El Gobierno se expone a otro varapalo del BCE por el impuestazo

Con el gravamen temporal aprobado a finales de 2022 el BCE ya se pronunció, en este caso a petición del propio Gobierno, que requirió la opinión del supervisor de manera voluntaria como un gesto de buena voluntad. En ese momento, la institución emitió un dictamen, firmado por Christine Lagarde, con la dureza esperada por el sector financiero. Sin embargo, de nada sirvió para persuadir a La Moncloa para dar marcha atrás y la medida acabó saliendo adelante en las Cortes.

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Lo que se aprobó entonces era una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, y tenía carácter temporal. Ahora lo que se plantea es ya directamente un impuesto sobre el negocio más puro de los bancos -el margen de intereses y las comisiones netas- y con una duración inicial de tres años, aunque podría alargarse a futuro.

El nuevo gravamen, tal como lo ha planteado el PSOE, incluye diversos cambios como es la progresividad -tipos del 1% al 6% en función del negocio-, la afectación a todo el sector bancario en España y ciertas deducciones mínimas relacionadas con el Impuesto sobre Sociedades y la rentabilidad sobre activos de cada banco.

Al tratarse de un nuevo impuesto en el que se incluyen cambios sustanciales en su configuración, el Gobierno se expone a que el BCE se vuelva a pronunciar al respecto. Fuentes financieras señalan que si no hubiera casi cambios en el gravamen, el supervisor no llegaría a entrar en la materia. Pero esto se trata de un nuevo impuesto que modifica en gran medida el detalle del gravamen temporal, lo que deja vía libre a que el BCE se decida a entrar.

Por una parte, el Ejecutivo de Sánchez puede volver a intentar tender la mano al supervisor y solicitar voluntariamente que emita un dictamen sobre la medida. Por otra, en caso de que no lo pida el Gobierno, el BCE tiene la capacidad 'motu proprio' de pronunciarse con su opinión oficial, como ha ocurrido en otros casos en Europa.

Pese a ello, para llegar a ese escenario en el que el BCE podría pronunciarse todavía falta algo de tiempo y se requiere que avance la tramitación parlamentaria para que se aclare de manera detallada cómo sería el texto final. En este sentido, por ejemplo, en el caso del gravamen temporal fue a mediados de verano de 2022 cuando el Gobierno anunció la imposición de un impuesto a los bancos, que después se concretó en una proposición de ley de PSOE y entonces Unidas Podemos. No fue hasta noviembre de ese año cuando el BCE emitió su dictamen y un mes después ya se aprobó definitivamente en las Cortes.

En el dictamen que emitió la organización a finales de 2022 sobre el gravamen temporal advirtió sobre el impacto en la concesión de crédito, la rentabilidad, la solvencia, la competencia y lanzó el aviso de que las entidades deben repercutir el impuesto, algo que prohibió el Ejecutivo.

La institución añadió que el gravamen pone en riesgo la efectividad de la política monetaria y dijo que la concesión de crédito estaba amenazada, un argumento idéntico al de los bancos. El BCE incidió en que una restricción del crédito y los servicios que se ofertan depararía un efecto negativo sobre el crecimiento económico. Es por ello que exigió al Gobierno de Sánchez «un análisis exhaustivo» sobre las consecuencias para la banca de este impuesto; especialmente en cuanto a su rentabilidad, solvencia y concesión de crédito.

«La base sobre la que se establecería el gravamen temporal no tiene en cuenta todo el ciclo económico y no comprende, entre otros, los gastos de explotación ni el coste del riesgo de crédito», proseguía.