Un año de la sentencia contra la corrupción del PSOE en Andalucía que pudo tumbar a Pedro Sánchez

Nueve días impidieron que los vientos huracanados del caso ERE zarandearan a SánchezA. R. VegaEl 19 de noviembre de 2019 una sentencia cambió la historia del partido que concentró todo el poder sin discusión en Andalucía. Hace justo un año, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla reunió en una sala de vistas a 21 ex altos cargos socialistas del Gobierno autonómico para entregarles un pendrive con la resolución y un sobre con el fallo en papel sobre la pieza del procedimiento específico del caso ERE. El tribunal condenó casi al completo a la antigua cúpula de la Junta que se sentó en el banquillo, incluidos dos presidentes que gobernaron la comunidad durante 23 años, Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013). Desde la cúpula del poder de la autonomía crearon, alimentaron y perpetuaron durante una década un sistema «ilegal» de ayudas para empresas y personas que estaban al lado del poder. Por los 680 millones de euros.Once meses de espera y deliberación —el juicio había quedado visto para sentencia el 18 de diciembre de 2018— dieron como resultado 1.821 páginas apabullantes que enterraron bajo una gruesa capa de hormigón la historia de éxitos electorales del socialismo andaluz (1982-2018).El tribunal condenó casi al completo a la antigua cúpula de la Junta que se sentó en el banquillo, incluidos dos presidentes que han gobernado la comunidad durante 23 años, Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013)La Justicia dejaba KO al partido que gobernó durante casi 37 años la Junta de Andalucía, la mayor empresa de la comunidad, la primera contratista y la principal empleadora (más de 270.000 trabajadores directos), una institución que consideraban algo suyo. Era el segundo mazazo que recibía en menos de un año después de perder el Palacio de San Telmo, la sede de la presidencia autonómica, la noche del 2 de diciembre de 2018, cuando las tres derechas (PP, Ciudadanos y Vox) mandaron al PSOE de Susana Díaz a la lona de la oposición.La Junta de Andalucía ya era una plaza perdida cuando se conoció el fallo, pero no así el Gobierno de la Nación que Pedro Sánchez había arrebatado a Mariano Rajoy mediante una moción de censura en 2018. Para su asalto al poder utilizó como catapulta una sentencia que condenaba por la vía civil al PP a devolver 245.000 euros que obtuvo de fondos ilícitos a través de dos ayuntamientos madrileños conectados a la llamada «trama Gürtel». Las frases más duras de la resolución de la Audiencia Nacional fueron matizadas dos años y medio después, que aclaró que la supuesta «caja B» del tesorero del PP no era objeto de dicho procedimiento.Para entonces, el desalojo ya se había consumado. Rajoy había vuelto a su puesto de registrador de la propiedad, mientras Sánchez dormía tranquilo en La Moncloa uniendo su destino a Pablo Iglesias. ¡Nos va a caer encima los ERE, Pedro! No te preocupes, Susana; está todo calculado - NietoNueve días transcurrieron desde el 10 de noviembre, la fecha de las elecciones generales que dieron la Presidencia al sanchismo con una mayoría «Frankenstein» de Podemos e independentistas, hasta la notificación de la sentencia por antonomasia de la corrupción del PSOE, que dejó profundas cicatrices en su imagen y reputación. Nueve días que pudieron interferir en el resultado electoral, noquear a Pedro Sánchez y cambiar el color del Gobierno de España.El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía avanzó que la sentencia iba a estar lista para el 26 de octubre de 2019. La fecha probable de notificación coincidía con el final del permiso dado al juez ponente encargado de redactarla. Pero el plazo no se cumplió y hubo que esperar 24 días más por la dificultad que entrañaba ordenar los archivos informáticos que se compilaron en 1.821 páginas. Nueve días impidieron que los vientos huracanados del fraude de los ERE, la corrupción vinculada al PSOE, alcanzaran a Sánchez.La trascendencia de la condena va más allá del reparto arbitrario de casi 680 millones de dinero público, la dotación presupuestaria que tuvo este