El 80% de los agricultores afectados por la dana no reciben las ayudas

José Luis Fernández

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30/12/2024
Actualizado 31/12/2024 a las 05:45h.

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La lenta llegada de las ayudas, en general, para los afectados de la dana en la provincia de Valencia, en el caso particular de los agricultores y ganaderos, ni siquiera va a retrasarse porque en su amplia mayoría están excluidos. Como los requisitos impuestos por el Gobierno no cubren a los productores a tiempo parcial y a los jubilados, más del 80% se quedan fuera.

Los pagos directos y mínimos de 5.000 euros ya tienen ese doble condicionante, tal como denunció la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), mientras que los fondos para las explotaciones que sufrieron pérdidas superiores al 40% en comparación con sus ingresos medios de los últimos años –según las peritaciones de Agroseguro– tienen un límite máximo de 20.000 euros. Ambas subvenciones son acumulables, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez había anunciado hasta 150.000 euros de cobertura, sólo que esa cifra más generosa únicamente se reserva para empresas con un volumen de negocio de más de dos millones anuales, cuando la inmensa mayoría no la alcanzan.

Ante estas perspectivas más cicateras para la recuperación, sobre todo con esa ayuda directa de 5.000 euros, el presidente de esta organización agraria, Cristóbal Aguado, ha exigido al Gobierno que «no discrimine a ningún productor que haya sufrido los estragos del temporal, las personas trabajadoras de otros sectores que dedican parte de su tiempo a cultivar campos y, sobre todo, los jubilados que mantienen la explotación familiar porque no tienen relevo generacional, se merecen un premio». En cuanto a la otra financiación, lamenta que «limitar las ayudas complementarias de 'minimis' a un tope de 25.000 euros es irrisorio ante la magnitud de inversiones que requieren explotaciones arrastradas o incluso desaparecidas, es una tomadura de pelo».

Aparte de este problema, desde La Unió Llauradora i Ramadera señalan que falla la «coordinación» entre las administraciones central y autonómica hasta el punto de que la Generalitat Valenciana añadió diez municipios a la lista de afectados por la riada que el Gobierno ignoró y no financiaba.

Estas exclusiones se encuentran en la provincia de Castellón, donde las fuertes lluvias causaron daños en el campo aunque la catástrofe no se cobrara vidas. Carles Peris, secretario general de La Unió, ha reclamado la «urgente» modificación de esa normativa porque en caso contrario «habrá personas que se quedarán sin poder reconstruir su actividad agraria, por lo que es fundamental para evitar desigualdades y reactivar el sector». La partida global del Ministerio se eleva a 12 millones de euros para infraestructuras y, de momento, se amplió el listado de pueblos con los que faltaban de Valencia.

Fuera del ámbito agrario, el auxilio económico se están canalizando con más rapidez a los damnificados desde fuera de la instituciones y la burocracia. «En AVACU tenemos constancia de que hay ayudas de iniciativa privada, de empresas, que sí han llegado a los afectados, aunque queda aún parte en manos de los ayuntamientos y no han publicado las bases de cómo repartirlo», han señalado desde esta entidad.

En cuanto a «las de la Generalitat Valenciana, van llegando y se están ingresando poco a poco, mientras que las resoluciones del Consorcio de Seguros para fijar las indemnizaciones de casas y coches dañados, lo mismo, lentamente», han detallado desde la Asociación Valenciana de Usuarios y Consumidores. En cuanto a las subvenciones estatales, «parece que hay menos constancia de que estén llegando», han añadido.

Otros testimonios a pie de calle, con la percepción que transmiten los vecinos, como la impresión del alcalde de Sedaví, José Cabanes, apuntan a que «las ayudas públicas, al principio llegaron bien, pero después hubo un parón y no se saben las razones». Desde Catarroja, Álvaro Pagán relata que los padres de su pareja, de Catarroja, «les ha llegado las ayudas de Juan Roig y de Amancio Ortega, mientras que del Gobierno y la Comunidad Valenciana no han recibido nada», en la línea de otros conocidos de su entorno.

Un reflejo de esa mayor agilidad desde el ramo de las donaciones se aprecia en la denuncia de los alcaldes de cuatro municipios –Quart de Poblet, Loriguilla, Riba-roja y Vilamarxant– por su exclusión de la lista de beneficiarios de los cien millones de euros donados por la Fundación Amancio Ortega.

Desde esta entidad, les precisaron que el dinero se envía a los pueblos que les han indicado desde la Diputación de Valencia, por los que ayer anunciaron que han solicitado una reunión «urgente» con el presidente de la institución provincial con el fin de subsanarlo, quien les recibirá el 8 de enero.

Esta inyección se destina a quienes han sufrido pérdidas de viviendas, mobiliario, enseres, electrodomésticos, vehículos o se han quedado sin su fuente de ingresos. «Es una actitud absolutamente discriminatoria», protestaron ayer estos alcaldes en un comunicado conjunto, al señalar que otros municipios menos afectados sí están entre los incluidos. En cualquier caso, desde la fundación, aseguraron que la lista se puede ampliar.