Hacienda cierra el grifo a los ministerios y frena en seco sus gastos extra

Lo que cuentan las cifras que mes tras mes registra la Intervención del Estado es que en ese periodo el presupuesto se amplió en menos de 1.000 millones de euros, cuando en el primer semestre -con unas elecciones generales en puertas, es cierto- Hacienda autorizó gastos extra a los ministerios por más de 13.000 millones.

Industria y Transporte, a los que se concedieron créditos extra de 3.500 millones; o Defensa, que ensanchó su límite de gasto en cerca de 2.500 millones, asoman como los potenciales perjudicados de esta nueva estrategia de cerrar el grifo del gasto.

Lo ocurrido en la segunda parte de 2023 supone una anomalía en la gestión de los Presupuestos durante la era Sánchez, en la que el gasto previsto en las cuentas aprobadas en el Parlamento se ha incrementado de forma sistemática y más que cuantiosa al ritmo que marcaban las necesidades del momento. Entre la segunda parte de 2018 y 2019, el Gobierno de Sánchez ya gastó 25.000 millones de euros más de lo que se preveía en últimas cuentas diseñadas por Cristóbal Montoro, con las que se vio obligado a gobernar hasta 2021 por la falta de apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante sus propios presupuestos.

En 2020, la pandemia voló por los aires no sólo la nueva prórroga de las cuentas de 2018 sino todo el marco presupuestario y el Gobierno añadió más de 76.000 millones a unas cuentas que inicialmente preveían un gasto financiero y no financiero de algo menos de 278.000 millones y que cerraron el año con un gasto total cercano a los 360.000 millones. Se gastó casi un 30% más de lo presupuestado.

Un año más tarde el hecho de alumbrar al fin un nuevo Presupuesto y además con el mayor gasto público de la historia no impidió que el Ministerio de María Jesús Montero abriera la mano para ensanchar en otros 18.995 millones extra la cuenta de gastos del Estado, principalmente para financiar las medidas contra la inflación, no previstas en el proyecto inicial. En 2022, con el escudo de la suspensión de la reglas fiscales, Hacienda tampoco tuvo inconveniente en autorizar 28.814 millones extra por encima de lo previsto. El año pasado, a falta del cierre, a la altura de noviembre el Gobierno ya había añadido 14.048 millones a la cuenta de gasto.

Con estos precedentes lo que se viene observando desde el verano augura un cambio de enfoque en la política presupuestaria gubernamental. Desde el Ministerio de Hacienda se asegura que ese frenazo en las autorizaciones de gastos extra «está influenciado por el hecho de que el Gobierno estuvo en funciones gran parte del segundo semestre y esto afecta a la actividad gubernamental, limitándola». Sin embargo, una situación muy similar se vivió entre las elecciones generales de abril y noviembre de 2019 y ello no impidió que Hacienda ensanchara en más de 14.000 millones el gasto presupuestario previsto.

ABC ha consultado con varios altos funcionarios que han ostentado responsabilidades de gestión presupuestaria en el Estado y todos coinciden en que un cambio tan repentino en la autorización de modificaciones, ampliaciones, suplementos de crédito o incorporación de remanentes suele responder a un cambio en la estrategia presupuestaria.

«Estos cambios no se anuncian, ni se regulan, se sustancian con órdenes internas. En la gran crisis financiera se aprobaron acuerdos de no disponibilidad de créditos presupuestarios con luz y taquígrafos, pero era por exigencia de la Comisión que no se fiaba de los compromisos de los estados. En condiciones normales los 'cierres presupuestarios' se hacen con órdenes internas», asegura una de estas fuentes.

Hacienda dispone de múltiples palancas para reconducir el gasto sin hacer ruido cuando es necesario. La más habitual es la no ejecución de partidas presupuestarias. El equipo de Montero no ha llegado a ese punto a juzgar por los datos de ejecución hasta noviembre, muy similares a los de 2022, pero sí parece haber adoptado una posición menos generosa a la hora de autorizar gastos no previstos a la luz de los datos difundidos por la IGAE.

Hay, además, una serie de circunstancias que han podido facilitar esta tarea. Una es la situación de interinidad en que ha estado el Gobierno durante los últimos meses, que le proporciona una coartada perfecta para no dar trámite a peticiones de gastos extra. Otra es el compromiso adquirido con Bruselas en el Plan Presupuestario para adelantar la reducción del déficit al 3% del PIB, lo que obligará a un esfuerzo de contención que no ha existido en los últimos cinco años.

Los 14.000 millones de gastos extra autorizados este año tienen además cierto truco, ya que el Gobierno decidió en una maniobra insólita no incorporar a las cuentas iniciales de 2023 el previsible impacto de la prórroga de las medidas aprobadas para atenuar el impacto de la espiral inflacionista, que se daba por segura con un IPC en el entorno del 6% como estaba al cierre de 2022.

A golpe de estas y otras decisiones, el agregado de la cuenta de gastos financieros y no financieros del Estado en 2023, que ya se preveía de 386.000 millones, una cifra récord, se ha disparado por primera vez por encima de los 400.000 millones. Cuando Sánchez llegó a La Moncloa, esa cuenta apenas superaba los 280.000 millones.

Varios profesionales del cuerpo de interventores del Estado, el que tiene encomendadas las tareas de control y fiscalización del gasto público, consultados para la elaboración de esta información reconocen a ABC que los desbordamientos del presupuesto registrados en los últimos años constituyen una anomalía, que se puede explicar en años como el de la pandemia pero no fuera de ese contexto.

«Tener desviaciones tan importantes respecto a lo que se prevé en los Presupuestos revela que se presupuesta muy mal y, probablemente, que se están incumpliendo las normas presupuestarias», señala una de las fuentes del colectivo consultadas.

La Autoridad Fiscal (Airef), el organismo de control que Bruselas obligó a crear a España para disponer de una fiscalización independiente y profesional de las cuentas públicas, ha cuestionado más de una vez la falta de rigor de las cifras incluidas en los proyectos presupuestarios del Gobierno, así como su excesiva relajación a la hora de afrontar el proceso de consolidación fiscal que ahora no tiene más remedio que afrontar.