Cercanías para Cataluña, la «madre de todos los traspasos»: vías, trenes e inversiones

Fuentes de ERC reconocen a ABC lo que en medios conocedores del sector se atreven a definir como un «traspaso envenenado», donde la previsión es que las incidencias prosigan hasta que en el plazo de unos años -una década se atreven a pronosticar los republicanos- comiencen a notarse las mejoras en las infraestructuras con las nuevas inversiones anunciadas. Con el traspaso completado, la ira de los usuarios ya no se dirigirá contra el Estado sino hacia plaza Sant Jaume.

Según ha avanzado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y confirma el texto del acuerdo entre ERC y el PSOE, va a crearse una nueva empresa pública con el nombre de Rodalies Cataluña participada por el Gobierno y la Generalitat de forma paritaria, si bien el Govern se reserva el nombre del presidente, que tendrá voto de calidad. Por contra, aquellos acuerdos que la nueva sociedad considere «estratégicos», deberán adoptarse con una mayoría cualificada. De este modo, el Estado se reserva capacidad de bloqueo en las decisiones, aún sin aclarar, que se consideren estratégicas.

En 2011 la Generalitat asumió la gestión -puede determinar frecuencias, por ejemplo-, pero siempre se ha visto limitada por la capacidad de las líneas y el hecho de que Renfe es de facto el único operador viable. Siempre se ha defendido desde el Govern que el traspaso de 2011, «sin vías, sin catenarias, sin trenes y sin personal», fue una transferencia incompleta, hasta el punto de que el que fue en su momento vicepresidente Jordi Puigneró lo definió como un «traspaso de chichinabo».

En el horizonte, la inminente liberalización del transporte público de pasajeros -como ya sucede con la alta velocidad- y la posibilidad de que otros operadores al margen de Renfe puedan optar al mismo, empezando por la empresa pública catalana Ferrocarrils de la Generalitat, que de hecho se ocupará de prestar el servicio de la futura línea entre la estación de Sants y el Aeropuerto de El Prat, así como del modesto, en comparación, núcleo de Rodalies de Lérida.

Con el traspaso que se ha conocido hoy, la Generalitat asumiría también la titularidad de la infraestructura, es decir, vías y estaciones, ahora de propiedad estatal y administradas por Adif. Por el momento, el traspaso solo afecta a aquellas infraestructuas en las que los servicios prestados sean de forma exclusiva de titularidad de la Generalitat. Es decir, quedan excluidos los corredores compartidos por Cercanías con Regionales o mercancías, si bien el acuerdo se abre a discutir si en un futuro estos tramos se pueden también traspasar.

A la vez, se aseguran las inversiones -sin cuantificar- tanto para el funcionamiento ordinario del servicio (del mismo modo que es el Gobierno el que financia el cuerpo de Mossos) como para el mantenimiento de la infraestructura.

Lo que queda claro es que se trata de un traspaso no menor. Renfe destina al servicio de Rodalies 270 trenes y está previsto que lleguen 101 nuevos convoyes (56 son para sustituir las unidades más viejas y 45 para incrementar servicios), con 200 estaciones y 108 millones de pasajeros al año. Capítulo aparte atañe a los 1.400 trabajadores de Renfe ahora en las Cercanías catalanas, así como los de Adif, que ya han mostrado su inquietud a ser «traspasados» ante la hipotética pérdida de derechos que ello podría implicar. De inmediato, CC.OO y UGT han exigido disponer de la máxima información.

En paralelo, desde el Gobierno se saca pechos obre su esfuerzo en poner al día la infraestructura de las Cercanías catalanas, presumiendo de récord de en la licitación de contratos. En concreto, hasta agosto, asegura el Ministerio de Transportes, hasta el mes de agosto «el volumen de licitaciones ascendió a 1.983 millones de euros (un 49,42% de las previstas sobre el presupuesto 2022-2025)«, a la vez que se han adjudicado actuaciones por 2.356 millones (el 45,46% de las previstas en el periodo 2022-2025).