La construcción da la espalda al fondo público de pensiones de Escrivá

Cabe recordar que la ley además de articular un nuevo producto de ahorro -el plan de pensiones de empleo simplificado- y unos fondos de promoción pública y gestión privada para vehicular las inversiones de los ahorros, devolvía ciertos incentivos fiscales para las empresas que aporten a favor de los empleados, como deducciones en la cotización del trabajador a cargo de la empresa y desgravaciones fiscales en el impuesto de sociedades, además de las exenciones en el IRPF para los ahorradores.

Finalmente, el plan sectorial se articulará como plan de pensiones simplificado, con las ventajas fiscales y facilidades de adhesión que auguraba el Gobierno al aprobar la ley, pero no irá a uno de los fondos de promoción pública que, no obstante, aún no están operativos pese a que el compromiso del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, era tenerlos operativos ya a mediados de año.

De hecho, puede que esos fondos no vean la luz hasta comienzos del próximo año en tanto en cuanto aún se deben licitar las entidades privadas gestoras y depositarias. Y toda vez que aún faltaría la configuración de la plataforma digital común a través de la cual se podrá llevar un seguimiento del estados de las inversiones.

Ante la ausencia de esta opción fuentes del sector admiten que los ahorros de la construcción irán a parar a uno de los fondos privados que ya ofertan las entidades gestoras. Concretamente, esperan poder aportar a los planes de empleo ya en verano, una vez se haya cerrado definitivamente el reglamento propio del plan de pensiones de la construcción y se haya acordado entre la patronal y los sindicatos cuál será la entidad que gestionará los ahorros y se encargará de invertirlos.

Desde el sector aseguran que el plan auspiciado por el Gobierno es bueno en términos de dinamización de estos planes de empleo para trabajadores. Añaden que «no hay voracidad» en el Ejecutivo para captar ahorros hacia su fondo sino que este opera más como una opción para empresas o sectores con escasa capacidad operativa (como el caso de los autónomos, aunque ya el primer plan que se ha formalizado desde una de las asociaciones profesionales, ATA, sigue el mismo esquema de utilización del nuevo plan de empleo simplificado), pero también con destino a un fondo privado.

Reconocen las fuentes consultadas por ABC que el corsé impuesto para las inversiones y la elevada presencia gubernamental tanto en la Comisión de Control Específica como en la Comisión de Promoción y Seguimiento generan suspicacias y rechazo a la hora de ingresar los ahorros en estos fondos, donde las rentabilidades podrían tardar en llegar en base al destino de las inversiones, enfocadas principalmente en potenciar la economía verde y circular. «Las inversiones irán destinadas principalmente a la construcción», señalan fuentes cercanas a la negociación de este reglamento específico que estaría a punto de cerrarse.

Cabe recordar en este punto que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y los sindicatos CC.OO. y UGT cerraron en 2022 el nuevo convenio colectivo, con subidas salariales del 4% para 2022 y del 3% para 2023 y 2024. Si bien se estableció una horquilla en la que un 3,75% de este incremento -el 1,5% en 2022, el 1% en 2023 y el 1,25% para 2024- sería como aportación al plan de pensiones por parte de la empresa a favor del empleado.

Ahora, las fuentes consultadas señalan que también se está ultimando en este caso la implantación de una plataforma digital que permitirá a los trabajadores consultar el estado de sus ahorros y las rentabilidades generadas por las inversiones. Con todo, sobre el ritmo de adhesiones habría ya la confirmación de la entrada inmediata de algunas de las grandes empresas del sector y se espera que estas generen un efecto arrastre en el resto de pequeñas y medianas empresas para sumarse. Es más, al haberse acordado sectorialmente, las empresas que no deseen adscribirse al plan deberán descolgarse.