El Gobierno da 25 millones a SEPES para comprar viviendas y alquilarlas a los afectados por la DANA
Los inmuebles adquiridos permanecerán bajo la titularidad pública del Estado y serán destinados al alquiler social y asequible cuando ya no sirvan para este fin
Estas son todas las medidas presentadas por el Gobierno como respuesta a los efectos de la DANA
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El Gobierno transferirá 25 millones de euros a la entidad propietaria de los Suelos del Estado Sepes para comprar viviendas y alquilarlas a las familias afectadas por la DANA, tal y como ha aprobado el Consejo de Ministros este lunes dentro del real decreto que recoge las ayudas a hogares y las medidas para la reconstrucción de la zona siniestrada por el desastre natural. Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, los inmuebles serán arrendados por el propio ente perteneciente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, quien concederá el periodo de carencia «suficiente» para que las víctimas que han perdido su casa o han sufrido daños graves en la misma durante el fenómeno atmosférico puedan abonar el primer pago.
Los afectados que quieran acceder a estos alquileres, que previsiblemente contarán con precios por debajo de mercado, deberán ser residentes en las zonas afectadas por la DANA y acreditar que la vivienda siniestrada constituía su residencia habitual, ya sea a título de propietario (como persona física), usufrutuario o arrendatario de la vivienda. Asimismo también se tendrá en cuenta si la persona tiene condición de persona heredera o es cónyuge del titular fallecido «siempre que esta fuese su residencia habitual con anterioridad a la producción del siniestro». Las personas que sean propietarios de otra vivienda en la provincia, salvo que las tengan arrendadas con anterioridad al siniestro, no podrán acceder a estos alquileres.
La idea del Gobierno es que estas viviendas acaben formando parte del parque de alquiler social y asequible, que el propio Ejecutivo trata de potenciar desde hace más de un año y por el que se ha propuesto llegar a 184.000 casas con este fin en los próximos años. En el real decreto se hace constar que las viviendas compradas que dejen de cumplir la finalidad de beneficiar a los afectados por el desastre, «permanecerán bajo la titularidad pública de SEPES para destinarlas a fines sociales mediante su alquiler social y asequible» o en su defecto, para el destino que determine el Ministerio de Viviemda, siempre que esté vinculado a fines sociales.
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El Gobierno dará a SEPES un plazo de un año para adquirir las viviendas. Los inmuebles adquiridos tendrán deberán estar en condiciones de ser ocupados con carácter «inmediato» por las personas afectadas o en un plazo «compatible con la urgencia de la necesidad a cubrir». Con el dinero se podrá financiar el 100% de la compra de cada vivienda, incluidos gastos e impuestos, así como las obras menores de adecuación que sean precisas.
Asimismo, el decreto también contempla reducir la burocracia para la obtención de suelos finalistas para construcción de vivienda sujeta a protección pública en las poblaciones afectados por la DANA. Para ello el Ministerio de Vivienda creará un grupo de trabajo con las administraciones competentes del suelo con el fin de reducir el papeleo necesario, y también se constituirá una comisión de coordinación instersectorial para la gestión unificada de la emisión de los informes que competan a la Administración General del Estado para aprobar los instrumentos urbanísticos necesarios para poder contar con esos suelos.
En este sentido, los ayuntamientos recibirán 10 millones de euros para que puedan actualizar sus instrumentos de planeamiento urbanístico.
Transportes podrá actuar en las obras
Para tratar de agilizar la reconstrucción de las carreteras afectadas, el real decreto aprobado hoy también autoriza al Ministerio de Transportes a realizar las actuaciones que se estimen «más adecuadas» para dar apoyo a las infraestructuras viarias afectadas por la DANA que sean de competencia autonómica local. El departamento de Óscar Puente podrá intervenir tanto en fase de planificación, como de proyecto y ejecución de las obras hasta finalizar las mismas, así como en la realización de expropiaciones si es preciso. Una vez completados los trabajos, las competencias recaerán sobre los entes locales quienes asumirán también su conservación y explotación.
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