas privadas o a los particulares que se consideren de interés para la seguridad nacional». También preveía «el acceso prioritario del Sistema de Seguridad Nacional a las infraestructuras o servicios esenciales». Y respecto a las comunidades, reticentes a compartir sus datos con el Gobierno, establecía la integración de «los catálogos sectoriales elaborados por los departamentos ministeriales, los autonómicos y los del resto del sector público».