La Abogacía del Estado intenta que el Tribunal Supremo no condene a Sánchez por demorar la Conferencia de Presidentes

El escrito, al que ha tenido acceso ABC, ya ha sido remitido a los recurrentes, que son ocho de las comunidades y las dos ciudades autónomas presididas por el PP: Madrid, Extremadura, Castilla y León, Murcia, Aragón, Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana, Ceuta y MelillaL. El abogado del Estado argumenta que, una vez convocada la cita, el recurso «carece de objeto».

La cumbre fue anunciada por Pedro Sánchez por primera vez el 30 de julio de este año, en su comparecencia posterior al despacho con el Rey en Palma de Mallorca. Ahí anticipó que sería en Cantabria, con la vivienda como eje y que empezaría a prepararse en septiembre. Posteriormente se refirió a su convocatoria en distintas ocasiones. Finalmente, se convocó el comité preparatorio de la misma para el lunes 28 de octubre.

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De ese comité, en el que participan el ministro de Política Territorial, el socialista Ángel Víctor Torres, y los consejeros de Presidencia, salió oficialmente el lugar (Santander), la fecha («antes de que termine el año»), el orden del día (vivienda, financiación, inmigración y recursos sanitarios; aprobado por apoyo unánime de todas las comunidades salvo País Vasco que se abstuvo) y el funcionamiento (intervención del presidente del Gobierno y posteriormente de los autonómicos, por orden de aprobación de sus respectivos estatutos de autonomía). Después, se concretó la fecha del 13 de diciembre.

El PP empezó a reclamar la convocatoria a finales del año pasado. El 23 de noviembre de 2023, todos los dirigentes autonómicos del PP remitieron una carta al presidente del Gobierno pidiendo la convocatoria de la cumbre para que el Ejecutivo informara sobre «el alcance y los efectos que tendrán los acuerdos para su investidura sobre principios básicos como la equidad de trato entre los españoles o la independencia judicial, entre otros».

El 12 de enero el ministro Torres aseguró que la conferencia se celebraría, pero sin precisar cuándo, y pidió que tuviera el «espíritu» de «búsqueda del acuerdo y del consenso». Cinco días después, el PP volvió a pedirlo formalmente, así como en numerosas comparecencias y entrevistas, en las diferentes cámaras y parlamentos autonómicos. Y, ante la inacción del Gobierno, el pasado 24 de abril los ejecutivos del PP volvieron a reclamar la convocatoria, esta vez asegurando que, de no atenderse la petición, se «les estaría empujando a tener que recurrir a otras instancias para que se cumpla la legislación». Finalmente, ese mismo mes se presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, que fue admitido el 30 de julio.

Fue en ese contexto cuando el Gobierno puso en marcha los trámites de la convocatoria con un único punto en el orden del día: vivienda. No obstante, la acción coordinada de los gobiernos autonómicos forzó a que se incluyeran más asuntos: financiación, inmigración y recursos sanitarios de las comunidades.

La conferencia que se celebró este viernes en Santander es la número 27 desde que este órgano viera la luz hace veinte años, durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y es la primera en esta legislatura tanto nacional como autonómica. La anterior cita tuvo lugar en Los Llanos de Aridane (La Palma) el 13 de marzo de 2022.