La empresa afronta costes extra de 7.000 millones tras el peor dato de nuevas aperturas desde 2019

Aunque los incrementos vienen predeterminados por la legislación aprobada, llegado el cierre de año con una desaceleración económica que aflora ya en la mayoría de las lecturas de cifras macroeconómicas, el golpe que se avecina podría causar más daño del esperado. Así lo trasladan desde la patronal CEOE, que advierte de los peligros inminentes que sobrevuelan el tejido productivo. «En España hay un clima de negocios cada vez más complicado», señaló el presidente de la patronal Antonio Garamendi durante un encuentro celebrado recientemente sobre '¿Cómo afecta la presión normativa, económica, fiscal y laboral a las empresas?' junto al Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos de España.

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El punto de partida de este aluvión de nuevos costes empresariales de 2024 no es el mejor. España contaba a cierre de octubre -último dato disponible sobre compañías con alta en Seguridad Social- con un total de 1.444.195 empresas, lo que suponen 50.648 menos que hace cinco años -tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa-. Entre medias, bien es cierto que el tejido empresarial se ha visto zarandeado primero por una pandemia que redujo la actividad comercial a mínimos y forzó numerosos cierres de compañías en los peores momentos de la crisis sanitaria -y por las fuertes restricciones que estuvieron en pie en los meses posteriores- y por una crisis inflacionista sin precedentes que ha elevado sobremanera los costes de producción en dos años, cerca de un 25% según cálculos de Cepyme.

Además, los síntomas que acompañan al enfriamiento del crecimiento económico no arroja mejores expectativas. El pasado octubre se perdieron 9.519 empresas, lo que supone el peor saldo en este mes de los últimos cinco años -hay que remontarse a octubre de 2018 cuando se perdieron 10.956 para encontrar una cifra peor- y es el segundo peor balance de los últimos quince años -sólo superado por las 16.117 compañías que cayeron en el décimo mes de 2011, en plena Gran Recesión-. Una muestra de debilidad que también se aprecia en el acumulado del año: entre enero y octubre de 2023 la Seguridad Social sumó 22.377 nuevas empresas, siendo este el peor registro de los últimos cuatro años -hay que retrotraerse a 2019 cuando en los primeros diez meses del año se sumaron solo 14.512 compañías-.

Precisamente, advierten desde la patronal, el caldo de cultivo parece cada vez más nocivo para el florecimiento de los negocios y no sólo por el aumento de costes que se prevé continúe su senda ascendente tras 2024, sino también por la elevada producción normativa que ha instalado una sensación de inseguridad jurídica, que por ejemplo ya se ha trasladado a la inversión extranjera en nuestro país: ha caído un 23% en este 2023.

«La creación de un clima más favorable para las empresas es uno de los grandes retos pendientes de la sociedad española. Una economía no puede prosperar si sus empresas no crecen porque pierden competitividad y rentabilidad. El marco normativo, fiscal y social debe estimular la inversión empresarial como palanca para mejorar la productividad, el empleo y por ende el nivel de vida», explicaba el director general del Instituto de Estudios Económicos y analista jefe de CEOE, Gregorio Izquierdo.

Sobre este aspecto, el economista Javier Santacruz subraya que en plena estanflación parecen sorprendentes las cifras de empleo, especialmente si atendemos lo que dicen las diferentes encuestas a autónomos y pymes que arrojan costes crecientes, cifra de negocio estable o en descenso, dificultad para encontrar perfiles profesionales adecuados... «Esta cuestión merece una reflexión para deslindar lo que dicen las grandes cifras macro de lo que está pasando en la economía real», advierte el experto.

Por su parte, el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago Ollero, centra su crítica sobre el peso de la fiscalidad que soportan las compañías de nuestro país, que lamina la competitividad respecto a otras economías europeas. «En el caso de la recaudación procedente de las empresas, en España se sitúa en un 32,5%, mientras que en la Unión Europea alcanza el 23,9%, de manera que podemos manifestar que, con relación al PIB, la presión fiscal empresarial escala al 10,8% del PIB frente al 10,2% de promedio en la UE», señala recordando que las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan las empresas ya equivalen al 10% del PIB, «lo que nos sitúa muy por encima de la media tanto de la UE».