El Gobierno regula un atajo para no perder 3.000 millones de los Perte si no los asigna a tiempo

La pieza clave de la maniobra será Sepides, una filial de la Sepi tradicionalmente dedicada al desarrollo de parques empresariales y operaciones inmobiliarias, a la que el Consejo de Ministros decidió hace menos de un mes cambiar su régimen jurídico y su objeto social para, por una parte, transformarla en una entidad pública empresarial (EPE) y permitirle así gestionar fondos del Estado; y, por otra, ensanchar sus funciones y encomendarle el desarrollo y la promoción de los objetivos de la Estrategia Española de Impulso Industrial 2030.

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En realidad el movimiento ya había sido anunciado meses atrás por el ministro de Industria, Jordi Hereu, y fue uno de los cambios que el Gobierno negoció con la Comisión en la adenda. Entonces se vendió como una reforma para convertir a Sepides en la gran entidad pública industrial del Estado y se avanzó que se le transferirían 2.930 millones de los Perte de automoción y descarbonización a lo largo de 2025.

En la nota posterior al Consejo de Ministros del pasado 10 de diciembre se atribuía esta transformación «a la necesidad de adaptar las estructuras públicas a los retos de la nueva política industrial europea y española» y al objetivo de dotar al Ministerio de Industria y Turismo de un instrumento de apoyo «en la ejecución de las políticas industriales», y se destacaba también que tras este paso «Sepides E.P.E. podrá realizar actuaciones públicas de mayor envergadura, como la concesión de subvenciones en el marco de los Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) con mayor agilidad y eficacia«.

¿A qué se refiere esto último de conceder subvenciones «con mayor agilidad y eficacia»? El Plan de Subvenciones del Ministerio de Industria para el periodo 2025-2027 da alguna pista más del objeto de esta transformación.

Porque parece tener relación directa con dos factores que van a condicionar la política de subvenciones y gestión presupuestaria en los próximos meses: las indisimulables dificultades del Gobierno para mantener el ritmo de ejecución de fondos europeos necesario para darles salida a todos los disponibles y la cercanía del 31 de agosto de 2026, la fecha tope marcada por la Comisión Europea para asignar la totalidad de los fondos recibidos por los países en el que pasa por ser el primer gran fondo de inversión comunitario financiado por deuda europea.

El Plan de Subvenciones del Ministerio de Industria expone de forma clara que «dado que en virtud de la legislación comunitaria deben haberse alcanzado los hitos y objetivos finales del Plan de Recuperación, tanto de los proyectos de inversión como de las reformas, el 31 de agosto de 2026, se ha estimado necesario que la ejecución se realice fuera del ámbito administrativo, tal y como es el caso de una entidad pública empresarial«.

El motivo es que, como se admite también en el documento ministerial, «la Comisión Europea ha interpretado que se entenderá ejecutada la inversión en el momento en el que se hayan transferido los fondos a dicha entidad (Sepides, en este caso), permitiendo alargar la ejecución de los proyectos más allá de la fecha anteriormente mencionada«.

En otras palabras, que la mera transmisión de los fondos concedidos por Europa para los Perte vinculados sector industrial desde el Presupuesto del Estado a Sepides permitirá al Gobierno justificar ante los funcionarios de la Comisión Europea la ejecución de los mismos, por mucho que ese formalismo no implique la aplicación efectiva de esos recursos a los proyectos estratégicos en sí.

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Para el economista Santiago Sánchez la medida no es más que una treta para «prologar la vida de los Perte más allá de la fecha límite sin tener que dar explicaciones inmediatas sobre la eficacia real o el uso final de los recursos» recibidos desde Europa e implica «una cortina de humo« para evitar informar con transparencia de la ejecución de los fondos.

Sánchez, que realiza funciones de asesoría para el Grupo Popular en el Congreso, observa la transformación de Sepides como una maniobra para enmascarar los problemas de ejecución de los fondos del Plan de Recuperación que atestiguan las cifras oficial de la Intervención General del Estado del Ministerio de Hacienda. «En lugar de afrontar los errores de diseño de los Perte y los problemas reales que impiden una gestión ágil y transparente de los fondos europeos, el Gobierno pretende resolverlos transfiriendo 3.000 millones de euros sin ejecutar a Sepides», critica.

De telón de fondo, la realidad de las dificultades que está teniendo el Gobierno para ejecutar el flujo sin precedentes de recursos que ha puesto el Plan de Recuperación y el horizonte de tener que asignar más de 130.000 millones de euros entre préstamos y subvenciones directas en los próximo 18 meses para no dejar escapar una parte de los recursos que Bruselas asignó al Reino de España para salir de la crisis pandémica.

En su última comparecencia parlamentaria, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dijo que de los 79.900 millones de euros en transferencias directas que España tiene asignados ya se habrían resuelto y asignado 44.000 millones, un 60% del total. La foto que ofrecen los datos oficiales del Ministerio de Hacienda sobre el ritmo de ejecución de este año es bien distinta.

Para empezar, los 24.835 millones de euros de fondos del Plan de Recuperación consignados en los presupuestos prorrogados, se ampliaron a 34.134 millones de euros, básicamente por la no ejecución de una parte importante de los fondos europeos que se habían presupuestado para 2023.

Entre enero y noviembre, a solo un mes de cerrar el año, el Gobierno apenas había autorizado el uso de 19.764 millones, menos de un 60% del total; el volumen total de recursos convocados ascendía a 16.752 millones, lo que no llega siquiera al 50% de los disponibles; y los efectivamente asignados a sus destinatarios finales fue de 11.822 millones, solo una tercera parte de los disponibles, a un ritmo de poco más de 1.000 millones de euros al mes, totalmente insuficiente para ejecutar los fondos pendientes.

El problema con la ejecución de recursos presupuestarios, no solo de los fondos europeos del Plan de Recuperación, es particularmente acusado en el Ministerio de Industria que según datos a los que ha tenido acceso ABC ha dejado sin ejecutar más de 25.000 millones de euros que tenía asignados en los Presupuestos desde 2019.

A los problemas de ejecución se unen las dificultades del Gobierno para cumplir los hitos a los que se comprometió con Bruselas para recibir los fondos del Plan de Recuperación. Bruselas ya le recortó 158 millones de euros del cuarto desembolso tras un año de retraso por la incapacidad del Gobierno para cumplir todos los hitos a los que se había comprometido para ese pago y Economía no ha podido solicitar por motivos similares el quinto desembolso hasta hace apenas quince días, también con casi un año de retraso respecto a la fecha prevista.