Escrivá atará el fondo público de pensiones a sólo cinco días del 23J, pero aún no se podrán aportar ahorros

Concretamente, en este último empujón al reglamento, cuya elaboración ha sucedido a la aprobación de la propia Ley 12/2022 de 30 de junio de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, recogerá como novedad ciertos aspectos regulatorios sobre las inversiones y cuestiones de ciclo de vida de los ahorradores que permitirán adaptar la distribución de la cartera de inversiones en función del tiempo que queda para el retiro para tratar de sacar el máximo rendimiento al ahorro para la jubilación.

Pero, ¿la aprobación de este reglamento significa el último paso para poder iniciar las aportaciones a planes de empleo con destino a uno de los fondos de promoción pública? La respuesta es 'no'. Aun con todo el aquilatado de legal ya finiquitado, habrá que esperar para que las aportaciones y las inversiones de los ahorros sean una realidad. Al menos hasta finales de este año 2023, siendo aún más probable que se extienda hasta principios de 2024.

Dos cuestiones relevantes al margen del reglamento son las que retrasarán la puesta en marcha del fondo público de pensiones: la licitación de la gestión y custodia de depósitos a las entidades del sector privado que estén interesadas en administrar estos vehículos de ahorro complementarios y la plataforma digital única que servirá para congregar a entidades, empresas y ahorradores, donde se podrán realizar movilizaciones, cambios del nivel de aportaciones y consultar el estado de las inversiones y del dinero acumulado en el plan que servirá como complemento a la pensión pública.

En este sentido, la explicación para las prisas que el gabinete del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, estiba en la necesidad de dejar arreglado al menos el artefacto legal y jurídico que regirá los fondos de pensiones de promoción pública para cumplir con el compromiso adoptado con Bruselas, y con el mandato del Pacto de Toledo.

De entrada, la medida se sujeta a una de las recomendaciones realizadas por los partidos políticos en el marco de la comisión parlamentaria en cuestión. Concretamente, este refuerzo del ahorro privado por la vía del impulso de los planes de empleo (no los planes privados del tercer pilar) se inserta en la recomendación decimosexta. El Gobierno recogió el guante e incluyó este precepto en el componente 30 del Plan de Recuperación remitido a la Comisión Europea para habilitar la llegada de los fondos.

Lo cierto es que este paso de cerrar el reglamento no sería necesario para sortear el examen de Bruselas previsto para estas fechas, de cara a poder conceder el cuarto tramo de ayudas por valor de 10.000 millones de euros en el segundo semestre del año. En principio, este plácet estaría amarrado con la publicación en el BOE de la ley general. Si bien, la convocatoria de elecciones parece haber frenado por el momento la revisión detallada de las medidas aprobadas en las dos fases de la reforma del sistema público de pensiones. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, aseguraba en el pasado otoño que dicho examen se realizaría en primavera de 2023.

Sin embargo, fuentes oficiales confirman a ABC que se realizará el esfuerzo para que esta última arista del aparataje leal quede zanjada antes de las elecciones. De hecho, el Consejo de Ministros del pasado 6 de junio aprobó el acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios para la selección de entidades gestoras y depositarias de fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos en el marco del capítulo XI del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.

La Seguridad Social dejará así la norma prevista para su puesta en marcha, sea con el Gobierno que sea tras las elecciones del 23J. Y además, este último paso dará mayor cuerpo a este aspecto de la ley, cuyo desarrollo y activación son condición 'sine qua non' para superar ese examen de la Comisión.