Sánchez ofreció «sillas» en los consejos del Ibex a sus socios a cambio de ser investido

Las mismas fuentes aseguraron a este periódico que, una vez conseguido el objetivo de volver a sentar a Sánchez en La Moncloa, el proyecto se ejecutaría, a priori, a lo largo de 2024 en adelante, una vez arrancado como ejemplo el proceso con la entrada del Estado en Telefónica. Un anuncio que no fue casual en el tiempo, filtrado a finales de octubre de 2023, apenas dos semanas antes de conseguir el 'sí' para arrancar la segunda legislatura de Sánchez.

El plan inicial suponía un alto coste para las arcas públicas, por lo que el Gobierno había pensado en acelerar cuanto antes las negociaciones para sacar adelante las cuentas del Estado para 2024. No obstante, estaba en parrilla de salida un plan B, ante las dudas que tenía el propio Gobierno sobre la aprobación de los nuevos presupuestos. El as en la manga era la creación de la SEPI digital (SETT) dependiente de la cartera del ministro José Luis Escrivá, con fondos europeos ya en la recámara.

Pero la falta de nuevos presupuestos ha dado al traste con lo hablado entre socialistas y, sobre todo, partidos nacionalistas vascos y catalanes y, de momento, deja en suspense la intención del Gobierno y sus socios y aliados (a saber, Junts, ERC, PNV, Bildu, Podemos y Sumar) de buscar más oportunidades de inversión en empresas estratégicas, ya que se han tenido que prorrogar los de 2023 y la partida presupuestaria para nuevas inversiones a través de la SEPI está prácticamente agotada.

Aún así, el proyecto sigue ahí, tanto para entrar en compañías públicas como privadas, en base a la Ley de Inversiones Extranjeras. Según esta norma, cualquier compañía del selectivo español podría enmarcarse dentro de los sectores estratégicos defendibles por este Gobierno y susceptibles por tanto de ser «ayudados». La ley incluye «infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles, así como los terrenos y bienes inmuebles que sean necesarios para su operación».

Según fuentes políticas del entorno de Junts y ERC, en el pacto no oficial del Gobierno con los partidos catalanes, incluso se habló de la posibilidad de obtener ayuda –financiera o profesional– para mantener con vida a Grifols. Algunas fuentes citan a ERC como la reivindicadora y otras a Junts. Las fuentes puntualizan que se pactó pero para tratar a lo largo del año, como cesión posterior, y no quedó reflejada en el documento firmado, pero los catalanes trasladaron a Sánchez que la compañía era estratégica para España y que su situación era «delicada» y habría que «echarle un cable», como ocurriera con «otras estratégicas, como Air Europa o Plus Ultra».

Las fuentes financieras y políticas consultadas coinciden que lo cierto es que este Gobierno tiene aún en el punto de mira a varias empresas estratégicas del Ibex, como ha pasado con Telefónica. Y que con la excusa de defenderlas de posibles incursiones de fondos especuladores o buitres de procedencia poco amigable –tal y como ha ocurrido con la operadora con STC y la operación aún en estudio de la firma húngara en Talgo–, se valoró la posibilidad de tomar pequeñas participaciones, pero relevantes para que le dieran opción a sentar a un consejero, en alguna empresa más, sobre todo, del sector energético, el más estratégico de todos los sectores productivos para el Gobierno, que «está muy volcado en su control».

Grandes empresas consultadas no quisieron hacer declaraciones a este periódico a pecho descubierto, si bien coincidieron en advertir del riesgo que la entrada en sus consejos supondría para su gobernanza y dudan de que la participación estatal precisamente con este Gobierno cree estabilidad en sus planes y decisiones, muy al contrario, dados los ejemplos en los que ya está metido el Estado a través de la SEPI, y apuntan a Indra, Aena, Enagás o incluso Redeia.

Fuentes de los mercados avisan de que dicho plan crea incluso dudas financieras, ya que el propio Grupo SEPI consolida empresas con pérdidas millonarias como Correos o Navantia, y sus beneficios, si bien es verdad que en los dos últimos años han sido positivos, no dan para grandes inversiones. En 2000, tal y como adelantó ABC, el consejo del holding ya exploró con Hacienda la posibilidad de emitir deuda para mejorar sus vías de financiación, algo que vuelve a tener sobre la mesa, aunque ahora, con el caso de Telefónica, el Gobierno ha anunciado que ha utilizado fondos FLA que iban destinados a las Comunidades Autónomas.

Según las fuentes, una segunda derivada del plan ahora en semi 'stand by', es reforzar a través de sus nuevas participaciones las cuentas y el colchón de capital en la propia SEPI, gracias a los dividendos reportados por las grandes empresas cotizadas en las que el Estado lograse tener participación, como ya hace con las actuales.

De hecho, en los dos últimos ejercicios, a pesar de los problemas y pérdidas en Navantia, Correos, Hunosa y la Agencia EFE, la SEPI ha entrado en beneficios en los dos últimos ejercicios publicados (2023 aún no se ha hecho público; en 2021 registró beneficios de 159 millones y en 2022 de 43 millones). Esto ha sido exclusivamente por los buenos resultados de las empresas del Ibex en las que participa minoritariamente y los dividendos reportados. Solo en 2023 ingresó casi 300 millones de euros en concepto de dividendos por sus participaciones.