Empresas y sindicatos negocian una ley obligatoria de teletrabajo para toda Europa

Aunque no han trascendido los detalles sobre los aspectos que se regularán, las entidades negociadoras ya señalaron en la presentación del calendario de negociaciones, que arrancaron hace ahora un año -y para las que se dieron plazo hasta 2024- que principalmente se revisarían los preceptos fijados en el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo alcanzado en 2002. Concretamente, son la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y las patronales BusinessEurope, SGI Europe y SMEunited, las entidades que estarían ultimando un contenido de mínimos que trasladar a los países con carácter de obligatoriedad.

Además, estas negociaciones también servirán para fijar unos criterios unificados sobre el derecho a la desconexión digital de los trabajadores. Según explican los agentes sociales de ámbito continental se trata de un acuerdo «ambicioso en sus objetivos» y aborda desafíos importantes para los trabajadores y los empleadores en la actualidad y que «pone de relieve el papel fundamental del diálogo social para hacer mercados laborales más productivos, competitivos y resilientes, más si cabe, en tiempos de crisis».

No obstante, el acuerdo también aspira a recoger elementos de consenso en otras áreas como 'transición verde' del empleo con acciones para garantizar financiación e inversión pública que contribuyan a la creación de puestos de trabajo de calidad y ayudar a empresas y trabajadores a adaptarse a los cambios; acciones para el empleo juvenil para facilitar su inserción en el mercado laboral, además de realizar un abordaje sobre las necesidades de competencias y sobre el problema de los desajustes y la escasez de personal cualificado para ocupar ciertos puestos de trabajo.

En este sentido, la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quiso poner en valor el diálogo social en Europa durante la primera reunión informal ministerial de Empleo y Políticas Sociales (Epsco) celebrada en Madrid ayer, en el encuentro que tiene lugar como parte del programa de la presidencia española del consejo de la Unión Europea, que ostentará hasta el próximo 31 de diciembre.

«Los trabajadores y trabajadoras, la transición tecnológica y energética tiene que estar en el mundo de trabajo», señaló la titular de Trabajo, subrayando el papel de España en la directiva de salarios mínimos en la Unión Europa, sobre la que aseguró que nace a partir de la directiva española y que, por primera vez, supone que nuestro país lidere la subida del salario mínimo en Europa.

Con todo, el contenido del acuerdo marco que se sustanció ahora hace más de dos décadas da ciertas pistas sobre los elementos que incluirá la directiva que podría nacer en los próximos meses en materia de teletrabajo si finalmente se logra amarrar un acuerdo entre patronal y sindicatos.

En ese marco de actuación se dio una definición de trabajo a distancia y se especificó ya de entrada el carácter de voluntariedad del mismo. También se concretó que el empleado en remoto debe tener exactamente las mismas condiciones de empleo, derechos garantizados por la legislación y los convenios colectivos aplicables que los trabajadores comparables que desempeñan su labor de forma presencial. «Los teletrabajadores tienen los mismos derechos colectivos que el resto de trabajadores de la empresa», señala.

Más allá de estos elementos generales, donde se realizarán mayores concreciones es en aspectos relacionados con protección de datos, donde en este momento se insta al empresario a responsabilizarse de las medidas que se imponen, «especialmente en lo que se refiere a software, para garantizar la seguridad de los datos utilizados y procesados por el teletrabajador para fines profesionales».

Además, ya en su momento y tal y como se ha planteado en la regulación española del trabajo a distancia, que como regla general el empresario está encargado de facilitar, instalar y mantener los equipamientos necesarios para el teletrabajo regular, salvo si el teletrabajador utiliza su propio equipo. «Si el teletrabajo se realiza regularmente, el empresario cubre los costos directamente originados por este trabajo, en particular los ligados a las comunicaciones», especifica el acuerdo marco.

También se incluirán en la directiva aspectos de vida privada, desconexión digital, salud y seguridad, organización y formación de los trabajadores.

Cabe recordar, no en vano, que de alcanzarse el acuerdo durante la presidencia española, será cuando menos metafórico ya que nuestro país está a la cola de la implantación de este modelo de trabajo en el tejido productivo. Según los últimos datos de Eurostat, la tasa de personas que teletrabajan en España, habitualmente o a veces, se situó en 2021 en el 15,5%, lo que supone nueve puntos porcentuales por debajo del 24,4% de la media de la Unión Europea y, por ejemplo, 42,1 puntos porcentuales de distancia de Países Bajos, donde la tasa se encuentra en el 57,6%.