fondo, ayuno de transparencia y de controles, entre 2000 y 2009. Era también un plebiscito sobre un método de ejercer el poder que ayudó a ganar una elección tras otra en Andalucía. Los magistrados condenaron todo un sistema de gobierno que llevaba su control hasta los últimos confines de la sociedad andaluza gracias a un fondo con el que otorgaba favores a algunas empresas y dejar a otras huérfanas de subvenciones.Atajos administrativosLa Junta creó un atajo administrativo para sortear los reparos legales que tanto la Comisión Europea como los interventores autonómicos pusieron a las primeras ayudas concedidas a la industria Cárnicas Molina en 1999. La Consejería de Empleo daba las subvenciones, pero delegaba su pago en un órgano externo a ella, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego reconvertido en la agencia IDEA. El motivo oficial del cambio del sistema que dio origen al caso ERE era acelerar los pagos. El problema es que dicho atajo dejaba un ángulo ciego para los interventores, que no podían fiscalizar el destino final del dinero. Sin reglas ni controles, se dejó una puerta abierta por la que se colaron el abuso, la arbitrariedad y el fraude.«La necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos laborales, llevó a los responsables de la Junta de Andalucía a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos», reza la sentencia.Un momento del juicio celebrado en la Audiencia de Sevilla - EFEEl PSOE utilizaba todos los medios que le proporcionaba la administración andaluza para comprar la paz social y sofocar los conflictos laborales que amenazaban, a partir del año 2000, su hegemonía por el progresivo cierre de industrias. Dicho de otro modo, empleó el dinero de la Junta para amarrar votos. El muro de autoprotección levantado por las autoridades de la Junta durante casi nueve años de instrucción para esquivar las responsabilidades se vino abajo. «La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del Gobierno en su conjunto» y «partía del programa político con el que se habían presentado a las elecciones», sostienen los jueces.Los magistrados avalaron la línea argumental de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones de que los socialistas tejieron una red clientelar mediante la financiación de despidos de trabajadores incluidos en expedientes de regulación de empleo (ERE), entre los que aparecieron exdirigentes del PSOE que nunca habían trabajado en las empresas beneficiadas. Con cargo al fondo se pusieron pagas, algunas vitalicias, a falsos trabajadores; se abonaron comisiones infladas hasta en un 80% por tramitar las pólizas de prejubilación, y se entregaron tantos billetes al exdirigente sindical Juan Lanzas que podía «asar una vaca» con ellos por conseguir ayudas para empresas en apuros gracias a la amistad que trabó con el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Fue este ex alto cargo, fallecido el pasado 11 de octubre, quien empezó a tirar de la manta del fraude. El 21 de diciembre de 2010, declaró ante la Policía Judicial que el programa 31-L de los Presupuestos de la Junta de Andalucía funcionaba como «un fondo de reptiles» para socorrer a «criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral», entre las que se encontraban su propia suegra, amigos del pueblo, así como dos cuñados y la mujer de Lanzas. Guerrero, que también fue condenado, no era un secundario que pasara por allí. Permaneció nueve años al frente de la Dirección de Trabajo despachando ayudas en su despacho o en la barra de un bar y apagando los fuegos laborales que cercaban al Gobierno andaluz con la manguera de un fondo discrecional.La tesis de la juez AlayaCuando la juez Mercedes Alaya empezó a seguir la pista del dinero de los ERE en enero de 2011, las antiguas autoridades de la Junta pusieron en marcha un dispositivo para cargarle el muerto a Guerrero, cuando estaba vivo y ahora que es un finado, y al interventor, quien alertó quince veces de las irregularidades en auditorías enviadas a Griñán y otros exconsejeros que se guardaron en un cajón. Alaya estaba convencida de que el caso de los ERE respondía a una pirámide delictiva cuyo vértice