Asociaciones civiles y eurodiputados denuncian el intento de incluir el aborto como un «derecho fundamental europeo»

Una decisión, sin valor legislativo, pero que se enmarca en una línea de trabajo y de pensamiento a la que se oponen frontalmente unas cincuenta entidades civiles que se reunieron esta semana en Bruselas, convocadas por la plataforma One of Us. La conclusión, en palabras de Jaime Mayor Oreja, fue contundente: «El aborto no puede ni va a formar parte de la Carta de Derechos Fundamentales de Europa».

Una afirmación a la que se llegó después de una larga sesión de trabajo en la que se abordó la cuestión no solo desde perspectivas políticas, sino también desde el ámbito moral y jurídico. En este sentido, la profesora de Derecho Público Internacional de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), Natalia Ochoa, afirmó que aunque desde algunos sectores «se habla de forma interesada de un 'derecho consolidado al aborto'», en la práctica «no existe un derecho al aborto reconocido internacionalmente».

Sin embargo, el uso constante de esos términos en el campo político es, para Ochoa, «un ejemplo muy claro del uso del 'lenguaje acordado'», una práctica que consiste en «utilizar términos que no aparecen en las convenciones de derechos humanos» con los que se pretende «cambiar el sentido de lo establecido por los estados, e imponerles nuevas obligaciones».

Ejemplos de este «lenguaje acordado», además de «derecho al aborto», serían expresiones como «salud sexual y reproductiva», «aborto legal y seguro», «derechos de las personas LGTBI+» o «ideología de género» y, según señaló la profesora de UCJC, «mediante el uso continuado de estos términos se pretende crear normas consuetudinarias que reconozcan nuevas obligaciones estatales».

Por su parte, el eurodiputado y vicepresidente del Grupo Popular Europeo, el portugués Paulo Rangel, apuntó la distinción entre que el aborto constituya «una posibilidad legal o un derecho fundamental». Desde su planteamiento negó que pudiera suponer esto último, puesto que el «aborto legal» supone una «forma segura de resolver el conflicto entre dos derechos, el del no nacido frente al de la libertad de la mujer», por lo que «una solución que ha encontrado el legislador para resolver un conflicto entre derechos no puede ser un derecho fundamental».

Por su parte, el doctor en Derecho y especialista en derechos humanos, Grégor Puppinck, destacó que «no es casualidad que los promotores del aborto eligieron el campo de los derechos humanos para librar esta batalla porque en él solo se reconoce la voluntad». «Es un campo abstracto porque no hay que hablar de las causas y las consecuencias que tiene el aborto para el no nacido, sino del derecho».

Sobre la cuestión alertó que «hay muchas probabilidades de que antes de verano el Tribunal de Estrasburgo condene a Polonia por su posición ante el aborto», lo que podría reforzar la corriente a favor de que se incluya en la Carta de Derechos Humanos. «El peligro es mayor en Estrasburgo que en Bruselas», sintetizó.

Por otra parte, Margarita de la Pisa, eurodiputada del Grupo de los Conservadores y Reformistas, recordó que en los «inicios de la Unión Europea, en 1984, hubo dos visiones distintas, una materialista y otra más espiritual y cristiana». «Echo de menos esa última visión», explicó, para añadir que Europa se enfrenta «a grandes retos». También ironizó con el lenguaje que utilizan los grupos pro aborto: «Si mantener la vida es cruel, porqué no entender la muerte como un derecho humano».

En una línea similar se manifestó Tonio Borg, excomisario europeo de Salud, quien recordó las convicciones católicas de los «padres fundadores» de la Unión Europea, Monnet, Schuman, Adenauer y De Gasperi. Borg, maltés, se congratuló de venir «de un país que no permite el aborto», y recordó que la legislación sobre «el aborto está en manos de los países miembros, porque los padres fundadores europeos nunca pretendieron que la Unión absorbiera los derechos de cada país».

En el evento también intervino el presidente de la Fundación San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, quien denunció la pretensión de que «el tema del aborto se convierta en un dogma, en algo que no puede ser cuestionado sin que se declare excomulgado a todo aquel que ose discutirlo». Así, ha incidido en que se trata de «un caso de imposición de unas ideas de las que se quiere suprimir toda disensión».