El Consejo de Estado afea a Escrivá las lagunas y las prisas con el fondo público de pensiones

La institución es especialmente con el ministerio capitaneado por José Luis Escrivá en el dictamen sobre el real decreto que se aprobarán en las próximas horas con la parte final del reglamento que permitirá la aprobación definitiva del postergado fondo público de pensiones. El instrumento de ahorro complementario para la jubilación está comprometido con Bruselas como una de las partes fundamentales del reforma del sistema de pensiones, cuya revisión y visto bueno por parte de los técnicos de la Comisión debería permitir la llegada de un nuevo tramo de ayudas de los fondos europeos, el cuarto, por valor de 10.000 millones de euros en este segundo semestre del año.

Es por ello que el Gobierno justifica el carácter de urgencia de sacar esta medida mediante real decreto y a pocas jornadas de celebrarse unos comicios que podrán cambiar diametralmente la composición del Ejecutivo. Sin embargo, el pisotón que ha pegado el Gobierno al acelerador legislativo podría generar, en última instancia, inseguridad jurídica en torno a las medidas que sean aprobada en este último compás de la legislatura. Sobre este último texto, el Consejo de Estado vierte un buen número de apreciaciones y consideraciones sobre el contenido del reglamento pero es espacialmente severo a la hora de mostrar los defectos de forma que advierte, podrían derivar en una incomprensión de la norma por parte de los agentes afectados y en un daño a las seguridad jurídica a la hora de su aplicación.

Concretamente, el dictamen del Consejo de Estado al que ha tenido acceso ABC señala un puñado de defectos de forma en la redacción del texto que va en detrimento de las garantías legales de la medida. «El real decreto proyectado no sigue un criterio uniforme ni coherente», apunta el veredicto señalando las incorrecciones en la ordenación y redacción del texto. Y advierte de que esta circunstancia «genera cierta confusión y no coadyuva a la claridad en la intelección de los preceptos ni en la determinación de los textos subsistentes», lo que «redunda en perjuicio de la seguridad jurídica».

Pero no queda ahí el rejonazo. Es tal el volumen de aspectos que se modifican en el reglamento de los fondos y planes de pensiones para poder introducir las especificidades de los nuevos instrumentos de promoción pública que el Consejo de Estado pone en duda la conveniencia de la medida en su conjunto y plantea la opción, mejor a su juicio, de haber elaborado un nuevo reglamento por completo. «Resulta sorprendente que se haya planteado la alternativa de aprobar un nuevo reglamento en lugar de acometer otra modificación parcial más».

De hecho, el Consejo de Estado pone de relieve la presteza con la que se está legislando esta parte de la reforma de pensiones que afecta al reglamento del fondo público advirtiendo del escaso tiempo que se ofrece a las partes afectadas para poner en marcha estos planes de empleo en las empresas. «Teniendo en cuenta las importantes modificaciones y exigencias que se introducirán con la aprobación del real decreto, que requerirán de una adaptación importante por parte de los destinatarios de las nuevas obligaciones, convendría sopesar la previsión de un plazo razonable de mayor duración para que puedan prepararse a tal efecto», señala el dictamen del Consejo de Estado.

Esta crítica a la celeridad con la que se ha redactado y elaborado el decreto y la memoria de impacto normativo por parte de los ministerios involucrados, tanto el de Seguridad Social como el de Economía, queda también plasmado en la carencia de información económica que aflora el órgano consultivo en su veredicto.

Aquí, el Consejo de Estado critica duramente al Gobierno por haber lanzado el decreto ley sin evaluar ni analizar el impacto económico de las medidas. Es más, lamenta profundamente que se haya ignorado la alegación realizada por los empresarios, especialmente de las pymes, sobre las complicaciones que entrañan los costes de las suscripciones de planes de pensiones de empleo por los costes administrativos que genera su implantación. «La memoria incluida en el expediente no recoge valoración alguna sobre el impacto económico de las medidas previstas en el proyecto», señala el documento al que ha accedido este medio.

Además, aclara el organismo que es errónea consideración que hace el Gobierno en la memoria de impacto normativo de que las medidas tendrán un impacto económico «nulo». Aunque pudiera no tener un coste para las arcas públicas y por lo tanto ser neutra en términos de presupuestarios, el Consejo de Estado advierte que sí tendrá una afectación económica sobre los agentes afectados. De hecho, el organismo trae a colación la hemeroteca en la que el gabinete dirigido por el ministro Escrivá viene reiterando el punto de partida de estos planes de empleo: en España sólo afectan al 10% de la población ocupada y al 1% de la masa salarial.

«Convendría que las anteriores cifras y datos económicos estuvieran actualizados en la memoria del proyecto para establecer una imagen cabal de la situación de partida sobre la que incidirán las nuevas medidas y así poder evaluar sus efectos», señala el organismo recomendando también proyectar el desempeño de la medida en base a diferentes escenarios económicos.

La última gran crítica que se lleva el Gobierno por la aprobación del fondo público es precisamente por su inconclusión pese a la aprobación de este real decreto con los detalles reglamentarios. La plataforma digital aún no estará en marcha tras la aprobación de este decreto. Y también faltará por completarse el trámite de adjudicación a las entidades gestora y depositaria. Sobre el primer elemento, la mención en el texto se ciña a asegurar que «se pondrá a disposición de sus usuarios de forma progresiva, a medida que se complete el desarrollo de estas». Por lo que sin este apartado, aún en el aire, sería complicado la consecución de los objetivos marcados en términos de implantación de estos planes.