Una pelea de 700 millones entre CEOE y Hacienda aleja el acuerdo para subir el Salario Mínimo
Un informe interno de CEOE impulsado por una veintena de organizaciones sectoriales advierte de un colapso en la contratación pública si el sector público no se aviene a revisar los contratos
La organización empresarial se niega a avalar más subidas en tanto el Gobierno no se comprometa a dejar de cargar el impacto económicos a sus proveedores de servicios
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Cada punto de subida salarial que se acordó en los convenios sectoriales durante el episodio inflacionista que se prolonga ya por cerca de tres años provocó un perjuicio de 200 millones de euros al tejido de empresas prestadoras de servicios al sector público. La ... imposibilidad legal de repercutir en las tarifas de los contratos, en la mayor parte de los casos de extensión plurianual, las subidas salariales extraordinarias acordadas en los convenios por el descontrol del IPC o por decisiones discrecionales del Gobierno como la subida del salario mínimo interprofesional han conducido a muchas empresas proveedoras de servicios para el sector público a una situación límite, en la que se han visto condenadas a operar a pérdidas o a renunciar a la prestación del servicio ante el riesgo de comprometer su misma viabilidad.
Tras varios años intentando sin éxito que el Gobierno regulara en las leyes de presupuestos, en los decretos extraordinarios por la guerra de Ucrania o en los decretos de subida del SMI un dispositivo que permitiera trasladar a las retribuciones de los contratos el coste salarial extra de las subidas en convenio o en el salario mínimo, las asociaciones de contratistas con el sector público de CEOE decidieron hace unos meses recopilar información de sus asociados para tratar de aproximar el agujero que está generando a las empresas una situación que consideran injusta y que, advierten, puede conducir al colapso a la contratación pública en España.
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ABC ha tenido acceso a ese informe, que a partir de los datos proporcionados por una veintena de asociaciones integradas en CEOE y con especial implicación en el ámbito de la contratación pública estima en algo más de 700 millones de euros el gasto que tendría que asumir el conjunto del sector público para compensar el deterioro causado a sus empresas proveedoras de servicios, tanto por las revisiones salariales han tenido que absorber como por el límite máximo de revisión de precios del 20% instaurado en las obras públicas para compensar el encarecimiento de materiales y componentes.
La cifra, que las fuentes empresariales consultadas califican de aproximación y no confirman que haya sido enarbolada en la negociaciones con Trabajo y sindicatos, ayuda a perfilar la magnitud del problema que ha llevado a CEOE a plantarse en la negociación con Gobierno y sindicatos sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de cara a 2024 y a establecer la revisión de precios de los contratos públicos como condición 'sine qua non' para sumarse a un acuerdo social sobre el aumento del suelo salarial en España.
Los empresarios no están dispuestos a asumir una nueva subida del salario mínimo en tanto no se les garantice que no van a tener que absorberla contra los ya estrechos márgenes con los que concurren a las licitaciones públicas, como ha venido sucediendo hasta ahora por la resistencia de Hacienda a revisar los precios.
Riesgo de parálisis de la contratación pública
El informe interno impulsado por los sectores empresariales más afectados por esta situación, entre los que están el de jardinería, seguridad, limpieza, restauración o servicios deportivos, denuncia que la falta de revisión de los precios ha situado a «todos los contratos públicos en situación de muy importantes pérdidas económicas que las empresas contratistas no podrán afrontar» y advierte de que la persistencia de esta situación podría provocar parálisis en la contratación pública por el incremento de convocatorias desiertas, resoluciones de contratos ante la imposibilidad de prestarlos bajo las condiciones tarifarias pactadas en origen y un incremento de la litigiosidad en la contratación pública.
Hablamos de un conflicto que, según el informe al que ha tenido acceso ABC, afecta a un segmento que mueve 35.000 millones de euros y que da empleo a 1,4 millones de empleados.
La aproximación de la compensación necesaria por la no revisión salarial de los contratos públicos se construye sobre la hipótesis de que estos fueran actualizados según la subida salarial de los funcionarios, del 3% en 2023, y concluye que el sector público debería compensar con 359 millones a las empresas contratistas. La mayor parte de esa factura debería ser asumida por autonomías y ayuntamientos, 302 millones, en tanto que el Estado debería reintegrar a sus contratistas 57 millones. Los sectores más afectados por esta situación son los de saneamiento urbano, actividades deportivas y limpieza.
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El informe también estima la compensación que deberían percibir los contratistas de obras públicas a cuenta del perjuicio por la limitación del 20% en las revisiones de precios por el encarecimiento de materias primas y materiales de construcción. Sobre la base de que ese límite se elevara al 30%, se estima que su absorción exigiría el pago por parte del sector público de 343 millones de euros, de los cuales 142 millones deberían ser abonados por el Estado, 158 millones por las comunidades autónomas y 43 millones por las corporaciones locales.
La batalla de CEOE por conseguir que el Gobierno regule la actualización de los contratos públicos, al menos cuando haya costes sobrevenidos no previstos en los pliegos iniciales, cuenta con el respaldo de los sindicatos, que aceptaron incluir esta exigencia en el acuerdo para la mejora del empleo y la negociación colectiva en el periodo 2022-2024, y también se considera aceptable por parte de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Las reticencias, según admiten fuentes de todos los sectores implicados en la negociación del salario mínimo, vienen del Ministerio de Hacienda, que temen la deriva en forma de mayor gasto público que podría tener esa regulación.
El Ministerio de Hacienda mantiene desde hace años el criterio de que los sobrecostes derivados de circunstancias como las subidas excepcionales de sueldos en convenios o incluso las medidas regulatorias adoptadas por el mismo Gobierno forman parte del riesgo y ventura que las empresas asumen en los contratos públicos.
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