El Gobierno transferirá a su gran entidad pública industrial 2.930 millones de fondos UE para la gestión de los Perte

Sepides, como describe el Ejecutivo, es un grupo empresarial perteneciente a la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda. Tiene más de 100 años de historia y se dedica a promover «el desarrollo económico y medioambiental, el fomento de creación de empleo y la mejora de la competitividad de la empresa española». Recientemente el Gobierno ha transferido la entidad desde Hacienda al Ministerio de Industria y Turismo, quedando bajo el mando de Jordi Hereu.

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En el documento acordado entre España y Bruselas se recoge que se harán cambios legislativos para que Sepides adopte la forma de empresa pública; más concretamente, el propio Hereu anunció hace un mes que se transformaría en entidad estatal empresarial. El objetivo es convertir a Sepides en una gran entidad pública industrial.

Es por ello que en el documento se recogen una serie de transferencias a esta firma, que se encargará de las nuevas convocatorias de los Pertes industriales recogidas en la adenda. Los Pertes son los llamados proyectos estratégicos de España a financiar con fondos europeos.

En esta revisión realizada del plan de recuperación, el Gobierno dota a Sepides de un papel fundamental de aquí a 2026. Por una parte, se establece una transferencia de 250 millones de euros a la entidad pública para subvenciones del vehículo eléctrico, y otros 1.200 millones para préstamos para esa misma materia. Por otra parte, se le dota de 430 millones para subvenciones para la descarbonización de la industria, y otros 1.050 millones para préstamos para la misma materia. Todo ello en el marco de los respectivos Perte.

Con estos recursos, que también financiarán el llamado Fondo de Seguridad y Resiliencia, Sepides se encargará de canalizar las inversiones de estos proyectos estratégicos en apoyo o estímulo de la iniciativa privada y también le habilitarán para entrar de forma directa en el capital de compañías del sector industrial, aunque en principio únicamente como socio capitalista y sin intención de ejercer derechos políticos, sobre el papel.

El acuerdo del Gobierno de España con la Comisión Europea para una «revisión específica del Plan de Recuperación», según la terminología con la que Bruselas lo ha anunciado este martes, incluye también, como ya anticiparon el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, y el comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, durante su encuentro en Madrid de hace unas semanas, la reconfiguración «técnica» de un puñado de hitos y objetivos en los que se habían detectado ciertos problemas de medición.

En su día el ministro Cuerpo había deslizado que se trataba de aspectos en que había un diagnóstico común sobre la dificultad de medirlos según los parámetros acordados inicialmente y en los que era conveniente actuar para establecer otros más viables.

El texto de la enmienda acordada con Bruselas al Plan de Recuperación español ni es tan condescendiente ni apunta a un diagnóstico compartido de la situación. «España ha explicado que en siete medidas no ha sido posible acreditar el cumplimiento de los 15 hitos y objetivos marcados porque el procedimiento interno español no ha proporcionado evidencias inequívocas que permitan verificar de manera explícita el cumplimiento satisfactorio de los respectivos hitos y objetivos», dice textualmente el documento. La Comisión sí admite, no obstante, que los cambios introducidos permiten verificar su cumplimiento, sin modificar ni los objetivos ni la naturaleza de las medidas acordadas.

Los cambios introducidos modifican objetivos concretos de inversión, en euros contantes y sonantes, por contratos adjudicados, de modo que, por ejemplo, el compromiso español de impulsar la nueva movilidad con el despliegue de carriles bici, aparcamientos disuasorios o rutas a pie en los centros de las ciudades pasa de medirse por la inversión a realizar, de 105 millones de euros, por el número de contratos a adjudicar, 35, un desafío más sencillo de alcanzar y mucho menos concreto.

El Gobierno de España ha logrado acuerdos similares con Bruselas para que el cumplimiento de las inversiones vinculadas con el desarrollo de los corredores ferroviarios Atlántico y Mediterráneo no se mida según la inversión a comprometer, que era de 1.400 millones, sino por los contratos a adjudicar, que quedan fijados en 144; o lo mismo sucede con las inversiones en la red de Cercanías, un hito en el que el objetivo original era invertir 1.619 millones de euros y ahora será adjudicar 288 contratos con actuaciones en ese campo.