Los concursos de acreedores se duplican en un año en los juzgados de Córdoba

La insolvencia económica va ganando huella en la provincia de Córdoba. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hizo públicos este lunes los datos relacionados con la crisis económica en las instancias judiciales. En el caso de todos los órganos cordobeses relacionados -Primera Instancia, Social o Mercantil- se han registrado hasta septiembre pasado 224 concursos de acreedores de los que 204 están protagonizados por personas físicas, apenas una veintena por personas jurídicas y solamente cuatro por empresas.

Lo llamativo de estos datos está en el tercer trimestre -los últimos en conocerse-, ya que los 105 registrados entre junio y septiembre representan el doble que un año atrás: 105 frente a 52 en el verano de 2022. Un incremento muy ostensible protagonizado por la situación de las familias o las personas que se quedan sin recursos para hacer frente a sus deudas.

Los 93 casos individuales computados en esos tres meses son más que los presentados al año desde el ejercicio 2016 y hasta 2022, según las cifras que aporta el Poder Judicial en su informe, al que ha tenido acceso ABC.

La Ley de Segunda Oportunidad, que permite cancelar parcial o totalmente las deudas individuales acogiéndose a un mecanismo donde se abre una vía concursal, se puso en marcha en 2015. Es a partir de 2016 cuando aparecen las primeras estadísticas al respecto.

De hecho, en el caso de la provincia de Córdoba se presentaron ese año 11 concursos individuales, cifra que fue aumentando con el paso de los años hasta los 71 de 2022. Sin embargo, los 93 que constan hasta septiembre baten el récord de uso de esta herramienta legal para personas físicas que no pueden cumplir con sus acreedores.

Los concursos presentados por personas naturales no empresarios fueron los únicos que se incrementaron con respecto al tercer trimestre de 2022: se registraron 7.441, un 124,3 % más que hace un año en toda España. Cataluña fue el territorio con más concursos de este tipo, 1.992, que representan el 26,8 % del total de toda España. Le siguieron Andalucía, con 1.052; la Comunidad Valenciana, con 968; y Madrid, con 944.

En el caso de los que protagonizan personas jurídicas o empresas, la evolución es a la baja tras el repunte que el parón de la Covid-19 produjo en los juzgados y la tramitación de estos, que se paralizó por norma para no ahondar más en el impacto económico que la pandemia tuvo para todos los sectores de actividad.

Aun así, durante 2021 un total de 45 empresas presentaron un concurso de acreedores en Córdoba, una menos que al año siguiente. Una incidencia muy parecida a la otra modalidad, la de personas jurídicas, que pasaron de 42 a 52 en esos años.

En cuanto al trámite final, la declaración del concurso por parte del juez, que a su vez acaba designando un administrador, de los 224 presentados en los nueve primeros meses de 2023 se han constituido 131, lo que representa un 20% más que el total de casos en 2022 y el doble, por contra, frente a 2021.

El número de concursos declarados en el tercer trimestre a nivel nacional fue de 6.357, lo que ha supuesto un incremento del 235,1 % respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a las liquidaciones finales para estos concursados, en el acumulado de este año se han dado 18, un dato a la baja frente al resto de años con cifras: 72 casos en el total de 2022 y una treintena por ejercicio casi de promedio desde 2016 (a excepción de 2018 donde se dieron 16).

La otra franja estadística que contempla los efectos por la crisis económica que llega a los juzgados pivota sobre las reclamaciones por deudas contraídas entre particulares, las demandas por despidos o los lanzamientos judiciales (desalojos bien sea por ejecución hipotecaria al no cumplir con el pago, bien por la morosidad en el alquiler).

Esta otra cara de la moneda contiene o incluso va hacia la baja en cuanto a su impacto. Si la fórmula concursal crece, los lanzamientos, por ejemplo, disminuyen de manera importante (hasta la mitad, incluso). De forma más concreta, en los tres primeros trimestres de 2023 se han llevado a cabo 157 lanzamientos judiciales: 94 de ellos por la falta de pagos del alquiler de una vivienda y 50 por no cumplir con la hipoteca mensual de un inmueble.

Esa cifra está lejos de los 401 casos de lanzamientos que se dieron en todo 2022 e incluso los 362 que pusieron en marcha los juzgados cordobeses un año antes.

En la misma proporción, los procedimientos activados por el impago de arrendamientos fueron el tipo más voluminoso durante 2022 y 2021: 250 y 220 casos, respectivamente, según la estadística que difundió ayer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Por su parte, los lanzamientos por ejecución hipotecaria alcanzaron los 129 y 112 casos en sendas anualidades.

Otra de las herramientas fijadas para las deudas entre personas son los llamados monitorios judiciales. Se caracterizan por ser una vía rápida y ágil para la reclamación de deudas de carácter dinerario, ya que únicamente es necesaria la celebración de una vista o comparecencia ante el juez si el deudor se opone a la reclamación presentada.

Las cifras de 2023 promediadas mantendrían el nivel de casos recogidos en 2022 y 2021. Así, hace dos años se registraron 10.031 en los juzgados cordobeses. Un año después la cifra se elevó a por encima del 20% hasta los 12.527. Y entre enero y septiembre del presente año son casi 9.500 los inscritos.

En esta línea sostenida de incidencia de los monitorios se encuentran también las demandas de trabajadores por despidos. Los datos recogidos hasta septiembre se elevan a 1.099 procesos judiciales abiertos, son más que todos los que se firmaron en 2021 (1.046) y por debajo de las demandas de 2022 (1.3442), aunque en unos números muy próximos. Por su parte, las reclamaciones por cláusulas suelo sí han descendido a la mitad, ya que los guarismos de estos nueve primeros meses son 647 frente a los 1.296 del año pasado, o los 1.561 de 2021.