La batalla del SMI revela el giro del Gobierno hacia un mayor rigor fiscal

El área económica del Gobierno no muestra inquietud respecto a una posible desviación de ese objetivo, pero el inédito encadenamiento de decisiones guiadas por la contención fiscal acumuladas en este arranque de año han alentado una creciente preocupación sobre el estado de las cuentas.

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La controvertida decisión de someter por primera vez a tributación por IRPF a los perceptores del salario mínimo, una maniobra que puede dejar en la caja del Estado unos 150 millones de euros extra en retenciones y ahorrarle cientos de millones de euros más por la no reducción de las bases imponibles de los contribuyentes de menor renta, ha sido el último jalón de una tendencia cada vez más perceptible y que tiene como principales damnificadas a las comunidades autónomas.

«Nos están llevando a una situación de asfixia financiera», se lamentaba hace unos días la consejera de Hacienda valenciana, Ruth Merino, en una entrevista con ABC. Se refería entre otras cosas a la tacañería del Gobierno con las entregas a cuenta de los recursos de 2025 del sistema de financiación.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cargado contra el PP por no respaldar un decreto que mejoraba un 0,7% las transferencias mensuales que reciben las CC.AA. respecto al año pasado (unos 60 millones mensuales en total a repartir entre todas) cuando se había comprometido una subida del 9,5% (lo que hubiera supuesto 1.000 millones al mes). El enredo creado con el decreto ómnibus hará que en tanto no se resuelva el asunto las autonomías tengan que tirar hacia adelante con los mismos recursos que recibieron en 2023 con un perjuicio mensual conjunto para las arcas de los gobiernos autonómicos de cerca de 2.000 millones de euros, que por contra el Estado se quedará en caja.

Desde la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid se ha alertado de que esta situación pone en un serio compromiso la prestación de los servicios públicos. El escenario es mucho más grave en el caso de la Comunidad Valenciana, una región ya infrafinanciada que en un momento en que tiene que hacer un esfuerzo para paliar las consecuencias de la DANA se encuentra con su principal fuente de recursos fiscales -las transferencias del Estado por el sistema de financiación- minimizada y sin la certeza de que contará con el salvavidas financiero del extraFLA, que permite a las autonomías con una situación más frágil financiar sus desviaciones de déficit con dinero barato del Estado.

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Cada mes que no se resuelve este embrollo cerca de 2.000 millones de euros que deberían ir a la caja de las comunidades autónomas se quedan en las arcas del Estado.

La resistencia de Hacienda a prever las entregas a cuenta comprometidas en tanto no haya un cada vez más improbable proyecto de Presupuestos del Estado, la maniobra del SMI y otros episodios acaecidos en enero como la suspensión «por problemas de gestión» del pago del Ingreso Mínimo Vital a miles de usuarios han disparado la rumorología respecto a que el Estado pudiera estar atravesando dificultades para afrontar los pagos comprometidos en enero, algo que se rechaza de forma taxativa desde el Gobierno y que fuentes no oficiales de la Intervención del Estado tampoco ven probable.

Aún así los indicios de que una nueva etapa de prudencia financiera se ha abierto se acumulan. En un contexto de reducción de la deuda y el déficit el Tesoro ha decidido elevar sus emisiones netas de deuda en 2025 tras cuatro años de reducciones. ¿La explicación? «Tener un colchón financiero suficiente para afrontar la incertidumbre».