El rechazo de Hacienda a actualizar los contratos públicos deja en punto muerto la subida del salario mínimo para 2024

Estas exigencia que tanto CEOE como Cepyme pusieron sobre la mesa para acceder a un acuerdo de revalorización que rebasase su pretensiones son las mismas que están impidiendo el acuerdo a día de hoy, echando por tierra además una de las principales pretensiones del Ejecutivo de anunciar un consenso amplio, con todos los agentes sociales, como pistoletazo de salida de la nueva legislatura en torno a la subida del SMI.

Al cierre de la reunión de este lunes esa foto con del Ejecutivo con empresarios y sindicatos parece más alejada. Tal y como explicaba al cierre de la reunión la negociadora de CC.OO. Mari Cruz Vicente, los representantes del Ministerio de Trabajo han confirmado el rechazo por parte del conjunto del Gobierno a las dos peticiones que habían realizado los representantes empresariales para entrar a negociar subidas mayores del 3%: la indexación de las subidas del SMI a los contratos públicos y una rebaja de hasta el 20% en las cotizaciones de los empleados del sector agrario.

Aunque desde CEOE no han hecho ningún pronunciamiento público tras este tercer encuentro, varias fuentes empresariales consultadas por ABC ya aseguraban hace días que la negativa del ministerio capitaneado por María Jesús Montero para abordar la indexación del SMI a las contratas públicas, a la que ahora se suma la negativa a las bonificaciones de cotizaciones para el campo, alejaba la posibilidad de acuerdo. Lo que hacía temer a los empresarios que el Gobierno decidiera apostar por un acuerdo bilateral con CC.OO. y UGT llevando la subida al nivel máximo puesto sobre la mesa, el 5% que piden los sindicatos.

No obstante, al término de la reunión, el negociador de UGT Fernando Luján, sí deslizó que la patronal se habría comprometido a llevar a sus órganos de dirección la propuesta del Gobierno del 4%. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguraba a través de sus redes sociales minutos después de finalizar la reunión que ésta «va a ser la legislatura de los salarios y de la reducción de la jornada laboral». «Lo hemos subido un 50%, pero no nos conformamos. Hay que reducir el diferencial de 25 puntos respecto a los salarios europeos», subrayaba.

Con todas las dificultades y obstáculos, el Gobierno trabaja además con la prisas de querer lanzar la medida lo antes posible, para aminorar además el impacto sobre las empresas en las que se encuentren los más de 2 millones de trabajadores afectados por el SMI ya que una vez entre en vigor la norma, estas deberán actualizar las retribuciones de sus trabajadores con carácter retroactivo. En este sentido, el Trabajo volverá a llamar a las organizaciones empresariales y sindicales para este jueves o viernes de cara a zanjar la negociación y aprobar el decreto con la subida del SMI lo antes posible.

Tal y como avanzó ABC, el rechazo del Ministerio de Hacienda a actualizar el precio de las contratas públicas de los últimos años, en las que las empresas prestatarias han visto como sus costes salariales se han incrementado hasta en un 47% en los últimos cinco años para los trabajadores con el salario mínimo, está en el coste que esta revisión de precios tendría para las arcas públicas. Más aún en un momento en el que el marchamo del rigor presupuestario comienza a barnizar los planes presupuestarios del Ejecutivo, con el objetivo obligado de reducir el déficit a marchas forzadas para cumplir con las nuevas reglas fiscales pactadas por los países de la Unión Europea.

Según se desprende del estudio elaborado por las propias organizaciones empresariales estas compañías con contratos con la Administración han tenido que hacer frente a costes extra de 700 millones de euros en forma de subidas salariales que no se han visto compensados con actualizaciones de los precios de los contratos. Además, fuentes empresariales reconocían que el nivel del drenaje de cotizaciones a la Seguridad Social por las bonificaciones a los trabajadores del campo dificultaban el plácet del conjunto del Gobierno a esta otra petición de las organizaciones dirigidas por Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva por la pérdida de ingresos que comporta.

Con todo, al expensas de conocer el resultado final de la revalorización del salario mínimo, la medida supondrá la última subida de cotizaciones sociales que experimentarán las empresas en este ejercicio -desde el 1 de enero se han desplegado la subid del mecanismo de equidad intergeneracional al 0,7%, y la subida de las bases máximas un 5% por el IPC y la senda de destope-. Según calculan desde la patronal y refrendan los economistas consultados por ABC una subida del 4% propuesta por Trabajo tendría asociado un coste extra para las empresas de unos 1.800 millones de euros, que se sumarán a los 5.000 millones que proveerán las subidas del mecanismo de equidad y de las bases máximas.