La IGAE desvela un parón preocupante en el uso de los fondos europeos: solo se han adjudicado el 5% de los 35.000 millones previstos

Los últimos datos de ejecución proporcionados este martes por la Intervención General del Estado (IGAE) del Ministerio de Hacienda muestran un desplome insólito en la ejecución de los fondos europeos justo cuando parecía haberse alcanzado una velocidad de crucero razonable en su ejecución.

Del ritmo de ejecución de algo más de 2.000 millones de euros mensuales en convocatorias del que el Gobierno presumía en 2023, se ha pasado a un ritmo de menos de 1.000 millones al mes, con el que se necesitarían tres años para agotar los fondos presupuestados solo para este año. España no dispone de tanto tiempo ya que en agosto de 2026 todos los recursos han de estar asignados de manera efectiva.

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Bruno Pérez

En un contexto marcado por las dificultades del Gobierno para desbloquear los 10.000 millones de euros correspondientes al cuarto desembolso de los fondos, algo que no consiguió hasta hace apenas unas semanas y que ha retrasado meses la recepción efectiva de esa financiación, el nivel de ejecución de los fondos europeos en el inicio del año ha regresado a los pobres registros de los primeros meses de activación del mecanismo, que alentaron un animado debate en torno a la capacidad de las administraciones de gestionar semejante flujo de recursos.

En los cinco primeros meses del año, el Gobierno no ha sido capaz de adjudicar a sus beneficiarios últimos más que 1.662 millones de euros de los 35.673 millones de euros disponibles según los créditos presupuestarios de los presupuestos prorrogados, apenas un 4,6% del total, cuando ya ha volado la mitad del ejercicio. Esa pobre aplicación de recursos no es más que el reflejo de los bajas tasas de fondos movilizados, que ascienden a 5.531 millones de euros cuando el año pasado por estas fechas rondaban los 10.000 millones; y de fondos autorizados para su uso, que no llegan a 10.000 cuando el año pasado superaban los 15.000 millones.

En los primeros cinco meses la contribución concreta y efectiva de los fondos europeos a la economía productiva ha sido de 894 millones de euros, según los datos difundidos este martes por la IGAE. A la misma altura del año pasado, los pagos efectivos a los beneficiarios de los fondos sin constituir tampoco una cifra elevadísima ascendieron a 2.870 millones y en 2022, con el Plan de Recuperación desplegándose aún dificultad, los pagos superaban los 2.000 millones de euros, lo que permite hacerse una idea del parón experimentado en el arranque de este año.

La información sobre ejecución presupuestaria difundida por la Intervención General del Estado revela también la aportación extra de 300 millones de euros realizada desde los Presupuestos del Estado a la SEPI para completar la adquisición del paquete accionarial del 10% en Telefónica hasta completar la inversión de 2.300 millones que ha tenido que realizar el Estado para adquirir la posición estratégica que pretendía en la compañía de telecomunicaciones.

La cuantía de la aportación sugiere también que al menos en principio la idea del Gobierno es quedarse en esa participación y no ir más allá en su toma de posición en la mayor teleco del país, que requeriría además de un nuevo mandato del Consejo de Ministros a la SEPI para elevar su peso en el accionariado.