Una década del caso ERE a través de ABC

En definitiva, se enjuicia 23 años de gestión socialista en la comunidad que representa el mayor granero electoral del PSOE y donde desarrolló una compacta maquinaria de poder.

El caso ERE motivó la caída de dos presidentes de la Junta, algo sin precedentes en la España autonómica. Probablemente nada de esto hubiera ocurrido —ni el desarrollo del caso, ni la jubilación de una generación de dirigentes socialistas— si la prensa no hubiera desempeñado la labor de investigación y análisis que le corresponde en la sociedad democrática.

En este sentido, ABC ha desempañado un rol referencial en estos años , aportando importantes revelaciones que fueron incorporadas al sumario y dedicando decenas de portadas, tanto en Sevilla como en sus ediciones andaluza y nacional, a este escándalo.

El punto de arranque del escándalo de los ERE de la Junta, que supuso la presunta malversación de unos 855 millones de euros, se sitúa en una conversación que dos directivos de la empresa Mercasevilla mantuvieron con dos empresarios hosteleros sevillanos del grupo La Raza el 26 de enero de 2009.

Durante la charla, Fernando Mellet y Daniel Ponce reclaman una comisión de 450.000 euros a cambio de dar luz verde a la concesión a esta empresa de la Escuela de Hostelería, que ya tenía adjudicada una subvención por parte de la Junta de Andalucía de 900.000 euros.

Los empresarios ya habían recibido indirectas sobre la extorsión en encuentros anteriores, por lo que decidieron grabar la conversación y entregar las cintas a la Consejería de Empleo, que inmediatamente las remitió a la Fiscalía.

La grabación íntegra sería desvelada por ABC el 22 de abril de 2009 , en lo que se puede considerar como el punto de arranque de todo el escándalo de corrupción. La investigación recayó en la magistrada Mercedes Alaya , titular del juzgado de Instrucción número 6, la cual indagó en las entrañas de la conversación hasta abrir cuatro causas diferenciadas del caso.

Una de ellas hacía referencia a los dos ERE que se sucedieron en la empresa con financiación de la Junta de Andalucía.

Al cruzar el listado de beneficiarios de las ayudas de Empleo con la relación de puestos de trabajo, Alaya detectó que varios de los prejubilados nunca trabajaron en la empresa: había nacido la figura del intruso .

A partir de este hilo, la juez fue investigando otros otros expedientes de regulación de empleo de otras empresas financiados igualmente con fondos públicos concedidos por el Gobierno andaluz, y las irregularidades fueron apareciendo una tras otra.

No solo intrusos, casi todo en el proceso era fraudulento: la selección de las empresas, completamente aleatoria; la connivencia de intermediarios, las tarifas de las compañías aseguradoras, el papel prescindible de los conseguidores y consultores y, desde luego, la permisividad de altos cargos de Empleo.

La investigación de la juez Alaya, meticulosa y en ocasiones exasperante, terminó en su trama política con la imputación de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán , además de dos decenas de ex altos cargos de la Junta.

En junio de 2015 se produce un punto de inflexión en la instrucción del caso al abandonar Mercedes Alaya el juzgado para ingresar en la Audiencia de Sevilla . Pese a que se le había prometido —como denunciaría después en una entrevista en ABC— continuar la instrucción del caso ERE en prestación de servicio, lo cierto fue que este cambio implicó que abandonase la investigación, que pasó a manos de la nueva titular del Juzgado número 6, María Núñez Bolaños, una magistrada que venía de un juzgado de Familia y sin experiencia en este tipo de macrosumarios.

Núñez Bolaños continuó la instrucción con el criterio opuesto al de Alaya, desglosando la causa en tantos casos como ERE sospechosos se estaban investigando, tal y como había demandado desde un primer momento la Junta de Andalucía.

Tras la queja de los seis fiscales anticorrupción contra la forma de trabajar de la juez Núñez, la consiguiente investigación de el Consejo General del Poder Judicial y la posterior baja médica de la magistrada, la cadena de sumarios de los diferentes ERE está ahora en manos del juez sustituto José Ignacio Vilaplana.

En este dilatado proceso de casi una década ABC ha sido el medio de referencia en la investigación periodística . Han sido decenas las portadas dedicadas al escándalo político, algunas de las cuales se recogen en estas páginas.

Caben destacar tres entrevistas cruciales publicadas en este medio : al exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero , en octubre de 2015, en la que reconoció que Susana Díaz estaba al corriente del sistema de ayudas de los ERE; al «conseguidor» Juan Lanzas, en abril de 2018, en la que decía que había ido a la cárcel «por tonto»; y a la juez Mercedes Alaya, en mayo de 2018, la única que ha concedido la magistrada.

Alaya se declaró víctima de un acuerdo entre PSOE y PP para que no investigase los cursos de Formación y reveló algunas claves de la investigación que se cierra mañana con la sentencia del juicio político.