Yolanda Díaz congela el salario mínimo en 1.080 euros a expensas de acordar una subida para 2024 con los empresarios y sindicatos
El Gobierno retomará las negociaciones con los agentes sociales a la vuelta de las fiestas navideñas y aplicará la actualización con carácter retroactivo
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La empresa afronta costes extra de 7.000 millones tras el peor dato de nuevas aperturas desde 2019
![La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz](https://s1.abcstatics.com/abc/www/multimedia/economia/2023/12/27/EuropaPress_5633494_vicepresidenta_segunda_ministra_trabajo_yolanda_diaz_sesion_control-R0d7NFHE06wT6DBLAQ3ZVGK-1200x840@abc.jpg)
El salario mínimo interprofesional (SMI) arrancará 2024 congelado en los actuales 1.080 euros mensuales en catorce pagas. La falta de acuerdo en las dos tomas de contacto que el Ministerio de Trabajo ha mantenido en las últimas semanas con los agentes ... sociales, y la intención decidida de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, de hacer de esta medida el primer gran acuerdo tripartito de la legislatura ha obligado al Ejecutivo a plegar velas hasta tener amarrado un incremento con el que estén de acuerdo tanto las asociaciones empresariales como sindicales.
Presumiblemente, el incremento se situará en el entorno del 4%, que es la oferta de actualización que trasladó Trabajo a los agentes de la mesa de diálogo en la segunda reunión celebrada a comienzos de diciembre, y se aplicará con carácter retroactivo. Un aumento que, más allá, se situaría entre el 3% ofrecido por la patronales CEOE y Cepyme, y el 5% demandado por los sindicatos CC.OO. y UGT. Por lo que de sustanciarse la revalorización ofrecida por el gabinete de Díaz, el salario mínimo se situaría en 2024 en los 1.123 euros mensuales. Lo que supondría, no en vano, un aumento de los costes para las empresas por la base mínima de cotización de unos 1.800 millones de euros.
Con todo, fuentes empresariales consultadas por ABC enfrían el posible pacto tripartito si el Gobierno no cede en algunas de las exigencias que las organizaciones presididas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva han puesto sobre la mesa para entrar al pacto de subida. Por un lado está la bonificación del 20% en las cotizaciones de los trabajadores agrarios -un sector altamente afectado por las reiteradas subidas del SMI, hasta un 475 en cinco años, al emplear a un elevado número de trabajadores con la mínima remuneración legal-.
Aquí, varias fuentes cercanas a la mesa de negociación confirmar que parece haber terreno para la exploración, si bien parece que la pelota del acuerdo final se jugará en el terreno de la indexación de los contratos públicos al avance del SMI. Es decir, actualizar la tarifa de las subcontratas cuyas empresas prestatarias acumulan en los últimos años incrementos sustanciales de los costes laborales, principalmente por el lado de la base mínima asociada al salario mínimo, sin haber experimentado al mismo tiempo un incremento del precio pactado con la Administración antes de estos cambios.
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Teniendo en cuenta, eso sí, que la vicepresidenta y titular de Trabajo Yolanda Díaz, había trasladado a los negociadores de empresarios su intención de negociar con Hacienda esta indexación, pero que la ministra María Jesús Montero había puesto pie en pared sólo unas horas después de que se deslizase esta línea roja, parece que o bien la patronal cede en este punto y amarra la 'victoria' de la rebaja de cotizaciones al campo como trofeo ante la nueva subida del SMI o se desmarca del pacto tripartito que tanto ansia el Gobierno para dar lustre al arranque de la legislatura.
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