Yolanda Díaz prepara su artillería para encarecer el despido si gobierna Sánchez
La ministra de Trabajo, con apoyo sindical, plantea una extinción improcedente más cara, una fórmula de «despido reparativo» en función de la situación del afectado
Empresas y abogados advierten del aumento de la inseguridad jurídica tras la cascada de reformas laborales del Gobierno
El 46% de los contratos de trabajo destruidos cada mes son fijos
La ministra de Trabajo ya traza su hoja de ruta para un próximo gobierno de Sánchez si logra salvar la investidura. El foco ahora está puesto en el coste del despido improcedente «muy barato» y con una indemnización «low cost», según las palabras de ... Yolanda Díaz. En 2021 cerró una reforma laboral con los agentes sociales que, en esencia, mantuvo el espíritu de la realizada por el PP, pero no tocó el despido, el caballo de batalla cuando estaba en la oposición. Ahora está decida a hacerlo y revertir así una de las medidas estrella de los cambios laborales que realizaron los populares.
El debate del despido llegó a la mesa del Ministerio de Trabajo de la mano de UGT y CC.OO. Ambos han llevado el caso español al Comité Europeo de Derechos Sociales por entender que el despido improcedente tiene una baja indemnización que no cumple con la Carta Social Europea suscrita por España en 2021. Tardó poco la vicepresidenta segunda en unirse a la batalla sindical y ya ha puesto sobre la mesa, por si gobierna, un nuevo concepto de despido «reparativo» o «restaurativo» dirigido a paliar lo que entiende como el daño causado a los afectados por una extinción improcedente. Su opción es aplicar indemnizaciones diferenciadas según la situación del afectado, dado que entiende que los perjuicios son también diferentes según los casos.
Tras la reforma laboral de 2012, la indemnización improcedente quedó en 33 días de salario por año trabajado, con el límite de 24 mensualidades. La cuantía fue rebajada por la reforma laboral del PP de 2012, cuando estaba situada en 45 días de salario por año con un máximo de 42 mensualidades. En aquella ocasión también se eliminó la obligación de que los empresarios pagaran los salarios dejados de percibir (salarios de tramitación) si optaban por no readmitir al trabajador y pagarle la indemnización.
Junto a ambas medidas la norma eliminó la autorización administrativa previa para los despidos colectivos, el primer paso que ha dado durante la pasada legislatura Díaz para volver a reformar el despido en España. A finales de 2022 una enmienda transaccional de EH Bildu con PSOE y Podemos a la Ley de Empleo permitió a la Inspección de Trabajo volver a controlar los ERE. La norma permite a los inspectores dar ya su opinión sobre la concurrencia de las causas especificadas por la empresa en la comunicación inicial del expediente lo que, en la práctica, supone recuperar la autorización administrativa previa en las extinciones que suprimió la reforma de 2012, teniendo en cuenta que la Inspección supervisa las causas de un ERE, su acreditación y adecuación a lo alegado por la compañía para acometer la extinción.
El siguiente paso está en el improcedente. Los sindicatos insisten en que el marco actual no respeta la legalidad europea sobre este tipo de extinciones, y exigen medidas que cumplan dos funciones: proteger y reparar adecuadamente a las personas trabajadoras y ejercer una función disuasoria sobre las empresas a este tipo de prácticas. Tesis suscritas por Díaz, que en varias ocasiones ha subrayado que el despido improcedente es una vulneración de la legalidad laboral y por tanto «no se puede consentir».
Una «anomalía» en Europa
Sostiene Díaz que «el despido debe reparar el daño causado, claro que debe ser así. No es lo mismo las condiciones de una persona próxima a la vejez que de una persona joven. O no es lo mismo las situaciones familiares que se tengan». ¿Qué requisitos se tendrían en cuanta si prosperan las ideas de la titular de Trabajo? Para la ministra el coste de la extinción debe ser «diferente en función del impacto que el despido pueda tener en las personas», teniendo en cuenta varios elementos posibles, entre los que ha mencionado la edad, la antigüedad y el género y las situaciones familiares. Cree, en definitiva, que España es una «anomalía» en Europa por tener una indemnización fija tasada.
La idea de su ministerio era que el despido fuera analizado en la reforma más amplia de la totalidad del Estatuto de los Trabajadores para adaptarlo «al siglo XXI». Pero la demanda presentada por los sindicatos mayoritarios ante el Comité Europeo de Derechos Sociales ha sido la ocasión para Díaz si prospera el Gobierno de Sánchez. Será una de sus primeras medidas. El órgano europeo al que han recurrido las centrales ha fallado ya en contra del sistema de Francia, Italia y Finlandia.