situaba en los despachos de la Presidencia de la Junta, muy por encima de la cabeza de turco de Guerrero. Tuvo que sortear por ello obstáculos de la Junta para investigar y hasta escraches en la puerta de los juzgados. La sentencia fue el triunfo de la razón que asistía a la juez cuando que defendió que el sistema era ilegal, lo conocían y lo consintieron. Su teoría se impuso a la estrategia exculpatoria del Gobierno socialista que trató de desviar las irregularidades a «cuatro golfos» que utilizaron el fondo a su antojo y sin dar cuentas a nadie.Abrumados por la dureza del fallo, desde la sede federal de la calle Ferraz y la federación andaluza trataron de minimizar los daños insistiendo en que «no es un caso del PSOE» sino de antiguos miembros de cargos de la Junta y del partido –nada menos que dos expresidentes federales de una organización con 141 años de historia– que no se habrían enriquecido con ello. Los fiscales anticorrupción Juan Enrique Egocheaga, a la izquierda, y Manuel Fernández Guerra - EFENo se llevaron dinero, pero permitieron el «enriquecimiento» de unas empresas frente a otras que no tuvieron la suerte de que la administración les tocase con su varita mágica. Pensar lo contrario «nos llevaría al absurdo», advierten los magistrados Juan Antonio Calle, Encarnación Gómez y Pilar Llorente.Susana Díaz, que hizo carrera política bajo la égida de Chaves y Griñán obligó a ambos mandatarios a asumir sus responsabilidades políticas. Renunciaron a sus escaños en el Congreso y el Senado y se dieron de baja como militantes del PSOE. No se llevaron el dinero, pero la creación de un mecanismo arbitrario de ayudas, carente de unas mínimas bases reguladoras, sí les proporcionó un lucro político. El tribunal impuso penas de prisión que suman 68 años, tres meses y 13 días de prisión a diez ex altos cargos, entre ellos el expresidente Griñán, que afronta 6 años y 2 días de prisión y 15 años y 2 días de inhabilitación por dos delitos de prevaricación y malversación. Su pena se ve agravada porque hizo oídos sordos a las alertas del interventor sobre las irregularidades en el gestión del programa de ayudas. Chaves se enfrenta a nueve años de inhabilitación por prevaricar. Los jueces consideran «inimaginable» que permaneciera ajeno a la modificación en el procedimiento por el que se concedían las ayudas –que fue lo que permitió esquivar la fiscalización–. Él presidía el Consejo de Gobierno andaluz que aprobó el cambio.La sentencia ha tenido un potencial devastador para el PSOE, partido pendiente de una renovación en Andalucía. Por sólo nueve días la deflagración de los ERE no alcanzó a SánchezJunto a Chaves y Griñán, fueron condenados 17 ex altos cargos más: seis de sus ex consejeros, figuras tan vinculadas a la historia de la autonomía como Gaspar Zarrías o la exministra Magdalena Álvarez, además de otros once miembros de la antigua cúpula de la Junta. Sólo dos de los 21 acusados fueron absueltos: el jefe de los Servicios Jurídicos Francisco del Río y el exinterventor general Manuel Gómez, que puso reparos al uso de las transferencias de financiación como sistema de pago de las subvenciones. Los condenados no dan por perdida la batalla y han pedido su libre absolución al Tribunal Supremo, que tardará al menos un año en resolver los recursos. Hasta que las condenas no sean firmes, nadie va a pisar la cárcel.La sentencia ha dejado secuelas en el PSOE andaluz, partido que está pendiente de una renovación interna. Pero por sólo nueve días la deflagración de los ERE no le explotó a Pedro Sánchez en plena campaña electoral. Nadie sabe qué habría pasado si los tiempos de la Justicia y la política se hubieran alineado en contra de un presidente que consiguió su primer asalto al poder propulsado por la sentencia de la Gürtel.

Un año de la sentencia contra la corrupción del PSOE en Andalucía que pudo tumbar a Pedro Sánchez

La Audiencia de Sevilla condenó a Chaves, Griñán y 17 exaltos cargos más de la Junta por un fondo corrupto de ayudas

El fallo se conoció nueve días después de las generales que dieron paso al Gobierno del PSOE y Podemos

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