La Seguridad Social ya arrastra 27.000 millones de déficit de cotizaciones que tampoco cubrirá la reforma de pensiones

Sin embargo, como advierten los expertos, solo el primer paquete de medidas en el que se incluía la indexación de las pensiones al IPC acarrea una senda de aumento del gasto que se prevé entre 3,2 y 4,7 puntos porcentuales del PIB para mitad de siglo, por lo que en ese momento la factura anual habrá crecido entre 38.400 y 56.400 millones de euros a causa de esta revalorización con la inflación. A esto, además, habría que añadirle el gasto mayor que supondrá elevar las pensiones mínimas de jubilación hasta el entorno de los 1.200 euros en un plazo de cuatro años y la mejora de tratamiento de la lagunas de cotización junto con la nueva versión de la ampliación de años cotizados para el cálculo de la pensión -este último punto estiman desde la Seguridad Social que acarrea un mayor gasto de entre una y dos décimas del PIB-.

Con estas cifras sobre la mesa, son muchos los expertos, economistas y catedráticos que han descartado una mejora de la sostenibilidad del sistema de pensiones a partir de estas medidas que se irán introduciendo progresivamente y que, básicamente, se sustancian en un mayor esfuerzo de empresas y de los trabajadores con los sueldos más altos -quienes igualen o superen la base máxima de cotización, actualmente en los 54.000 euros anuales- para poder financiar el gasto creciente. «La reforma carga el peso de los ajustes sobre los cotizantes, no han tocado si quiera el gasto en las pensiones futuras a través de la ampliación del periodo de cómputo», señala en un breve análisis para ABC el profesor de la Universidad de Valencia e investigador del IVIE, Enrique Devesa.

En este sentido, el alcance limitado de la reforma de pensiones no aflora solo por las proyecciones de aumento de gasto que no son cubiertas por las previsiones de aumento de ingresos a raíz de la nueva normativa, sino que la Seguridad Social ya arroja en la actualidad una situación deficitaria en términos contables puros.

Aunque la Seguridad Social comunica oficialmente que el déficit a cierre de 2022 se sitúa en torno al 0,4% del PIB, casi 5.000 millones de euros, en este balance el Gobierno contabiliza los diferentes ingresos extraordinarios que recibe a través de préstamos y transferencias procedentes del Presupuesto General del Estado, es decir, de los impuestos. Y no es cosa menor, si se contabilizase aquí todo el cuadro de gastos de la Seguridad Social el déficit sería mucho más profundo, de casi 40.000 millones de euros más que es el valor de la transferencia procedente del Estado prevista en 2023 -cabe recordar que la parte de la transferencia equivalente a los denominados gastos impropios de la Seguridad Social, los no contributivos, asciende a 23.000 millones de euros, pero sigue estando por debajo de la necesidad total de financiación extra del sistema-.

Es aquí donde aparece el concepto de déficit contributivo para despejar la maraña de ingresos procedentes de diferentes vías y observar si el gasto contributivo y ordinario, principalmente las pensiones, es cubierto por la fuente de ingresos natural de la Seguridad Social, las cotizaciones de los trabajadores. La respuesta es 'no'. De hecho, el sistema de reparto, basado en que son las cotizaciones actuales las que financian las pensiones queda en esta instantánea bastante tocado y está lejos de garantizar una sostenibilidad de las pensiones por la vía de la evolución del empleo.

Según el último dato calculado por el Grupo de Investigación en Pensiones y Protección Social en que participan seis catedráticos expertos en la materia de las universidades de Valencia, Extremadura y la Universidad Rey Juan Carlos, el déficit contributivo de la Seguridad Social se situó a cierre de 2022 en los 26.266 millones de euros, lo que supone prácticamente dos puntos porcentuales del PIB. Es decir, cinco veces más que el déficit contabilizando transferencias y préstamos recibidos durante el ejercicio.

Aunque este déficit es bastante más abultado del que refleja la ejecución presupuestaria adobada de transferencias, sí cabe reconocer que la sustantiva mejora del empleo de los dos últimos años, que solo en 2022 elevó en un 8% la recaudación de cotizaciones sociales, ha permitido una rebaja no menor de este saldo negativo, que a comienzos de 2021 rebasaba los 30.000 millones de euros.

«En el futuro habrá que tomar medidas», señala Devesa augurando un corto alcance a una reforma de la que, más allá, está por ver cómo impacta en el mercado laboral de forma colateral. «Habrá un momento en el que no se puedan seguir subiendo los costes laborales para aumentar los ingresos del sistema, las empresas no van a poder competir», advierte el experto que ve cortas las 'patas' de la sostenibilidad con estas medidas.

Explica en este punto Devesa que parece lógico el rechazo de los empresarios a este paquete de medidas ya que hace descansar el incremento de ingresos en la subida del tipo de cotización. «Como el tipo de cotización no contabiliza en la fórmula de cálculo de la pensión, utilizar esta vía implica que especialmente los sueldos altos pagarán más pero no recibirán nada a cambio». «Habrá que hacer otra reforma», sentencia el experto augurando que las cuentas no saldrán y que si la Comisión Europea da el visto bueno es precisamente por incorporar una cláusula de revisión del sistema cada tres años que abre la puerta a nuevas subidas de cotización e incluso a ajustes del gasto.