Moncloa prepara un catálogo de recursos estratégicos frente a crisis
El CNI y 16 de los 22 ministerios están implicados en la elaboración, y el borrador podría estar listo en abril
El Consejo de Seguridad Nacional decidirá después si ampliarlo a las autonomías, muy reticentes a la idea
El catálogo de recursos estratégicos frente a crisis, una idea de Rajoy y tarea pendiente desde hace una década
El Gobierno se dispone a cubrir, o por lo menos a intentarlo, un importante agujero que tiene el sistema de Seguridad Nacional español: la ausencia de un catálogo de recursos estratégicos del que tirar en caso de grandes crisis como el Covid, el volcán de ... La Palma recientemente la dana. De haber existido este listado durante el coronavirus, el Ministerio de Sanidad hubiera podido conocer, por ejemplo, dónde había respiradores y UCI's disponibles para poder derivar enfermos, o en el caso del temporal que asoló Valencia el Ministerio de Defensa hubiera podido saber dónde había bombas de achique para poder extraer el agua de los inmuebles inundados. Es decir, se trata de conocer de qué recursos dispone cada administración para aumentar la colaboración entre ellas en caso de grandes crisis de todo tipo: desde emergencias a catástrofes naturales pasando por epidemias y pandemias, ataques terroristas, avalanchas de inmigración irregular, crisis económicas, conflictos armados, o ataques a infraestructuras críticas, entre otros. Desde la premisa de que cada autonomía no puede afrontar una crisis de esta magnitud por su cuenta, el Gobierno pretende que el catálogo de recursos sirva para responder de manera más rápida y eficiente, y así reducir las pérdidas humanas y materiales.
El trabajo es muy complejo por la elevada sensibilidad de la información manejada, y las autonomías se han mostrado muy reticentes a compartir con el Gobierno con qué recursos críticos cuentan en aquellas materias en las que tienen la competencia. El Ejecutivo abordó esta posibilidad en la pasada legislatura durante el intento de reforma de la Ley de Seguridad Nacional, pero se encontró con un rechazo bastante generalizado en los territorios. No solo por parte de País Vasco y Cataluña por la mayor centralización que supondría el catálogo, sino también por parte de la mayoría de territorios. Por un lado existe el temor a que el Gobierno pueda requisar material que necesiten y, por otro, por la propia seguridad y protección de esos datos. Canarias, tras su dura experiencia por el fuerte golpe del volcán, es la más receptiva a compartir la información.
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La tarea es, por tanto, muy complicada y el Gobierno decidió empezar a trabajar la pasada primavera arrancando un primer catálogo de recursos pero solo a nivel de Administración General del Estado, sin incluir a las comunidades autónomas. La iniciativa recibió en marzo el visto bueno del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y este organismo será el responsable de la tarea con el objetivo de que el primer borrador esté listo para abril.
Para ello, se ha constituido un grupo de trabajo presidido por la directora del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), la general Loreto Gutiérrez Hurtado, y en el que están implicados el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y 16 de los 22 ministerios: Asuntos Exteriores, Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Defensa, Hacienda, Interior, Transportes, Trabajo, Industria, Agricultura, Política Territorial, Transición Ecológica, Economía, Sanidad, Ciencia, Inclusión y Transformación Digital. También participa la Secretaría de Estado de Comunicación.
Ayuntamientos y privados
La primera labor de cada uno de estos ministerios es listar qué recursos tienen en los sectores que pueden verse afectados por los riesgos y amenazas señalados en la Estrategia de Seguridad Nacional. Después, tienen que proponer cuáles de estos recursos formarán parte del catálogo. Hecho esto, será necesario decidir cómo integrar toda esta información y decidir como gestionar y actualizar el catálogo. Todo ello conformará el primer borrador que el Consejo de Seguridad Nacional prevé tener para el mes de abril.
A partir de aquí, el Comité de Situación del Consejo de Seguridad Nacional analizará el borrador y, una vez que decida aprobarlo, lo remitirá al CSN para que lo estudie y emita informe favorable. Cuando esto suceda, el Consejo de Seguridad Nacional analizará si conviene ampliar el catálogo elaborando otro a nivel de comunidades para integrar después ambos documentos.
El resultado de esa suma sería lo que conformaría la propuesta de Catálogo de Recursos de Seguridad Nacional, y sería elevada al Consejo de Ministros para su aprobación como real decreto si así lo considera el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y siempre que cuente con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nacional.
Si la iniciativa supera todo estos pasos, el Consejo de Ministros de turno podrá acordar sucesivas ampliaciones a futuro. En concreto, dos más. Una para integrar el listado de recursos críticos que tienen los ayuntamientos de toda España y una última, también muy delicada, para añadir los recursos críticos del sector privado, aunque con otros procedimientos aún sin definir.
Materia clasificada
La sensibilidad de toda esta información es crítica, y para asegurar su blindaje, el Gobierno otorgará al catálogo la condición de materia clasificada con la categoría de reservada. De esta manera, no podrá ser conocido ni divulgado.
La clave del éxito de esta herramienta está, por tanto, en acabar sumando a las autonomías, ya que el listado de recursos del Estado siendo un avance muy positivo no permitirá conocer qué capacidades tiene el país, ni si está preparado o no para hacer frente a una gran crisis. El problema de fondo es que a la elevada sensibilidad de la iniciativa se une la enorme desconfianza que las comunidades han desarrollado hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. El paso que ha dado el Ejecutivo elaborando un catálogo a nivel de Estado pretende allanar el camino y facilitar el sí de las autonomías, pero requerirá de altas dosis de pedagogía y, sobre todo, de garantías de seguridad.
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