Bildu apunta al Memorial de Víctimas del Terrorismo en plena ofensiva por los presos

Todos comparten un asiento en el Patronato del Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria y el partido de izquierda aberzale les conmina a posicionarse sobre el tratamiento que este centro, dedicado al recuerdo de las víctimas de la violencia de ETA, da a quien fuera jefe de la Brigada político-social de Guipúzcoa durante el franquismo, Melitón Manzanas, a quien tachan de «torturador».

«Es bien conocida la actitud excluyente del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo para con las víctimas que han sufrido violencia de motivación política», denuncia Bildu, que inquiere a los tres miembros del Ejecutivo vasco: «¿Considera que esta actitud es compatible con el reconocimiento que merecen las víctimas de Melitón Manzanas o que, desde una perspectiva contraria, les puede causar un dolor añadido?». Y remata: «¿Cuál será su actitud como miembro del Patronato de la Fundación a fin de que las víctimas del Estado reciban el reconocimiento y reparación que merecen?».

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La ofensiva contra el Memorial, que incluye una solicitud de información sobre las torturas cometidas por Manzanas que tendría documentadas el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco, forma parte de una batería de iniciativas parlamentarias tramitadas este martes y que han hecho saltar por los aires la entente que supuestamente habrían firmado en los primeros meses de Gobierno con el PNV. «Se ha implantado esa dualidad política en la que se dice una cosa y se hace otra. En la que los discursos políticos van de buenistas, pero los hechos demuestran que la cosa no ha cambiado, que quieren seguir en el acoso y derribo a todo lo que tenga que ver con el PNV», afirmó ya la semana pasada el presidente de los peneuvistas, Andoni Ortuzar, durante el primer mitin del curso en Zarauz (Guipúzcoa).

Tras la investidura de Imanol Pradales como lendakari a finales del mes de junio, ambos partidos parecían dispuestos a abrir un espacio de entendimiento «aberzale». Esa era la intención de EH Bildu que, pese a situarse en la oposición después del pacto de Gobierno entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi (PSE), escenificó un acercamiento para aprovechar la «mayoría nacionalista» en el Parlamento vasco para avanzar en las cuestiones relativas al reconocimiento nacional y el autogobierno del País Vasco. «Se entenderán para cuestiones identitarias y lo del día a día lo harán con el PSE», coincidían entonces las fuentes consultadas en otros partidos del arco parlamentario.

No ha sido hasta este verano cuando esa supuesta tregua ha desaparecido. O al menos eso parece, puesto que en fechas recientes ambas formaciones han apoyado el pacto para una «política ejemplar» presentado hace una semana por Pradales. El decálogo, que no obliga a EH Bildu a condenar la violencia de ETA y que ni siquiera menciona el pasado funesto de la banda terrorista, busca elevar el nivel «ético» del debate en la comunidad autónoma en contraposición con el resto de España, y los aberzales se han abierto a trabajarlo introduciendo matices antes de que sea ratificado en la Cámara regional.

Todo, poner al memorial en el punto de mira (responsables del centro, preguntados por ABC, no han querido entrar en la polémica) y sumarse al debate sobre la ejemplaridad en la acción pública, llega en un momento en el que el partido dirigido por Arnaldo Otegi está elevando las exigencias sobre los beneficios penitenciarios para los condenados por su actividad terrorista. Las fiestas populares de verano, como en años anteriores, han estado repletas de actos de apoyo a los presos. En muchos casos, como el del pasado jueves en Lequeitio (Vizcaya), donde reclamaban la excarcelación de Julen Atxurra, alias Pototo, que ordenó el secuestro de Ortega Lara, con la connivencia de los ayuntamientos gobernados por EH Bildu.

Un viento de cola que la izquierda aberzale, con organizaciones afines como Sare, ha aprovechado para reclamar la excarcelación de tres cuartas partes de los más de 140 presos que cumplen condena en cárceles del País Vasco y Navarra, según el recuento de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Algo que tendrá que atender por primera vez el PSE, pues es quien está a cargo de la cartera de Justicia que, desde que Pedro Sánchez decidiera traspasarla en 2021, tiene asignada la competencia para aprobar los terceros grados a etarras.