Mientras Yolanda Díaz se ha pronunciado sobre este «despido restaurativo» diferenciado según los casos, los sindicatos mayoritarios insisten, además de encarecer el despido improcedente, en recuperar la obligación de las empresas de pagar los salarios de tramitación, una medida que consideran que desalentaba a muchos empresarios a acordar despidos fuera de la ley. CC.OO. también planteó en su demanda en Europa otras medidas específicas, como «la posibilidad de que el órgano judicial pueda imponer la readmisión obligatoria como reparación adecuada en determinados casos de despido abusivo o fraudulento», «una cuantía mínima indemnizatoria que garantice una reparación adecuada de los trabajadores con contrato de muy corta duración» y «posibilitar el reconocimiento de una compensación por los daños sufridos que no se limite al pago de los 33 días» de indemnización.
Impacto sobre el empleo
Las fuentes empresariales consultadas por ABC temen que Díaz lleve a cabo sus planes. «Al margen del aumento de costes, puede suponer mayor inseguridad jurídica para las empresas, un obstáculo para la contratación y afectar al empleo», señalan. La CEOE ya ha puesto negro sobre blanco alegaciones a las denuncias de los sindicatos, en las que recuerda, según los textos a los que ha tenido acceso este medio, que en España «no existe la figura del despido sin causa» y que «la decisión de despido ha de estar siempre fundamentada en una causa objetiva o en un incumplimiento disciplinario del trabajador».
Argumenta la patronal que el «despido improcedente» no es arbitrario, es aquel en que no se consigue probar la causa alegada para despedir o dicha causa no se considera suficiente por el juez. Y recuerda que para la indemnización por despido, el legislador acude a un sistema de predeterminación de los daños, y de la cuantía de la indemnización, que actúa de manera objetiva y automática. En casos en los que la indemnización legal por despido pueda considerarse insuficiente para compensar los daños sufridos por el trabajador, cabe la fijación judicial de una indemnización adicional, con la sola exigencia de que el trabajador alegue en la demanda la existencia de dichos daños y justifique la cuantía de la reparación solicitada por ellos», apunta el texto.
Coste del despido en la OCDE
Por años de antigüedad en el contrato
por 4 años trabajados
Días de indemnización
por 20 años trabajados
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200
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Fuente: OCDE
ABC
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Por años de antigüedad en el contrato
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por 4 años trabajados
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Fuente: OCDE
ABC
Concluye la organización que preside Antonio Garamendi que estas reclamaciones «pretenden instrumentalizar al Comité Europeo de Derechos Sociales, para obtener ventajas al margen del proceso de diálogo social y de los correspondientes acuerdos». Lamenta la patronal que «flaco favor se haría al diálogo y a la concertación social, y, por tanto, al buen gobierno de las relaciones laborales en España, si el Comité se prestara a esa instrumentación».
De hecho, desde la organización empresarial expresan la preocupación por la unilateralidad posible de la decisión del futuro gobierno. Aseguran que pese a las soflamas públicas emitidas desde el Ministerio de Trabajo no se ha trasladado a los responsables empresariales la intención de abrir un diálogo para reforma el precepto del despido improcedente, y temen una decisión unilateral tan pronto como el Comité emita el dictamen, desfavorable, sobre la legislación española. El 'as' bajo la manga que usará el Ejecutivo al amparo de la institución europea para esquivar una negociación y avanzar hacia el anunciado «despido reparativo», que tendría en cuenta las condiciones individuales de cada trabajador (edad, situación familiar, capacidad de reinserción, etc.) y que abre la puerta a indemnizaciones más allá del dinero equivalente a los 33 días por año trabajado que rigen en este momento.
Los tiempos, difusos
De hecho, aunque las fuentes sindicales consultadas por ABC confían en una decisión inmediata del Comité a favor de su demanda, para finales de este año, no está claro que el resultado llegue tan pronto. En el marco de un foro jurídico-laboral celebrado recientemente, el magistrado de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Ignacio Moreno González-Aller, advertía de que la decisión podría llegar más bien para finales de 2024 o inicios de 2025. Si bien, en cualquier caso, el fallo parece predeterminado en contra de la legislación española, lo que forzará una reforma legal por parte del gobierno de turno. Más aún, si revalida el actual gabinete dirigido por Yolanda Díaz, ante la predisposición anunciada.
«Nos va a llegar una resolución de que no cumplimos, el Gobierno la va a asumir y las empresas van a tener que pagar más», advierte el magistrado asegurando que «hay que esta preparados» y que «sin un marco de estabilidad», las medidas tendrán repercusión en la economía y creación de empleo. Explica González-Aller que tras el dictamen habrá que fijar un baremo, como ocurrió con los accidentes de trabajo, y asegura que «sería bueno que empresarios y trabajadores lo negocien».
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Recuerda también que a pesar de que el fallo del Comité no es jurídicamente vinculante «la eficacia jurídica está en que se lo va a poner en bandeja al Gobierno». Más aún, cuando ya hay sentencias en España que han reconocido circunstancias adicionales a la indemnización de 33 días, como la emitida en enero de 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que elevó la indemnización por despido improcedente a 48 días de salario por año (con un máximo de 36 mensualidades) al considerar esta posibilidad por ser «insuficiente, exigua y sin efecto disuasorio para la empresa», con el objeto de «compensar los daños totales y perjuicios causados».
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